No hay debate político sobre empleo, justicia, sanidad, educación, seguridad, transporte, o cualquier otro servicio público; que la presidenta Aguirre, no responda que la culpa del problema la tienen los sindicatos. Según ella, las organizaciones sindicales priorizan y defienden los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores sobre la función de los liberados sindicales. Una cortina de humo para ocultar la verdadera razón que impregna la ideología neoconservadora que practica el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Este conflicto permanente que ella introduce, provoca que la concertación social en la CAM, brille por su ausencia. Con las graves consecuencias que ello tiene para la creación de empleo.
Además, últimamente está colérica, debido a que el Defensor del Pueblo, ha admitido a trámite la queja de CCOO y UGT por el Área Única Sanitaria en la Comunidad de Madrid.
Es sabido que los dictámenes del Defensor, no son de obligado cumplimiento pero las recomendaciones que hace en sus informes tienen el precedente de ser tenidos en cuenta. Entonces, la pregunta es: si después de analizar los argumentos cargados de razón que exponen los sindicatos el Defensor se pronuncia recomendando lo contrario a la Ley, qué pasará.
Si analizamos los motivos se puede comprender que hay caso:
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha admitido a trámite y estudio la queja formulada por CCOO y UGT de Madrid sobre la Ley de Libre Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, ya que quiebra la Ley General de Sanidad al crear un área sanitaria única para más de seis millones de personas -suprimiendo las 11 Áreas de Salud actuales-, cuando en la normativa estatal se establece que estos apartados no pueden superar los 250.000 habitantes.
Los sindicatos no cuestionan el derecho a la libre elección, lo que sí cuestionan es lo que realmente pretende esa Ley la imposición de un nuevo modelo que pone en riesgo el ejercicio del derecho sanitario de los madrileños.