Retrocedemos 30 años

Falta poco para que finalice 2013. Año que yo considero como asfixiante para la sociedad española. El Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy, ha ido implantando leyes y medidas que nos hacen retroceder 25 años en nuestra historia.

Paso a paso hemos perdido derechos laborales, nos aplican subida de impuestos, nos recortan servicios en Sanidad, Educación, Pensiones, Justica, y no contestos con ello, ahora le meten mano a las `libertades´.

La Ley `Mordaza´ sobre Seguridad Ciudadana viene a controlar todas las consecuencias que genera tanto atropello anteriormente descrito. Pero todavía avanzan más en la línea represiva que tienen diseñada. Y, así, conocemos la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que de voluntaria no tiene más que el título, debido a que si la mujer no es violada y denuncia el acto, ella en España no tiene posibilidad de tomar la decisión que considere más conveniente para su persona.

Luego tenemos el segundo supuesto `malformación del feto´. Aquí todavía someta más a la mujer al calvario de tener que pasar por la revisión e informe de dos profesionales independientes y que el veredicto coincida en el pronóstico: “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer”.

Esta Ley, si finalmente se aprueba así por los representantes del pueblo en el Congreso provoca tantas lagunas e injusticias que sólo las mujeres con poder adquisitivo van a poder disponer de su voluntad cuándo y cómo lo consideren conveniente. A bote pronto me sale una pregunta ¿Quién selecciona a los médicos independientes y quién paga los informes?

También tenemos los demás casos de embarazos no deseados que no han sido producto de violación ¿Las obligaran a las mujeres a tener que poner falsas denuncias?

Sinceramente considero que esta desmesura del contenido de la Ley, no puede ser aprobada. Para evitarlo las mujeres del parlamento español con independencia de la ideología política tienen que votar en contra. No pueden doblegar a todas sus semejantes de género a tener que someterse al capricho de una legislación antediluviana del ministro de Justicia. Menuda Justicia nos está dejando el santo de Gallardón.

Pero cuidado, el pensamiento me lleva a considerar que todavía existen derechos conseguidos y que afectan a grupos de personas que el anterior Gobierno Socialista ha proporcionado igualdad de trato y derechos. Mucho me temo que los próximos en acorralar serán los grupos de homosexuales y lesbianas. Recordemos que a la Iglesia Católica no le gusta el matrimonio Civil entre iguales.

Esta horrible situación que vivimos en España, sólo se arregla con unas elecciones anticipadas.

Posición contraria al Proyecto de Ley

Alcaldes/as de toda España se ha dado cita en el pabellón deportivo de la ONCE en Madrid, para dar a conocer su opinión sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. COALICIÓN CANARIA, COMPROMÍS, CHUNTA ARAGONESISTA, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES LOCALES MENORES, INICIATIVA PER CATALUNYA, CIU, IU, PSOE.

DECLARAN:

Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional.

Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.

Denunciamos pues o estamos en contra de:

1. La vulneración del principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local.

El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.

2. La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes CCAA. La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.

3. La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se fundamenta.

El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público.

4. Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora modificaciones substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de la ley de haciendas locales con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades que les encomienda.

Declaración íntegra de Alcaldes/as.

El 82% de los concejales no cobrará

El Gobierno de Mariano Rajoy, a través del ministro de Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, ha presentado el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El titular de Administraciones Públicas entre otras cuestiones también ha resaltado que se limitará el número de concejales con dedicación exclusiva. De los 68.285 existentes en España, tendrán dedicación exclusiva 12.188, lo que significa que "el 82% de los concejales desarrollarán su actividad política sin cobrar".

Los siguientes gráficos describen el proceso que se aplicará:

Se reduce a 6.489 el número total de asesores en España. La limitación de personal eventual, desde la entrada en vigor de la ley, seguirá los siguientes límites y normas:

Los Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos, según criterios de población.

Lectura rápida e inmediata del anteproyecto:

A partir de la entrada en vigor de la Ley, se deduce que en las corporaciones locales si determinado grupo político consigue el Gobierno de la ciudad, sus concejales podrán seguir viviendo de las retribuciones económicas asignadas en la Ley. Si para formar Gobierno se necesita alianzas con otros grupos, el número de concejales liberados serán repartidos proporcionalmente hasta el límite establecido.

Los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos. Sólo los concejales que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial cobrarán dietas de asistencia a sesiones de órganos colegiados.

Se puede concluir, que si decides trabajar en la actividad pública al servicio de la ciudadanía deberás tener tus necesidades básicas de vida cubiertas, de lo contrario, a partir de la entrada en vigor de la Ley, no hay garantías de que puedas dedicarte a la política sólo y exclusivamente.

Otra consecuencia inmediata será la disputa en el seno de los partidos, cuya salvedad obligara a tener mayor democracia interna y a la elección de representantes en listas abiertas.

Convivencia y ciudadanía

Circunstancias personales hacen que adelante los días de asueto que la mayoría de la sociedad reserva para los meses de julio y agosto. Bien es verdad que somos cada año más las personas que visitamos la costa en el mes de junio.

Es sabido que en este mes, la luz solar se alarga y por tanto, los días parecen más longevos. Así, pensando en el apartado de lectura puedes llevarte aquel documento que acabas de recibir.
En este caso: Ordenanza General Reguladora de la Convivencia Ciudadana en el Municipio de Getafe.
No pensaba que al volver me convocaran a un debate sobre las aportaciones que los colectivos ciudadanos podemos hacer sobre la misma. La reciente lectura me hace tener fresco su contenido. A pesar de ello, la concejala del ramo Carmen Duque, hace una exposición detallada de los distintos capítulos y artículos para entrar en materia.

Quiero decir en honor de la verdad que la mencionada Ordenanza, cuando se presenta a los medios de comunicación suscita algunos comentarios jocosos que luego leído su contenido no tiene parecido. Además, se adjunta una carta aclaratoria donde se dice retirar de su contenido el punto 5 del artículo 14. Es decir, nos emplazamos todos a mantener unas normas de urbanidad de respeto mutuo entre gobernantes y ciudadanos/as, sin necesidad de regulación.
En general su redactado se percibe como un documento bien trabajado y así lo expresamos. De las distintas aportaciones se desprende que SÍ debe existir en Getafe una Ordenanza que regule las normas de Convivencia. Aunque toda Ley es mejorable y para ello, tenemos hasta el día 7 de julio para presentar las correspondientes aportaciones.
En este sentido se manifiestan los compañeros de las Asociaciones Vientos del Pueblo y Aires Nuevos, esgrimiendo los escritos que han presentado. Pero aceptando la existencia de la Ordenanza.
Capítulos pasados pendientes de solucionar entre Gobierno municipal y Vientos del Pueblo salen a la luz dentro de un debate cordial.

Finalmente, se pone sobre la mesa la incógnita sobre el resultado de su aprobación, debido a que el socio de Gobierno, Izquierda Unida no apoya la Ordenanza.
Vista la realidad de la aceptación social y dado que todavía se puede negociar su contenido, me atrevo a sugerir a IU que más que rechazar la Ordenanza, debería presentar las propuestas necesarias que la enriqueciera y así, que su redactado cumpliera la demanda social que cubran legalmente algunas situaciones desagradables generadas por los ciudadanos y ciudadanas de Getafe.

El paro, principal problema

Más de dos años de encuentros entre los agentes sociales y al final la Reforma Laboral se aprueba por decreto del Gobierno. Si a esto, le sumamos el número de parados, no debe extrañar que el desempleo se manifieste como principal problema en la encuesta del CIS.

Ahora bien, ha tenido que pasar todo este tiempo para poder contemplar por primera vez que la Reforma Laboral se elabora para:
“Facilitar la creación de empleo con más flexibilidad en el mundo de la empresa; flexibilidad que apueste por la competitividad”.
“Reforma equilibrada. Que garantice derechos de los trabajadores pero tenga en cuenta el resto de sectores del mercado laboral”.
Se introduce el término “creación de empleo” que es el objetivo que debe perseguir cualquier acuerdo laboral.

Pero el mensaje de la realidad impuesta hasta ahora, siempre ha sido el mismo: “facilitar el despido”. Así hasta la saciedad. Entonces no es de extrañar que se haya instalado en nuestro pensamiento el concepto de que, pase lo que pase y se llegue al acuerdo que sea, el resultado era despedir a la gente con mayor facilidad.

Esta idea es la que lleva a los encuestados a manifestar que el paro es el principal problema, seguido de la crisis económica, la vivienda y las pensiones. Todos ellos, problemas muy latentes en la sociedad española.
El decreto de Reforma Laboral, con la participación de todos los agentes implicados tiene que perseguir invertir la realidad actual.

Desafectados

Los últimos acontecimientos de presunta corrupción que han sucedido, provocan que durante el fin de semana los diarios nacionales hagan especial mención a las detenciones de personas referentes políticos y empresariales.

El abanico es tan amplio, que sólo aquellos partidos con menor representación se salvan de la redada.
La celeridad con que la dirección de los partidos afectados van a proceder a expulsar de la organización a los imputados, no va a impedir que se produzca desafecto social hacia el ejercicio de la política. Así lo manifiestan reconocidas firmas de análisis social y político.

Veamos algunos ejemplos: Frente a la corrupción. El basurero político. Corrupción y melancolía. Conviene también pararse en el artículo de Joaquín Estefania, Los sedicentes.

Después de observar la procedencia donde nacen todos los casos, vemos que la recalificación del suelo, los desarrollos urbanísticos, los cambios de calificación para construir, y todo lo que está relacionado con el ladrillo; es la causa grave de este mal corruptor que ha llegado al tuétano de muchas administraciones públicas y ha enriquecido a los impulsores del entramado. El daño social que el desaforado crecimiento de viviendas está causando no lo podemos valorar todavía. Ahora empiezan a florar urbanizaciones fantasmas. Esto demuestra que al igual que ha pasado con la desregulación financiera, la libre urbanización del suelo nos lleva a la quiebra social. El Estado, las Comunidades, Ayuntamientos están obligados legislar leyes que impidan estos atropellos.

El final de la editorial (Frente a la corrupción) dice así: “se espera el despertar de una exigencia cada vez más firme de cada ciudadano con cualquier opción política, no sólo con la contraria”.
Por ello, considero de vital importancia la manifestación que hizo la FEMP, a través de su presidente, Pedro Castro: “Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que exijan de todos sus representantes políticos, no sólo que defiendan con eficacia sus intereses, sino que lo hagan con la honestidad y la honradez que se espera de ellos en la gestión pública, y que rechacen en las urnas a los corruptos”.

Nosotros tenemos esa obligación. No podemos contagiarnos de la actitud de los corruptos. La justicia que haga su trabajo. La sociedad expresemos nuestro desprecio.

Derechos a la dignidad

El pasado sábado, Madrid, fue testigo de una cuantiosa concentración “antiaborto”. Y como era de esperar, ya que lo tenían anunciado, caras muy conocidas del Partido Popular estuvieron presentes. La sorpresa fue que asistentes convencidos de la protesta se preguntaban qué hacían allí.

Por no extender la lista de personas populares, baste referirse a José María Aznar y Jaime Mayor Oreja. Ambos políticos, tuvieron responsabilidad de Gobierno durante ocho años y no predicaron nada en contra de la actual Ley vigente. Ni los acólitos defensores de la vida que se manifiestan se lo reclamaron.
Ley, que es obligado recordar ha generado uno de los espectáculos más bochornosos que cualquier persona puede sufrir. Menciono el hecho: “El montaje como el urdido por varios guardias civiles contra la clínica Isadora de Madrid, que culminó con la identificación y persecución de las mujeres en su domicilio particular que se habían sometido a la interrupción voluntaria del embarazo en ese centro privado”.

Es decir, algún resquicio legal permite que ateniéndose a la Ley vigente, se pueda actuar de esa ignominiosa manera; aunque el resultado final sea que el juez archiva la causa, y la define como una persecución "inquisitorial" con fines "publicitarios e intimidatorios". Este vacío se tenía que corregir dándole cobertura legal y por tanto, era necesaria una reforma que impidiera en el futuro actuaciones de ese tipo.

Esta legalidad y la implantación de unos plazos comparables a los países europeos de nuestro entorno, es lo que avala que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sirva para que las personas que libremente deciden que no quieren continuar con su embarazo, lo puedan interrumpir y no tengan que ser castigas ni perseguidas por ello.

Lo problemático de la realidad es la tozudez de los hechos. Miles de jóvenes se quedan embarazadas y no desean ser madres. Es decir, se encuentran en esta situación accidentalmente. Y una sociedad del siglo XXI, tiene que ofrecer solución a esta vivencia dramática. Es verdad, que la mejor medicina es la prevención y la educación sexual; pero si a pesar de ello, el hecho se produce tenemos que contemplar la manera de no torturar a estas jóvenes.
Yo, soy partidario de introducir en el texto alguna articulación que indique la necesaria comunicación con personas mayores que orienten y apoyen la difícil decisión. No podemos dejar al descubierto el espacio para que un encuentro de entusiasmo sexual, provoque un aborto. No hablo de autorizar pero sí tener conocimiento de lo que sucede.

Ahora, esto es bastante complicado. Si antes menciono la prevención para las y los jóvenes; también los mayores debemos tener la formación suficiente y comprensiva para no llamar “ASESINAS” a las mujeres que interrumpen su embarazo no deseado.