La Comunidad de Madrid está trabajando en un
convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la
Federación de Municipios de Madrid (FMM) sobre desahucios. El texto va
encaminado a detectar y tomar medidas ante situaciones de vulnerabilidad en
los casos de desahucios de vivienda familiar por impago de rentas o por
ejecuciones hipotecarias.
El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy sobre la suscripción de este
convenio entre las distintas administraciones. El documento establecerá un
protocolo de actuación para que, cuando el juez o el letrado de la Administración
de Justicia detecten situaciones de exclusión social en casos de desahucio,
puedan trasladar la información a la Administración autonómica o local. De esta
manera, si se cumplen los requisitos, los afectados podrán tener acceso a
programas de vivienda social o a otros programas asistenciales.
El convenio recoge que tanto Comunidad de Madrid como CGPJ y FMM
consideran necesario coordinar actuaciones, dentro de sus respectivas
competencias, para hacer frente al problema que afrontan numerosas familias
que carecen de recursos económicos básicos y que se están enfrentando a
procesos de ejecución hipotecaria y desahucio por falta de pago que, en
muchas ocasiones, acaban con la pérdida de la vivienda habitual.
Las tres partes firmantes se comprometen a impulsar las medidas oportunas,
incluidas las informativas y de formación, para facilitar que el órgano
jurisdiccional que trate estos casos pueda detectar las situaciones de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión que puedan existir.
Igualmente, y a la vista del análisis realizado por los servicios sociales de las
Administraciones regional y local, se establece la posibilidad de que el órgano
jurisdiccional pueda suspender el desahucio, siempre de conformidad con las
leyes procesales.
Asimismo, el convenio prevé que, desde los órganos judiciales, se facilite a las
personas en situación de vulnerabilidad folletos informativos de los servicios y
programas de servicios sociales existentes, así como de la posibilidad de
acceder a asistencia jurídica gratuita y de contar con abogados y procuradores
de oficio.
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