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viernes, 24 de julio de 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo con el presidente de Bankia para emitir el nuevo Carné Joven desde octubre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el nuevo Carné Joven, que facilitará, por primera vez, financiación especial a través de la emisión de préstamos con condiciones especiales para los jóvenes que deseen emprender proyectos empresariales o continuar su formación. También ofrecerá facilidades para el acceso de la población juvenil a la vivienda en régimen de compra y pondrá en marcha un sistema de avales para el alquiler. “Queremos una juventud comprometida con su futuro, con llevar las riendas de su vida, independiente y libre, y eso pasa por su formación, empleo y vivienda”, ha sostenido Díaz Ayuso, para explicar que en estos “pasos decisivos” tienen que estar las administraciones a su lado.


Para poner en marcha todas estas nuevas medidas del carné, que entrará en vigor el próximo 3 de octubre, Díaz Ayuso ha firmado con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y la entidad bancaria por el cual ésta emitirá esta tarjeta joven y se incrementarán las ventajas para los usuarios. El acuerdo tendrá una duración de tres años con la posibilidad de prorrogar por otros tres más.

A través de este nuevo acuerdo, la entidad financiera se encargará de la promoción, financiación y comercialización del Carné Joven para que éste siga siendo un instrumento que continúe ofreciendo ventajas a los jóvenes. Una de ellas es la suscripción de un seguro de viaje para los más de 500.000 titulares de Carné Joven, y que será válido hasta que cumplan 31 años. De igual forma, los titulares del carné podrán seguir beneficiándose de numerosas iniciativas culturales y de ocio, como cursos gratuitos, conciertos, conferencias o descuentos en entradas a museos.


La entidad financiera emitirá de manera gratuita la tarjeta a través de sus 568 oficinas en la región, aunque los interesados en obtenerla lo pueden hacer en Información Juvenil TIVE Moncloa y a través de las dependencias municipales de 33 localidades de la región.

martes, 19 de febrero de 2019

La Comunidad de Madrid impulsa un convenio ante situaciones de vulnerabilidad en los desahucios

La Comunidad de Madrid está trabajando en un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) sobre desahucios. El texto va encaminado a detectar y tomar medidas ante situaciones de vulnerabilidad en los casos de desahucios de vivienda familiar por impago de rentas o por ejecuciones hipotecarias.


El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy sobre la suscripción de este convenio entre las distintas administraciones. El documento establecerá un protocolo de actuación para que, cuando el juez o el letrado de la Administración de Justicia detecten situaciones de exclusión social en casos de desahucio, puedan trasladar la información a la Administración autonómica o local. De esta manera, si se cumplen los requisitos, los afectados podrán tener acceso a programas de vivienda social o a otros programas asistenciales. 

El convenio recoge que tanto Comunidad de Madrid como CGPJ y FMM consideran necesario coordinar actuaciones, dentro de sus respectivas competencias, para hacer frente al problema que afrontan numerosas familias que carecen de recursos económicos básicos y que se están enfrentando a procesos de ejecución hipotecaria y desahucio por falta de pago que, en muchas ocasiones, acaban con la pérdida de la vivienda habitual.

Las tres partes firmantes se comprometen a impulsar las medidas oportunas, incluidas las informativas y de formación, para facilitar que el órgano jurisdiccional que trate estos casos pueda detectar las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión que puedan existir.

Igualmente, y a la vista del análisis realizado por los servicios sociales de las Administraciones regional y local, se establece la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda suspender el desahucio, siempre de conformidad con las leyes procesales. 

Asimismo, el convenio prevé que, desde los órganos judiciales, se facilite a las personas en situación de vulnerabilidad folletos informativos de los servicios y programas de servicios sociales existentes, así como de la posibilidad de acceder a asistencia jurídica gratuita y de contar con abogados y procuradores de oficio.