Igual que se lo merecen las familias de las otras víctimas de Alcorcón y Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. La diferencia entre las injustas muertes es que las personas de la periferia eran magrebíes y Álvaro, que muere en una discoteca madrileña relacionada con personas acomodadas, era español.
A partir de ahí, se descubre una serie de irregularidades administrativas que con toda seguridad deben tener consecuencias políticas. Las denuncias no atendidas por el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que ser explicadas por los responsables. No vale que ahora después de la perdida de la vida inocente, se cierre la discoteca. Por qué tantas denuncias y no fueron atendidas en tiempo y forma.
La regulación de la seguridad en locales privados es competencia de la Comunidad de Madrid, y tampoco existe ley o norma que diga los requisitos y preparación que los porteros deben acreditar para desarrollar con “seguridad” su trabajo. Ha tenido que suceder la luctuosa muerte de Álvaro, para descubrir que llevan seis años tratando de consensuar y redactar la normativa. Ahora, tampoco vale que dentro de unos días esté regulada la actividad. Hay que explicar cuáles han sido los impedimentos que han evitado que a pesar de las muertes de Alcorcón y Fuenlabrada, no haya reglamento que afecte a la figura de portero de discoteca.
Se entiende perfectamente, que los empresarios de este tipo de actividades prefieran a fornidos hombres con mucho cuerpo y poco cerebro que actúen de la manera que lo han hecho estos energúmenos. De existir un reglamento regulador, con toda seguridad, que las personas que ejercen este trabajo, además de un buen físico, también deben poseer unas cualidades humanas y formativas de cómo resolver situaciones conflictivas utilizando la menor fuerza física. Esto, por pura lógica tiene que tener su remuneración económica adecuada a la preparación del trabajador. Cosa ésta, que los anteriores como no tienen muchas entendederas……
Soy padre y puedo imaginar el dolor que se tiene que sentir ante la perdida de un hijo.