En la Comunidad de Madrid, somos más de 30.000 personas dependientes o familias las que estamos esperando la respuesta a nuestras solicitudes. No era normal, que pasado el tiempo estimado para analizar los expedientes no se nos comunicara que tipo de resolución se adoptaba en relación al derecho reconocido por Ley.
Hoy sabemos, gracias a la Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, que el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) había introducido un artículo en el desarrollo de la Ley, que estimaba el silencio como algo denegatorio de la solicitud de la prestación. La lógica nos hacía preguntarnos: qué sucedía en la Comunidad de Madrid.
De nuevo el Partido Popular de Madrid, se inventa este artilugio para degradar la excelente Ley de Dependencia que aprueba y dota de presupuesto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es decir, implanta trampas que impiden el desarrollo de la Ley. Es de agradecer, primero a la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón y después al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "que ha anulado la regulación que había establecido la Comunidad de Madrid del silencio administrativo en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones".
Con independencia de la posible estrategia política opositora, las familias afectadas no podemos perdonar el proceder torticero que la señora, Esperanza Aguirre, quería introducir en la aplicación de esta Ley. El retraso que estamos soportando, no puede tener otra justificación que la de hacer mal a los afectados y como consecuencia al Gobierno de España.
Nos puede gustar más o menos pero cada día que pasa, en nuestra sociedad tiene mayor protagonismo en la defensa del Estado de Derecho, el Poder Judicial como tercer Poder del Estado.
Ahora, esperamos la aplicación efectiva de la sentencia.
Y, como el ecosistema está formado por industrias que en teoría desarrollan su actividad para corregir que las aguas que se vierten en los ríos lleguen limpias; en el día de hoy, quiero denunciar la situación que vivimos en las cercanías de la depuradora de “Butarque” en el distrito de Villaverde de Madrid. Esta instalación es gestionada por la Comunidad de Madrid, y para conseguir la depuración del agua residual que le llega, genera un olor putrefacto que invade el entorno. Es decir, contamina el aire que respiramos los vecinos de Getafe y Villaverde.