El PP se equivoca en el pronóstico

Esta semana que termina, además del comienzo del encendido de las luces navideñas en muchas ciudades y pueblos, la actividad política mantiene sus inercias y los grupos políticos aprovechan los actos diversos para lanzar sus mensajes.

Getafe, ciudad donde resido ha cumplido sobradamente con todo el anterior enunciado. Así, nos encontramos que el Partido Popular ha realizado un acto de concurrencia mayor con la presencia de la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el alcalde de Getafe, Juan Soler. El motivo, la entrega de carnets a nuevos afiliados al PP.

Es obvio, que los intervinientes en el acto, lo aprovecharan para lanzar consignas motivadoras a los simpatizantes y nuevos militantes populares, y a la vez, arremeter contra los adversarios políticos. Los más vapuleados fueron los del grupo PODEMOS.

De ellos, pronosticaron un negro futuro para el conjunto de la sociedad española si como indican las encuestas llegaran a recibir el apoyo anunciado.

Sin embargo, este mensaje apocalíptico que la dirección del Partido Popular lanza, parece no calar en la opinión pública que según la encuesta publicada en El Confidencial.com afirma que PODEMOS se consolida como primera fuerza política tanto en intención de voto directo como en voto estimado una vez aplicada la cocina. Ganaría con el 29,6% de los votos gracias a la gran movilización de las izquierdas.

No obstante, El Confidencial argumenta que ello se debe a la desmovilización de grandes bolsas de voto en el centro y centro derecha, dos de los tradicionales graneros de voto del Partido Popular.

Se puede concluir, que ante el balance negativo que el partido que preside Mariano Rajoy, al día de hoy, puede presentar a la sociedad y en especial a sus seguidores votantes, intentan desacreditar a los adversarios para ver si así, pueden agitar a sus afines.

El problema de fondo es que esta larga crisis, pérdida de empleos y baja calidad de los servicios públicos, afecta por igual a cualquier pensamiento ideológico. Es decir, a la hora de perder derechos adquiridos y falta de perspectiva de futuro a nadie le preguntan su preferencia de voto.

De ahí, que un mensaje catastrofista contra PODEMOS, no encuentre repercusión en los electores españoles.

El domingo 14, se presentaron los candidatos al Consejo Ciudadano de Getafe.

Presidenta a la fuga

Ha sido tan sorprendente lo sucedido, que antes de publicar la noticia los medios de comunicación necesitaban confirmar el hecho acaecido. La que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no atendía el requerimiento de la Policía.

Conduciendo su propio coche, en plena Gran Vía madrileña, la hoy todavía presidenta del Partido Popular de Madrid, se le ocurre estacionar el vehículo en el carril protegido para autobuses urbanos e ir a sacar dinero a un cajero automático.

La Policía Local madrileña, ante tal grado de infracción, se dirige a la persona prevaricadora para pedirle la documentación. Mientras ella, hace que lo busca, el agente, está tomando los datos exteriores del coche.

La sorpresa surge cuando en un arrebato incomprensible, la Sra. Aguirre, arranca su vehículo, choca contra la moto del agente y se da a la fuga como una vulgar delincuente.

Hecho este, que hace que sea perseguida por las calles de Madrid, hasta su propio domicilio cobijándose en su garaje.

Lugo manda a los guardaespaldas que tiene permanentes en su casa que tratan de presentar los papeles del seguro.

Por incompresible que parezca, esta es una historia real que la protagoniza una defensora a ultranza –en teoría- de la Policía y el trabajo que realiza. Claro está si el cumplimiento de su obligación no le afecta a ella directamente como queda demostrado.

Con independencia de la sanción y reparación del destrozo causado, desde el punto de vista político, la sociedad civil debemos reprobar un comportamiento como el expuesto aquí.

Es más, una persona que ha tenido y tiene una responsabilidad política que se supone ejemplar no puede huir como una vulgar malhechora cuando la autoridad la requiere.

Esa actitud en una persona con una actividad pública reconocida tiene que recibir el tratamiento que merece. Que no es otra solución que la presentación de su dimisión de todos los cargos públicos que ostenta. La soberbia y la prepotencia no son buenas consejeras de Esperanza Aguirre. 

Por fin se inaugura el Centro de Salud

Corría el mes de enero de 2011, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el alcalde de Getafe, Pedro Castro, pusieron la primera piedra del Centro de Salud que hoy ha inaugurado el presidente Ignacio González y el alcalde Juan Soler.

Los prometidos ocho meses que iba a durar la obra, se han convertido en tres años para que los vecinos de los barrios afectados y profesionales de la medicina puedan hacer uso de las instalaciones a partir del lunes día 31.

Entre tanto, la quiebra de varias empresas adjudicatarias ha sometido a los afectados a seguir recibiendo y prestando atención en unas instalaciones calamitosas.

En esos tres años, también han ocurrido otros hechos que debemos reseñar: El cambio de Alcalde en Getafe, ahora PP, y los intentos privatizadores de la Sanidad Pública madrileña. Estaba previsto por el Gobierno de González externalizar la gestión de siete Hospitales y 27 Centros de Salud. Finalmente, las sentencias judiciales han hecho retirar el proceso privatizador.

Producto de lo anterior son las manifestaciones de las `Mareas Blancas´ que se llevan a cabo en la ciudad de Madrid. Getafe no podía ser ajena a estas protestas y se crea la `Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública´.

Dicha `Plataforma´ hoy se ha dejado ver y sentir en la inauguración del nuevo Centro. Y, también ha hecho acto de presencia un grupo de personas que apoyaban al Presidente y Alcalde. Gracias a la labor especializada de la Policía Nacional ambos grupos estaban separados. Los unos protestaban los otros aplaudían. Particularmente, lo que me ha sorprendido ha sido la actitud del alcalde Juan Soler abrazando y besando a sus seguidores y “saludando” en la distancia a los manifestantes.

Repito que el buen hacer de la Policía han controlado la tensión creada. El comentario generalizado entre los asistentes más centrados ha sido visualizar en Getafe la realidad de las dos Españas que lamentablemente hoy empieza a estar presente.

La cosas no ocurren porque sí, y que un responsable político Alcalde de todos los getafenses alimente con su comportamiento esta escena es un episodio reprochable. Máxime cuando hace 72 horas es el propio Juan Soler quien saca un Bando elogiando la figura del fallecido Adolfo Suárez por su trabajo conciliador de los españoles a finales de los años 70 del siglo pasado.

Reconozco que no siendo nuevo en la política al actual Alcalde de Getafe, hoy le faltado cintura política.

Por la dignidad social española

La ciudad de Madrid está preparada para recibir a las `Marchas de la Dignidad´. Llegadas desde distintos ejes de España y acompañados por más de 150 colectivos harán su entrada en la capital para marchar todos juntos desde Atocha a la Plaza de Colón.

Recordar que algunas `Marchas´ llevan casi 30 días de caminata escenificando su protesta. En el manifiesto que las une, denuncian el “robo de derechos, el empobrecimiento generalizado de la mayoría social, el desmantelamiento de la Sanidad, Educación, y Dependencia”. Haciendo especial hincapié en que “no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores”. También se denuncian los desahucios, la reforma judicial y el alto nivel de paro que padece la sociedad española.

El contenido de este `Manifiesto´ es lo que el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP) considera que son unas reivindicaciones y denuncias que nos aproximan a los partidos políticos `neonazis´ como Amanecer Dorado en Grecia.

En política los gestos y frases grandilocuentes tienen un significado muy especial. Y, lo que parece que no marca una tendencia sí cala en el pensamiento de los colectivos sociales.

Por ello, desde la observancia social detectamos que un Presidente que piensa de la manera que lo ha hecho público Ignacio González, tiene los días contados para que la sociedad madrileña le desaloje de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Además, estas castas sociales que están entrelazadas entre sí tienen que aprender que su tiempo se ha acabado. La primera prueba manifiesta que marca el inicio del fin, tiene que ver con la elección de la presidencia de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE). Conocemos la relación que el actual presidente y candidato Arturo Fernández, mantiene con familiares del Presidente González y los movimientos que está realizando para que los empresarios madrileños le otorguen su voto.

Pues bien, declaraciones despreciables hacía una sociedad española que se ve obligada a caminar cientos de kilómetros para manifestar su denuncia y luego apreciar que determinados oligarcas empresariales quieren continuar con sus privilegios, hay que erradicarlos del poder definitivamente. El primer paso lo tienen que dar los empresarios madrileños. Posteriormente, en mayo de 2015 la mayoría de la sociedad madrileña.  

Judicializar la política

En la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular gobierna desde hace más de dos décadas con mayoría absoluta, esa holgada mayoría le permite tomar decisiones unilaterales que el debate político no consigue corregir.

Ante la situación creada y debido a que muchas de las medidas que está asumiendo afectan directamente a la sociedad madrileña en general y más concretamente a los profesionales que tienen que aplicarlas, estos últimos, ante la impotencia de ser escuchados se ven abocados a recurrir a los tribunales de Justica.

El caso que mayor repercusión tiene es la privatización, `externalización´ le llama el Partido Popular, de la Sanidad madrileña. Al día de hoy, conocemos que las adjudicaciones de hospitales que ya estaban a punto de gestionar las empresas privadas, están paralizadas a consecuencia de las denuncias de los profesionales de la medicina que no se han resignado a aceptar el modelo impuesto por el Gobierno de Ignacio González.

Esta práctica de concesiones no es nueva, lo que sí ha sido es la más decisiva de todas las que hasta el momento se habían llevado a cabo por los distintos consejeros. Anteriormente los señores Güemes y Lamela, iniciaron una serie de concesiones a empresas privadas y luego, cuando han dejado el cargo político en los gobiernos de Esperanza Aguirre, producto del diseño premeditado, han formado parte de las distintas empresas que fueron agraciadas con las adjudicaciones de su Consejería. "A esto se le llama `puertas giratorias´ los políticos que van al sector privado en los mismos sectores en los que han hecho gestión pública". 

Por todo ello, el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en la primera época de la externalización sanitaria. Asimismo, destaca que en la querella se "imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon".

Añade que "se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como Güemes y Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en unión de la empresas Capio, Ribera Salud y Unilabs".

A estas conclusiones se llega después admitir a trámite una querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid AFEM,  contra la cúpula de la Sanidad madrileña.

El trabajo político que impide realizar la mayoría absoluta del Partido Popular, lo tiene que ejecutar los tribunales de Justicia.

Cuando la Ley actúa se debe cumplir

Todos acatan la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero sin embargo, no se propicia el ambiente necesario para que el tránsito hacia la normalidad que exige su cumplimiento no genere más dolor del ya padecido por los asesinatos.

Esta mañana el Lehendakari, Iñigo Urkullu, declaraba que sería conveniente que el mundo abertzale, no rindiera homenajes públicos a los presos de ETA, que próximamente conseguirán la libertad después de pagar la condena establecida por sus asesinatos y que el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido cumplida.

Esta declaración de principios es coherente, máxime cuando se está trabajando para conseguir el final de la banda, que entreguen las armas y pidan perdón por todo el dolor causado a las familias.

Es más, desde el ministerio del Interior se afirma que no se va a consentir exaltación de los presos que regresen a sus casas.

Desde la otra parte, las Asociaciones de las Víctimas que siempre recibieron un apoyo en anteriores procesos por parte del Partido Popular deberían recibir de éste, toda su comprensión por el desánimo que les causa la aplicación de la Ley, pero a su vez, también la indicación de que el ejercicio de la aplicación del Estado de Derecho, marca los procedimientos establecidos.

Por lo comunicado, todo indica que no va a suceder así. A la concentración anunciada en Madrid, han manifestado su deseo de acudir Ignacio González, presidente de la Comunidad, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional y con toda seguridad la lista de reconocidos cargos del Partido Popular irá creciendo.

Desde mi punto de vista, y después de solidarizarme con el dolor que pueden sentir, considero que la cosa se complica si la concentración no toma el camino del homenaje a los fallecidos y se pretende reivindicar otras cuestiones que aunque estén cargadas de sentido común no se ajustan a los preceptos de las Leyes que nos hemos dado para convivir todos.

Por tanto, las personalidades políticas que acudan deberían tener muy en cuenta los derechos legales y no hacer declaraciones fáciles que exaltaran los ánimos de los asistentes.

Mentiras e hipocresía

Que el día 1 de agosto con la pretendida, fin de la cita, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, no convenció a la sociedad española fue un hecho constatable. Es más, con la osadía que tuvo en la expresión de algunas afirmaciones, estaba hipotecando su credibilidad política de cara a su futuro como Presidente.

Han sido esas aseveraciones firmes hechas en comparecencia parlamentaria, las que hoy con la publicación de la nómina del mes de mayo de Luis Bárcenas, demuestra que mintió ante los representantes del pueblo español: “Señorías, me equivoqué, pero les aseguro que cuando yo llegué a la presidencia del Gobierno, el Sr. Bárcenas, no pertenecía al Partido Popular”.

El documento que publica el Mundo, demuestra que el extesorero era trabajador cualificado del PP, y que además, se pone a disposición de Rajoy para aquello que considere más conveniente.

Los emisarios mediáticos afines al PP, tratan de envolver el hecho para que la mentira no tenga las graves consecuencias políticas que un hecho de esta naturaleza lleva implícito. Por más que insistan la realidad es clara y contundente ¡MINTIÓ!

Mariano Rajoy, está obligado a explicar lo que dijo y la verdad de lo que estaba pasando.

En la ciudad de Madrid

El Partido Popular lleva gobernando 26 años, además esta ciudad ha sido testigo de muchas manifestaciones en defensa de la familia tradicional donde representantes del PP, han mostrado su apoyo.

La Ley que regula las normas del trabajo, recomienda que se debe legislar para que se produzca una conciliación entre la vida familiar y laboral.

Conviene recordar lo anterior, ante el hecho de que la alcaldesa Ana Botella (PP), cuando saca a concurso la adjudicación de la limpieza de la ciudad, parece que no introduce en las cláusulas del pliego de condiciones nada que haga referencia a la conciliación familiar, y así, la empresa adjudicataria FCC, cuando planifica el trabajo de la plantilla, muy hábilmente buscando quizás otro fin, ofrece a un matrimonio que lleva en este servicio diez años trabajando y tiene tres hijos, la posibilidad de mantener su puesto de trabajo si se trasladan a trabajar a otra ciudad. Pero, ¡cuidado! uno a Barcelona y otro a Cartagena. Es obvio la encrucijada en que se encuentra está familia.

Si el Partido Popular cuando decide privatizar los servicios públicos no valora y tiene en cuenta este tipo consideraciones, vale preguntarse ¿Dónde está la defensa a ultranza del mantenimiento de la familia tradicional?

Decisiones políticas rentables

Como sé que este espacio es leído también fuera de la Comunidad de Madrid, para situar al lector sobre el contenido de hoy, he de relatar la breve historia que introduce el tema. En concreto, la externalización de los servicios no sanitarios de los Hospitales madrileños.

Durante los Gobiernos que presidía Esperanza Aguirre (PP) sus consejeros sanitarios y bajo la aquiescencia de la Presidenta, se llevaron cabo una serie de instrucciones y leyes que permitían que empresas privadas pudieran prestar los servicios en los Hospitales públicos madrileños. En aquella ocasión, se trataba de servicios complementarios no relacionados con el ejercicio profesional de la medicina.

Así, los señores Güemes y Lamela, inician el proceso privatizador que hoy, está denunciado y admitida a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Por ello, ayer la Sra. Aguirre, manifiesta que los señores llamados a declarar se van a explicar de “maravilla” y que está “deseosa” de “escuchar” sus argumentos.

Es muy posible que dentro del abanico de las declaraciones tengan que explicar cómo es posible que la empresa a la que se le concede la autorización cuando eran consejeros hoy, en la dirección de la misma, estén o han estado los señores Lamela y Güemes.

El último contrato conocido es el mantenimiento del Hospital de Getafe que se le concede a la empresa de la que forma parte de su Gerencia, Manuel Lamela (mas de cinco millones de euros que pueden llegar a siete y medio, si se prorroga a 2015).

Es decir, se aplica la política de Juan Palomo, “yo me lo guiso, yo me lo como”.

Cuando se profundiza en el procedimiento utilizado, la Sra. Aguirre, precursora de la privatización total de siete Hospitales por su sucesor Ignacio González (PP), argumenta que “lo raro es un servicio público llevado por funcionarios” añadiendo que “si resulta un modelo más barato, hay que apostar por él”.

Este es el laboratorio de ideas que el Partido Popular establece en la Comunidad de Madrid. Mientras los electores le sigan depositando su confianza, ellos, extenderán sus tentáculos para rentabilizar en su propio beneficio las decisiones políticas.

Complementos al sueldo

La investigación que se lleva a cabo sobre la trama Gürtel, está dejando al descubierto una serie de prácticas en los partidos políticos que, si no son ilegales, sí podemos considerarlas éticamente reprochables.

Cuando todavía resuena en nuestros oídos la recomendación del Gobernador del Banco de España indicando modificar el salario mínimo interprofesional, conocemos que diputados portavoces y adjuntos añaden a su sueldo “complementos dinerarios especiales”.

Cantidades nada desdeñables que acumulan en sus ingresos. Sí parece, que son declaradas legalmente y por tanto, pagan sus impuestos correspondientes.

En el caso que se investiga y que afecta a la trama montada dentro del Partido Popular, cuando el juez Ruz, solicita la contabilidad interna del PP, allí aparece que los hoy alcaldes del Getafe y Alcorcón, en su etapa de diputados han recibido “complementos” que en el caso de Juan Soler, en la contabilidad tiene apuntes asignados en el año 2010 de 11.060 euros en concepto de “sobresueldo” y en el año 2011, la cantidad asciende a 4.605 euros hasta el mes de mayo.

En el caso de David Pérez, alcalde de Alcorcón, la cantidad contabilizada entre el año 2010 y parte de 2011, asciende 32.928 euros, en concepto de “colaboraciones”.

En el informe presentado se ha detectado hasta 11 altos cargos que percibían pagos extras de su grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid.

Cuando analizas los importes totales que perciben determinados parlamentarios autonómicos o nacionales, valoras lo privilegiada que está la “clase política”. Y, se comprende la poca repercusión que tuvo la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba “un político un sueldo”. Mientras, la sociedad que la elige y para la que debe gobernar cada día se encuentra en un círculo económico estrecho sin perspectivas de salida.

Vista esta realidad la sociedad debemos reaccionar e intentar corregir estos abusos económicos. Se está preparando una Iniciativa Legislativa Popular para erradicar estos privilegios.

Perdemos nuestra identidad

Los gestores del Gobierno del Partido Popular que gobiernan en la Comunidad de Madrid, anteponen los ingresos económicos a la identidad cultural tradicional de la ciudad de Madrid. Por un puñado de euros te cambian el nombre emblemático de la estación de metro del punto cero de España.

Así, hemos conocido los madrileños de la Comunidad de Madrid, la gran satisfacción que muestra Salvador Victoria, Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, cuando descubre el indicativo con el nuevo nombre de la céntrica estación de metro “Sol”. A partir de ahora ya no quedamos en Sol, nos veremos en Vodafone.  

Foto, Raquel Albarrán.

El Gobierno de Ignacio González, por dinero lo cambia todo. Hasta la Ley antitabaco, para el Sr. Andelson de Eurovegas. Desde ahora, y con esta iniciativa, puede ocurrir que estaciones de metros emblemáticos: Cuatro Caminos, cambie a Movistar; Plaza Castilla, a Orange, y Legazpi, a Yoigo.

Cuando por dinero perdemos la esencia de nuestra identidad algo muy grave debe estar pasando en la Comunidad de Madrid.

En un comunicado el portavoz socialista en materia de Transportes en la Asamblea de Madrid, Francisco Pardo, ha lamentado que el Gobierno de Ingnacio González “recurra a esta salida”.

“Pretenden vender la Sanidad Pública, pretenden vender la Educación Pública, y ahora pretender vender el Transporte Público”.

En este punto, el diputado ha criticado que no se explique en sede parlamentaria a cuánto asciende el montante total del dinero que esta compañía va a aportar a Metro de Madrid, por lo que ha exigido una "aclaración inmediata", así como "más transparencia".

"No me imagino por ejemplo a la Torre Eiffel cambiándole el nombre, no me imagino a plazas emblemáticas de Londres o de Berlín o de Roma, no me imagino a la Fontana de Trevi con un nombre que tenga que ver con una casa comercial", ha dicho el portavoz socialista.

Y, todo por puñado más o menos grande de euros. En conclusión la Comunidad de Madrid, sus leyes y lugares de reconocida tradición están en venta.

Gueto de población parada

Conocemos que la Comunidad de Madrid es punta de lanza en operaciones que luego el Partido Popular, una vez experimentadas y analizados los resultados extrapola al resto de España. Es conveniente hacer esta observación, debido a la circular y experimento que determinadas oficinas públicas de Empleo, están llevando a cabo.

Antes de la llegada del Partido Popular y la implantación de la Reforma Laboral, las directrices que había para motivar a las empresas a crear empleo, era la deducción en cuotas a la Seguridad Social si contrataban a mayores de 45 años, mujeres y parados de larga duración.

Este modelo la Reforma lo aparca y la incentivación a los empresarios pasa por la contratación de personas que estén cobrando el paro. De tal manera, el Estado deja de prestar la ayuda al desempleado y el empresario se beneficia de la deducción del pago a la Seguridad Social.

El laboratorio de ideas neoliberales en que se ha convertido la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, aplica la Ley de la Reforma y, manda una circular a los trabajadores de la oficinas de Empleo donde les exige a ofrecer los pocos trabajos que gestionan primero, a aquellos que están cobrando la prestación por desempleo, priorizando además en aquellos que tengan entre 20 y 45 años y el bachiller superior.

Así, cumplirían el espíritu de la Reforma. Pero, además introducen el factor objetivos de sanción. De tal manera que, si alguien con ese perfil y cobrando la ayuda no aceptase la propuesta puede ser sancionado con la deducción de un mes de subsidio.

Es decir, aplicación total y absoluta de anteponer los rendimientos económicos a las necesidades de aquellas personas que ya no tienen cobertura de ninguna prestación y por tanto, deben ser los primeros en poder reinsertarse en el mundo laboral para no quedar excluidos del sistema. Personas que además, han visto que la reforma elevó la edad de acceso al subsidio de mayores de 52 años a 55 y endureció en general el acceso a las ayudas pidiendo más requisitos.

En definitiva, si el experimento de la CAM, sale bien para los dirigentes del Gobierno del Partido Popular, y se establece en el resto de las oficinas del paro, estamos creando un “gueto de población parada sin posible salida laboral”. Recordad que no existen descuentos para los empresarios por la contratación de mayores. Una vez más, se pone de manifiesto las diferencias ideológicas de las políticas económicas.

Un San Isidro angustiado

Para cualquier dirigente que celebre la Fiesta del Patrón de la ciudad, y se levante con la noticia de que los ciudadanos le retiran la confianza que habían depositado en su Partido durante 26 años, tiene que suponer una desolación que le entristece todo el día.

Es el caso de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Sabemos que una encuesta es una foto fija del periodo en que se realiza, pero los hechos que suceden en Madrid y la manera de afrontarlos, hace que la Sra. Botella descienda en 10 el número de conejales si hoy se celebraran elecciones municipales.

Fuente: Metroscopia. / ANTONIO ALONSO / EL PAÍS

El mismo desconsuelo y amargura debió sentir el presidente de la Comunidad, Ignacio González el día 2 de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid, al conocer que también pierde la mayoría absoluta.

En ambas instituciones según los datos de los encuestados el grupo político que crece considerablemente es Izquierda Unida. Sin embargo, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se estanca con los mismos 15 ediles. Lo cual, hace que sumados a los previsibles 14 que obtendría IU, podían volver a gobernar en la ciudad de Madrid.

Ahora bien, ante esta realidad, estoy seguro que el Partido Popular no se queda cruzado brazos a esperar que la foto cambie en 2015. Toda la infraestructura que conlleva 26 años de gobierno en una administración como la madrileña, obliga a una reacción contundente para intentar mantener la confianza del electorado. Y, buscarán a la persona más mediática y popular para encabezar el cartel electoral.

Ante este hecho evidente qué salida le queda al PSM-PSOE, indudablemente un golpe de timón convincente poniendo al frente de la candidatura electoral a otra persona de las característica elegida por los popular, e incluso mejor ante la opinión pública de los madrileños. Aunque se tuviera que someter al procedimiento implantado dentro del partido de elección de primarias, las bases ante la posibilidad de recuperar la alcaldía de Madrid, tienen muy claro qué candidato reúne las cualidades, formación y popularidad para conseguirlo. Antonio Miguel Carmona, alcalde de Madrid.

Lo hago público porque es lo que pienso, y porque estoy convencido que adelantar su nombre hoy, día de San Isidro, puede que reciba la bendición del Santo.

Se anuncian turbulencias políticas

Que la ola favorable al Partido Popular, está diluida, es un hecho evidente. El gran desengaño que el Gobierno de Mariano Rajoy ha propiciado a la sociedad, ha destrozado toda la esperanza que la mayoría de la ciudadanía española depositó en el PP.

Lo que hoy me impulsa a reflexionar sobre la situación que vivimos en la Comunidad de Madrid, con los últimos datos publicados sobre intención de voto, es lo indicado de que el PP, pierde la mayoría absoluta en el feudo madrileño.

Además, en ciudades importantes recién conquistadas como la ciudad de Getafe, no consolida su posición política y también baja en número de concejales.

Si estas previsiones publicadas se cumplieran, está claro que las fuerzas progresistas de la ciudad, incluidos los nuevos grupos que aparecerían en el Consistorio, pueden gobernar en 2015.

Cuando se está en el ecuador de la legislatura, estos datos evidencian que los nervios en el Partido Popular están a flor de piel. Ellos saben que ser el partido más votado no es garantía de ejercer el Gobierno.

Y, es entonces cuando a la torpeza del Gobierno de Mariano Rajoy, se le suma la actitud prepotente del Presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, expulsando del hemiciclo a la diputada socialista Manu Menéndez por usar determinada acusación contra el Presidente González. Y, cuando éste, le devuelve el calificativo con el mismo término usado no se le aplica la misma sanción:

Artículo 138 del Reglamento, será sancionado por el Presidente con la inmediata expulsión del recinto parlamentario. El Presidente, además, le suspenderá temporalmente en sus derechos y deberes por plazo de un mes, sin perjuicio de que el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 e) y 2 del presente Reglamento, pueda revisar la sanción, ampliando su duración.”

Desde el Grupo Socialista e Izquierda Unida, se está valorando las posibles acciones que tomarán en solidaridad con la diputada Menéndez. Me viene a la cabeza Fuenteovejuna.

En Getafe, los recortes, los despidos de empleados de empresas municipales como GISA, el crecimiento del paro con 17.000 getafenses sin empleo, aumenta las desigualdades sociales abocando cada vez más a muchas personas situarse bajo el umbral de la pobreza.

El desgobierno de Juan Soler (PP), hace que baje en intención de voto.

Incumplimiento en la entrega de pisos

La ciudad de Getafe está viviendo una situación incomprensible desde la pasada legislatura. En aquella ocasión, se pensaba que las desavenencias entre gobiernos de distinta ideología podía ser la causa que hacía, que unos pisos terminados fueran ocupados por las personas a las que estaban destinados.

Son 45 viviendas tuteladas en la Avd. de las Ciudades, que fueron concebidas para ser usadas por familias mayores que viven en la actualidad en pisos altos sin ascensor que los tienen enjaulados sin poder pisar la calle, debido a la difícil movilidad física que padecen.

Esta realidad debió ser entendida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Getafe, y deciden construir las viviendas tuteladas. Finalmente, los desacuerdos políticos entre ambos gobiernos hacen que lleguemos al año 2013 y todavía estén vacíos.

He querido relatar la historia porque desde entonces, la demanda de viviendas producto de los desalojos por impago de hipotecas hace que exista una población que reclame el uso de las viviendas vacías.

Ahora bien, después del año 2011 que gobierna el Partido Popular en Getafe, y también el PP en la Comunidad, no han conseguido desbloquear la situación para que nuestros mayores tomen posesión de las nuevas viviendas.

Decía, que además de los mayores que no pueden bajar a la calle, ahora, en la sociedad getafense existen familias que necesitan una vivienda que les ayude a evitar la exclusión social.

Preguntada la edil de Urbanismo y Vivienda, Paz Álvarez, sobre el problema planteado, responde: “el uso de estos pisos podría cambiar, ya que la crisis ha variado las necesidades sociales de los Vecinos. Hay una demanda grande de familias en situación de desahucio, realojo, emergencia social y probablemente adaptemos los pisos para ese uso”.

Si finalmente fuera así, debemos concluir que es una cobardía política cómoda de gestionar no entregar las viviendas a las personas mayores que las necesitan, a sabiendas de que su edad les impide poder manifestar su reivindicación, dejándolos enjaulados hasta el final de sus días.

Los tres grupos políticos PSOE, IU, y UPyD en la oposición municipal no deben consentir que se adopte la solución fácil, cuando sabemos que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda EMSV de Getafe, tiene pisos terminados y no vendidos que pueden ser utilizados para atender las nuevas demandas.

Yo no me indigno con los escraches

La semana que termina ha sido un tiempo especial dedicado a la expresión que supone el plantarse delante de la casa de un representante público, para recordarle el drama social que genera el desahucio de familias que no pueden pagar su hipoteca.

Es obligado recordar que este método utilizado, no lo implanta la PAH, hasta valorar que las propuestas incluidas en la ILP que se presenta al Congreso de los diputados, no son consideradas y por tanto, para nada sirve el apoyo recibido de 1.400.000 firmas que avalan el contenido de las propuestas presentadas.

Lo anterior, es importante tenerlo en la cuenta debido a que los críticos con la presencia en la puerta de las casas, insisten en que hay otros medios para defender lo que consideras de justicia. Entonces, cabe preguntarse: sí después que utilizas el procedimiento administrativo exigido para que el Congreso estudie una ILP, el partido con mayoría absoluta que gobierna España, no considera positivo incluir ninguna medida argumentada en la Iniciativa Popular, que otra salida administrativa hay para no renunciar a lo que consideras de urgente necesidad.

Es dramático tener que llegar a este tipo de conclusión, máxime cuando quiénes deben estudiar lo presentado han sido elegidos por el pueblo al que dicen representar. Y, son familias de ese pueblo las que están abocadas a la marginalidad y exclusión social, sino, se considera la dación en pago cuando les requisan su vivienda y no se les facilita un alquiler social que les permita tener una base para intentar empezar de nuevo.

Ahora, voy hacer mención a las declaraciones hechas por dos personas públicas de reconocido nombre. El expresidente Felipe González, cuando afirma, que no le parece bien que se esté presente en la puerta de alguien, por la posible impresión que los niños que van al colegio pueden asimilar. Y, se queda tan fresco y ahí termina su reflexión.

Sin embargo, nada dice de los miles de niños que viven en una casa y qué de un día para otro, aprecian como las Fuerzas de Seguridad del Estado, desalojan a su familia y ven todos los muebles de su casa en la calle. Yo me pregunto: ese impacto psicológico lo superará alguna vez en su vida.

Luego, ante la cruda realidad que vivimos, llega María Dolores de Cospedal y tacha de “nazis” a las personas que se personan delante de la casa para recordarle que puede ayudar con su voto a resolver este drama humano de los desahucios. Comparar la presencia en la calle con el “nazismo” es una aberración que califica a quien lo dice.

Por ello, mientras no se ofrezca por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy, una salida humana a la expulsión de las familias de sus casas, habrá que exigir en la calle, que nuestros representantes públicos están obligados a trabajar para buscar una solución que no condene de por vida a las familias a la marginación social.

Así lo ha debido entender el presidente de la Comunidad de Madrid, cuando anuncia: mañana se entrega la primera de las mil viviendas públicas para desahuciados. 

Anteriormente, la Junta de Andalucía había firmado una Ley para utilizar los pisos que los bancos tienen vacíos.

Ante estos ejemplos, el Gobierno de España, tiene que dar un paso la frente y sentarse con la PAH para consensuar una salida humana a este problema.

Otro Juan Palomo

Los observadores y analistas políticos dicen que la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace muchos años por el Partido Popular, es el laboratorio de ideas donde se fraguan las directrices que luego pueden ser exportadas al resto de las comunidades autónomas que gobierna el PP.

Democráticamente en 2013, son mayoría los gobiernos conservadores que dirigen los destinos de España. Por tanto, si los electores no lo evitamos con nuestro voto, lo que sucede en CAM, más pronto que tarde llegará y se implantará en otros gobiernos.

El dicho popular dice: “Yo, como Juan Palomo, me lo guiso y me lo como”. Este proceder es el que han seguido los exconsejeros de Sanidad del Gobierno que presidía Esperanza Aguirre. Así, primero fue Juan José Güemes, el que privatiza el proceso analítico de la Sanidad madrileña, y luego aparece como Consejero de la empresa que obtiene la concesión. El escándalo provoca que Güemes dimita.

Qué tendrá la Sanidad madrileña que a todo aquel que pasa por su Consejería, le induce a planificar la estrategia que desemboca en el corto plazo, a gestionarla desde la empresa privada.

Es el caso del malvado exconsejero Manuel Lamela. Precursor de la construcción de hospitales con gestión mixta, y para difuminar el contenido de lo que estaba haciendo en su día, monta la acusación de las sedaciones asesinas que los tribunales de Justicia negaron con toda firmeza.

Ahora sabemos, que el Hospital del Tajo, donde los médicos son funcionarios sanitarios y el resto de personal, servicios y demás complementos son gestionados desde una empresa privada, previa recepción de su millonaria aportación económica pública que hace el Gobierno de Ignacio González, en esa empresa figura en su Consejo de administración el ignominioso Lamela. Además, con una concesión de 30 años, que él cuando fue consejero de Sanidad le asignó.

En los debates que la sociedad civil tenemos sobre los métodos de Gobierno que practica el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, expertos en distintas materias analizadas, afirman que si la sociedad madrileña dijera basta y volcara su voto en otras opciones políticas con idearios distintos, y por tanto con ideología diferente, con una apuesta política decidida se pueden recuperar servicios públicos hoy desprestigiados por el Gobierno del PP, pero con las concesiones sanitarias privatizadoras, realmente será muy difícil y costoso volver a la Sanidad Pública de Calidad.

Y, es que estos “ejemplares” empresarios invierten allí, donde los ingresos están garantizados por la aportación económica del Gobierno que se la concede.

Tomás Gómez y la financiación del PP

El Secretario General de los Socialista madrileños PSM, Tomás Gómez y la Secretaria General de los Socialistas de Getafe, Sara Hernández, han estado esta mañana en Getafe, con vecinos/as y compañeras/os de la Agrupación Socialista denunciando el abandono de las obras del Centro de Salud, “el Rosón-las Margaritas”. Más de 25.000 vecinos a la espera de que el Partido Popular decida acabar las obras que llevan comprometidas seis años.

Gran expectación mediática ha despertado la presencia del Secretario de los Socialistas madrileños. A preguntas de los periodistas sobre el proceso financiador del Partido Popular Tomás Gómez, hace las siguientes preguntas:

Enero, un mes borrascoso

No podíamos imaginar que el comienzo del año 2013, viniera cargado de tantas noticias de presuntas corrupciones. A los ya conocidos casos Gürtel y Urdangarín, enero nos presenta las irregularidades de los sobres entregados en mano del PP y una nueva imputación relacionada con la Casa Real.

Un auténtico bombazo informativo es lo que hoy publica el País. Con el titular: Las cuentas secretas de Bárcenas. El medio de comunicación, informa a la sociedad española de la recogida de donativos de empresas y posterior reparto entre las élites del Partido Popular.

Si en un primer momento cuando sale la noticia, se podía deducir que Mariano Rajoy y Cospedal, estaban limpios, con la aportación de las anotaciones publicadas, vemos que también ellos, recibieron la gratificación del exterorero. Incluso llama la atención el apunte dedicado a la compra de corbatas para Rajoy y algún traje.

El estudio desglosado de las anotaciones revela que todos los secretarios generales del PP, presuntamente extendieron la mano para recibir la dádiva correspondiente. De lo cual, se puede deducir que la dirección del partido, miraba para otro lado cuando Bárcenas acumulaba fortuna en Suiza.

Con independencia de las repercusiones jurídicas que el caso pueda tener, hay una responsabilidad política que no se puede saldar con el desmentido de lo publicado. En este caso, no basta con negar lo que el extesorero tiene anotado en su contabilidad, hay que demostrar a la sociedad que todo el dinero recibido por el ejercicio de la actividad política ha sido declarado a la administración de Hacienda. Cuando las empresas hacen pagos en especie a sus trabajadores, ese abono queda reflejado en la posterior declaración. Por tanto, para que la imagen de los aludidos quede limpia de sospecha tienen que hacer pública la declaración de hacienda donde quede reflejado que todo el dinero recibido está declarado. SI LA SUMA DE LO ENTREGADO POR BÁRCENAS, NO COINCIDE CON EL IMPORTE DECLARADO,  HAY DINERO NEGRO. 

Si no se hiciera y se envolvieran en declaraciones vacuas, los españoles tenemos que llegar a la conclusión de que estamos gobernados por un Gobierno que sustenta un partido político lleno de presuntos corruptos.

Caso Comunidad de Madrid

Expertos aseguran que la Comunidad de Madrid (PP) es el laboratorio de ideas donde el Partido Popular experimenta la puesta en práctica de su ideario, para el posterior traslado al resto de España.  

Pues bien, ahora conocemos que el Gobierno que preside Ignacio González, cuando privatiza la Sanidad, paga por su gestión a la empresa. Y, además, paga la nómina de los trabajadores que antes trabajaban para la Sanidad Pública y que después de la privatización trabajan en la empresa concesionaria. Es decir, de las arcas públicas sale el dinero que no paga la empresa que gestiona la Sanidad. De esto, se deduce mayor ganancia para la empresa y sus accionistas. Mientras los madrileño/as padecemos recortes y más recortes en los servicios públicos ¿HASTA CUÁNDO?

Es muy desolador

Pero es necesario pararse a pensar el comportamiento que tienen los representantes políticos que pagamos con nuestros impuestos. Esta semana, ha sido un ejemplo aglutinador de cinismo y poca ética política de las personas que se han visto afectadas.

Podía empezar la enumeración de casos que en principio se veían afectados por escándalos de corrupción y evasión de capitales, donde las élites políticas sacaban pecho y hacían declaraciones grandilocuentes ateniéndose a la responsabilidad cuando el caso estuviera resuelto. Se produce el veredicto y con una desfachatez enorme, se desdicen del compromiso público rebuscando la salida para que nada les afecte y quedar incólumes de culpabilidad.

La grandeza de las hemerotecas nos facilita el poder comprobar lo que se dijo entonces y lo que hoy se dice. Sinceramente, hay momentos en que uno piensa si estos dirigentes creen que la ciudadanía no tiene la capacidad suficiente para valorar lo que sucede.

El primer puesto del ranking lo consigue el Partido Popular. Cuando se aprecia lo que sus dirigentes han dicho y dicen, cuando la presunción del hecho, pertenece a un adversario político, la carga severa luciendo honor y honra, produce titulares que se deben guardar. Si lo acontecido es relacionado con personas vinculadas al Partido Popular, la vara de medir y censurar se difumina a tal punto que nada parece que ha ocurrido.

Hay casos que claman al cielo: el cierre de filas que hicieron con el exconsejero Güemes cuando privatiza los análisis de sangre en Madrid y luego forma parte de la empresa que se los adjudica. Ha dimitido.

El propio presidente de la Comunidad Ignacio Gónzález, que tiene pendiente la investigación de un piso de lujo que alquilaba y que ahora resulta que es propiedad.

El extesorero Bárcenas que ha movido en Suiza 22 millones de euros y que gracias a la Ley de amnistía fiscal de Montoro ha podido blanquear 10 millones.

Son casos paradigmáticos que están generando la valoración del cierre de filas que hicieron los altos cargos del PP cuando aparecieron los hechos, y cómo ahora se desdicen de lo que protegieron.

Pero, el colmo de la desfachatez lo lidera Esperanza Aguirre. Sin que lo que ha decidido tenga ninguna ilegalidad, no deja de sorprender que la presidenta del PP de Madrid, y hasta hace bien poco Presidenta de la CAM, cuando ocupaba ese cargo institucional, era el látigo de todo lo que supusiera hablar de derechos catalanes, consiguiendo que sus fieles seguidores dieran zarpazos a todo lo que fuera y representara la sociedad catalana. Pues bien, a la señora no le han dolido prendas en aceptar una sustanciosa oferta de una entidad catalana muy ligada al Gobierno de la Generalitat. Hipocresía pura y dura todo lo anterior.

Por ello, es necesario pararnos y analizar lo que está sucediendo con el Gobierno de España y sus adláteres de las Comunidades autónomas, aplican sacrificio y más sacrificio y ellos mantienen un estatus intocable.

El negocio de las privatizaciones

Cuando se conocen datos de los procesos privatizadores y el resultado final de quiénes forman parte de las empresas que consiguen la adjudicación, se valora que muchas personas utilizan su paso por la política para su posterior beneficio económico.

El trabajo político ejercido con dedicación, entrega y espíritu de servicio a la ciudadanía, no debería ser empañado por acciones reprobables que los ejecutores de la política utilizan en ocasiones para su propio beneficio personal.

El último de los ejemplos lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Donde el exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), empieza a planificar su futuro profesional desde la Consejería de Sanidad cuando era titular. Él se encarga de implantar la externalización de las pruebas analíticas, que son entregadas a determinada empresa. Y, luego cuando deja la política con los datos y la información que maneja, la empresa primitiva concesionaria es comprada por otra, en la cual, el Sr. Güemes, es Consejero. Jugada perfecta con ingresos asegurados y pagados con dinero de la Sanidad Pública.

Además, este proceder es bien considerado por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no tiene nada que objetar al proceso seguido. Con un pequeño ejercicio de imaginación podemos vislumbrar el futuro que nos deparara el final de la privatización de los hospitales y centros de Salud que el propio González, está impulsando desde su Gobierno. Hoy, desde el poder político se planifica y mañana desde el área empresarial recogemos los beneficios.

Echando la mirada atrás podemos valorar que el hecho de tener un partido político mayoría absoluta no es garantía de que ello, se pueda mantener en el tiempo. Por eso, después de perder las elecciones el Partido Popular en 2004, y verse obligado a estar en la oposición hasta 2011, sus compañeros que gobiernan con mayoría absoluta en las Comunidades autónomas, están perfilando un modelo de gestión de los servicios públicos que les deje protegidos económicamente ante el hecho, de no obtener el apoyo de los electores que les permita seguir gobernando.

Conviene no olvidar que este modelo de gestión privada, que crece cada día, las empresas que gestionan el servicio, tienen unos ingresos garantizados por las administraciones públicas. En el caso que ilustra esta reflexión conocemos que por cada ciudadano/a que pertenece a su área de influencia la Comunidad de Madrid, entrega 16 euros, con independencia de si es analizado o no. Por tanto, el objetivo de la empresa es conseguir cada día mayor número de habitantes adscritos.

La evidencia de que estás prácticas no sean consideradas delito, no impide que se consideren éticamente condenables para los gestores políticos. En este caso, el Partido Popular.