Que el día 1 de agosto con la pretendida, fin de la cita,
el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, no convenció a la sociedad española
fue un hecho constatable. Es más, con la osadía que tuvo en la expresión de
algunas afirmaciones, estaba hipotecando su credibilidad política de cara a su
futuro como Presidente.
Han sido esas aseveraciones firmes hechas en comparecencia
parlamentaria, las que hoy con la publicación de la nómina del mes de mayo de
Luis Bárcenas, demuestra que mintió ante los representantes del pueblo español:
“Señorías, me equivoqué, pero les aseguro que cuando yo llegué a la presidencia
del Gobierno, el Sr. Bárcenas, no pertenecía al Partido Popular”.
El documento que publica el Mundo, demuestra que el
extesorero era trabajador cualificado del PP, y que además, se pone a
disposición de Rajoy para aquello que considere más conveniente.
Los emisarios mediáticos afines al PP, tratan de envolver
el hecho para que la mentira no tenga las graves consecuencias políticas que un
hecho de esta naturaleza lleva implícito. Por más que insistan la realidad es
clara y contundente ¡MINTIÓ!
Mariano Rajoy, está obligado a explicar lo que dijo y la
verdad de lo que estaba pasando.
En la ciudad de Madrid
El Partido Popular lleva gobernando 26 años, además esta
ciudad ha sido testigo de muchas manifestaciones en defensa de la familia
tradicional donde representantes del PP, han mostrado su apoyo.
La Ley que regula las normas del trabajo, recomienda que
se debe legislar para que se produzca una conciliación entre la vida familiar y
laboral.
Conviene recordar lo anterior, ante el hecho de que la
alcaldesa Ana Botella (PP), cuando saca a concurso la adjudicación de la limpieza de la ciudad,
parece que no introduce en las cláusulas del pliego de condiciones nada que
haga referencia a la conciliación familiar, y así, la empresa adjudicataria FCC, cuando
planifica el trabajo de la plantilla, muy hábilmente buscando quizás otro fin,
ofrece a un matrimonio que lleva en este servicio diez años trabajando y tiene
tres hijos, la posibilidad de mantener su puesto de trabajo si se trasladan a
trabajar a otra ciudad. Pero, ¡cuidado! uno a Barcelona y otro a Cartagena. Es
obvio la encrucijada en que se encuentra está familia.
Si el Partido Popular cuando decide privatizar los
servicios públicos no valora y tiene en cuenta este tipo consideraciones, vale
preguntarse ¿Dónde está la defensa a ultranza del mantenimiento de la familia
tradicional?
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