Cuando se conocen datos de los procesos privatizadores y
el resultado final de quiénes forman parte de las empresas que consiguen la
adjudicación, se valora que muchas personas utilizan su paso por la política
para su posterior beneficio económico.
El trabajo político ejercido con dedicación, entrega y
espíritu de servicio a la ciudadanía, no debería ser empañado por acciones
reprobables que los ejecutores de la política utilizan en ocasiones para su propio beneficio
personal.
El último de los ejemplos lo tenemos en la Comunidad de
Madrid. Donde el exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), empieza a planificar
su futuro profesional desde la Consejería de Sanidad cuando era titular. Él se
encarga de implantar la externalización de las pruebas analíticas, que son
entregadas a determinada empresa. Y, luego cuando deja la política con los
datos y la información que maneja, la empresa primitiva concesionaria es
comprada por otra, en la cual, el Sr. Güemes, es Consejero. Jugada perfecta con
ingresos asegurados y pagados con dinero de la Sanidad Pública.
Además, este proceder es bien considerado por el actual
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no tiene nada que
objetar al proceso seguido. Con un pequeño ejercicio de imaginación podemos
vislumbrar el futuro que nos deparara el final de la privatización de los
hospitales y centros de Salud que el propio González, está impulsando desde su
Gobierno. Hoy, desde el poder político se planifica y mañana desde el área
empresarial recogemos los beneficios.
Echando la mirada atrás podemos valorar que el hecho de
tener un partido político mayoría absoluta no es garantía de que ello, se pueda
mantener en el tiempo. Por eso, después de perder las elecciones el Partido
Popular en 2004, y verse obligado a estar en la oposición hasta 2011, sus
compañeros que gobiernan con mayoría absoluta en las Comunidades autónomas, están
perfilando un modelo de gestión de los servicios públicos que les deje protegidos
económicamente ante el hecho, de no obtener el apoyo de los electores que les
permita seguir gobernando.
Conviene no olvidar que este modelo de gestión privada, que
crece cada día, las empresas que gestionan el servicio, tienen unos ingresos
garantizados por las administraciones públicas. En el caso que ilustra esta
reflexión conocemos que por cada ciudadano/a que pertenece a su área de
influencia la Comunidad de Madrid, entrega 16 euros, con independencia de si es
analizado o no. Por tanto, el objetivo de la empresa es conseguir cada
día mayor número de habitantes adscritos.
La evidencia de que estás prácticas no sean consideradas
delito, no impide que se consideren éticamente condenables para los gestores
políticos. En este caso, el Partido Popular.
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