Pero es necesario pararse a pensar el comportamiento que tienen los
representantes políticos que pagamos con nuestros impuestos. Esta semana, ha
sido un ejemplo aglutinador de cinismo y poca ética política de las personas
que se han visto afectadas.
Podía empezar la enumeración de casos que en principio se
veían afectados por escándalos de corrupción y evasión de capitales, donde las
élites políticas sacaban pecho y hacían declaraciones grandilocuentes ateniéndose
a la responsabilidad cuando el caso estuviera resuelto. Se produce el veredicto
y con una desfachatez enorme, se desdicen del compromiso público rebuscando la
salida para que nada les afecte y quedar incólumes de culpabilidad.
La grandeza de las hemerotecas nos facilita el poder
comprobar lo que se dijo entonces y lo que hoy se dice. Sinceramente, hay
momentos en que uno piensa si estos dirigentes creen que la ciudadanía no tiene
la capacidad suficiente para valorar lo que sucede.
El primer puesto del ranking lo consigue el Partido
Popular. Cuando se aprecia lo que sus dirigentes han dicho y dicen, cuando la
presunción del hecho, pertenece a un adversario político, la carga severa luciendo
honor y honra, produce titulares que se deben guardar. Si lo acontecido es
relacionado con personas vinculadas al Partido Popular, la vara de medir y
censurar se difumina a tal punto que nada parece que ha ocurrido.
Hay casos que claman al cielo: el cierre de filas que
hicieron con el exconsejero Güemes cuando privatiza los análisis de sangre en Madrid y luego
forma parte de la empresa que se los adjudica. Ha dimitido.
El propio presidente de la Comunidad Ignacio Gónzález,
que tiene pendiente la investigación de un piso de lujo que alquilaba y que ahora
resulta que es propiedad.
El extesorero Bárcenas que ha movido en Suiza 22 millones
de euros y que gracias a la Ley de amnistía fiscal de Montoro ha podido
blanquear 10 millones.
Son casos paradigmáticos que están generando la
valoración del cierre de filas que hicieron los altos cargos del PP cuando
aparecieron los hechos, y cómo ahora se desdicen de lo que protegieron.
Pero, el colmo de la desfachatez lo lidera Esperanza
Aguirre. Sin que lo que ha decidido tenga ninguna ilegalidad, no deja de
sorprender que la presidenta del PP de Madrid, y hasta hace bien poco
Presidenta de la CAM, cuando ocupaba ese cargo institucional, era el látigo de
todo lo que supusiera hablar de derechos catalanes, consiguiendo que sus fieles
seguidores dieran zarpazos a todo lo que fuera y representara la sociedad
catalana. Pues bien, a la señora no le han dolido prendas en aceptar una
sustanciosa oferta de una entidad catalana muy ligada al Gobierno de la
Generalitat. Hipocresía pura y dura todo lo anterior.
Por ello, es necesario pararnos y analizar lo que está
sucediendo con el Gobierno de España y sus adláteres de las Comunidades
autónomas, aplican sacrificio y más sacrificio y ellos mantienen un estatus
intocable.
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