En la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular gobierna
desde hace más de dos décadas con mayoría absoluta, esa holgada mayoría le
permite tomar decisiones unilaterales que el debate político no consigue
corregir.
Ante la situación creada y debido a que muchas de las
medidas que está asumiendo afectan directamente a la sociedad madrileña en
general y más concretamente a los profesionales que tienen que aplicarlas,
estos últimos, ante la impotencia de ser escuchados se ven abocados a recurrir
a los tribunales de Justica.
El caso que mayor repercusión tiene es la privatización, `externalización´
le llama el Partido Popular, de la Sanidad madrileña. Al día de hoy, conocemos
que las adjudicaciones de hospitales que ya estaban a punto de gestionar las empresas
privadas, están paralizadas a consecuencia de las denuncias de los
profesionales de la medicina que no se han resignado a aceptar el modelo
impuesto por el Gobierno de Ignacio González.
Esta práctica de concesiones no es nueva, lo que sí ha
sido es la más decisiva de todas las que hasta el momento se habían llevado a
cabo por los distintos consejeros. Anteriormente los señores Güemes y Lamela,
iniciaron una serie de concesiones a empresas privadas y luego, cuando han
dejado el cargo político en los gobiernos de Esperanza Aguirre, producto del
diseño premeditado, han formado parte de las distintas empresas que fueron agraciadas
con las adjudicaciones de su Consejería. "A esto se le llama `puertas giratorias´ los políticos que van al sector privado en los mismos sectores en los que han hecho gestión pública".
Por todo ello, el
juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la
imputación sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y
Manuel Lamela por su gestión en la primera época de la externalización
sanitaria. Asimismo, destaca que en la querella se "imputa el
delito de prevaricación, y cohecho a los querellados que han intervenido en las
adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos
previstos en la ley como la no exigencia del canon".
Añade que "se han beneficiado de dichos acuerdos
para después contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad como
Güemes y Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los que imputa en
unión de la empresas Capio, Ribera Salud y Unilabs".
A
estas conclusiones se llega después admitir a trámite una querella de la Asociación
de Facultativos Especialistas de Madrid AFEM,
contra la cúpula de la Sanidad
madrileña.
El trabajo político que impide realizar la mayoría absoluta del Partido
Popular, lo tiene que ejecutar los tribunales de Justicia.
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