El IDEC 2020 marca la situación en la que los servicios sociales han llegado a esta inesperada y traumática crisis provocada por la Covid-19 en la sociedad, y cómo se encuentran para afrontar los grandes retos que se plantean, tanto a nivel general como en cada territorio.
En el intervalo entre la crisis de 2008 y la que ha provocado la pandemia del Covid-19 en 2020, los servicios sociales se han ido recuperando. Seis Comunidades mejoran su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35).
Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25). Madrid sigue siendo la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2020.
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES
Siguen existiendo extraordinarias diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia:
- Muchas Comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener siquiera una Ley de nueva generación.
- El País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 €/año) que Murcia, con sólo 299 €/año.
- El porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más del doble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.
- Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%.
- En Navarra hay un profesional de los servicios sociales de atención primaria por cada 745 habitantes. En Canarias un profesional por cada 3.219 habitantes.
- En Castilla y León el 15,1% de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas. En Canarias sólo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y en Cataluña el Limbo de la Dependencia es del 31,9%.
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