El último Consejo de ministros aprobó la que ya es la
séptima reforma de la Ley de Educación. A pesar de tanta modificación, los
informes sobre los resultados de aprendizaje y asimilación de conceptos no nos
sitúan en puestos preferentes dentro de la Unión Europea.
En esta ocasión, el Partido Popular modifica materias vigentes
en la actualidad e introduce conceptos afines a su ideario político. Hay dos
asuntos estrella en el nuevo redactado: Educación para la Ciudadanía se suprime
en primaria, y en secundaria, se modifica y se define Educación Cívica y Constitucional. Obvia decir,
que todo el contenido progresista que contenía la anterior, en la nueva Ley queda
suprimido y se elevan otros valores.
Sin
entrar en más profundidad, este tipo de razonamientos han sido los culpables de
que todavía en España no se haya podido alcanzar un “Pacto por la Educación”
que evite próximas reformas y contra reformas. Además, en los momentos
actuales, para los profesionales de la enseñanza, supone una nueva
desmotivación al tener que cambiar métodos de enseñanza, que unidos a la
reducción de puestos de trabajo y por tanto, aumento de alumnos en las clases,
hace pronosticar que el nuevo informe PISA no pueda mejorar los actuales
resultados.
La
mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy, le permite adoptar decisiones
como las de mantener los acuerdos de ayuda económica a centros religiosos de un
marcado carácter ideológico que incluso tienen en su ideario el separar en las
aulas a los chicos de las chicas. Con el agravante reconocido de no considerar
sentencias que indican que dichos colegios, no deben ser subvencionados con el
presupuesto público. Es más, dentro de su defensa ideológica el ministro Wert,
afirma que “si es necesario se cambia la Ley que soporta la sentencia”.
Todavía
queda el trámite parlamentario que haga efectivo el desarrollo del contenido de
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Sería muy apreciado
por la sociedad española poder valorar que nuestros representantes se ponen de
acuerdo e introducen las variables necesarias que aseguren un inmediato “Pacto
de Estado por la Educación”.
