Ahora, después de muchas acusaciones se decide desestimar la demanda contra representantes políticos vascos que en su día entablan conversaciones con el mundo de Batasuna para buscar posibles cauces que conduzcan a que ETA, abandone las armas.
Periodistas de reconocido prestigio se ven obligados a presentar recurso contra la sentencia que les condena por hacer su trabajo ejerciendo la libertad de expresión e información libre y veraz.
En julio de 2006, en este blog referido a la macrourbanización del municipio de Seseña, manifestaba:
Hay que decir que éste, es un proceso que pinta muy mal desde sus inicios y seguramente el precio político a pagar va a ser alto, a la estela de los tiempos que corren. Si muchas urbanizaciones están plagadas de deficiencias y faltas de servicios públicos y privados, ésta (13.500 viviendas) es el colmo de la especulación: “por no tener no tiene ni agua potable asegurada para lo próximos habitantes de las viviendas”. Está construyéndose sobre un secarral de una finca rústica, cuyos anteriores labradores también se suman a la denuncia presentada por Manuel Fuentes, alcalde de Seseña (IU).
Algunas puntualizaciones. En 2007, vuelve a ganar Izquierda Unida, que gobierna en la actualidad en coalición con el Partido Socialista; que dicho sea de paso tuvo que deshacerse y volverse a refundar en Seseña.
En aquel año se presuponía que habría de pagarse un precio político alto, ya que, a la denuncia del alcalde contra Francisco Hernando, se había de sumar la crisis urbanística que ha dejado la macrourbanización empantanada con las consecuencias que esto tiene para los moradores instalados allí.
Colmatando los problemas, y como el potentado Hernando, tiene equipo jurídico hábil, consigue: El juzgado de instrucción número 1 de Illescas de Toledo, impone una fianza de diez mil euros al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), tras ser acusado de un delito de calumnias por el constructor Francisco Hernando, El Pocero, por unas declaraciones del regidor al diario El Mundo.
Es decir, una barbaridad urbanística como la que estoy comentando con muchas ramificaciones todavía pendientes de aclarar no puede dejar impasible a otras administraciones, este tipo de concesiones no sólo son competencia de la administración local, por tanto, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, no puede mirar para otro lado y hacer caso omiso a esta sentencia.
También, el Ministerio de Justicia tiene que poner orden y concierto a tanto despropósito jurídico.