Barómetro de julio y paro

El viernes pasado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció a los españoles una versión optimista de la situación económica que padecemos en España. Si no existieran otras fuentes informativas estoy seguro que se produciría un choque entre el entusiasmo de Rajoy, y la realidad que nos abraza diariamente.

Por ello, cuando hoy lunes nos hemos desayunado con los resultados de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) podemos valorar que el optimismo expresado por Rajoy, no ha contagiado a la sociedad española.

Así, cuando los entrevistados tienen que expresar su preferencias políticas actuales, nos encontramos que desde las elecciones generales de 2011, el Partido Popular que preside Mariano Rajoy, se ha dejado 15 puntos en estimación de voto. El otro partido mayoritario PSOE, desde la misma fecha, pierde 7,5 puntos. La recién creada dirección del PSOE, incide en que esta toma de datos, fue antes de la elección de la nueva Ejecutiva con Pedro Sánchez a la cabeza.

No obstante, se puede deducir de los resultados hechos públicos, que a pesar de no expresar una decidida confianza en el PP, sería ese partido el que hoy, ganaría las elecciones con un 30% en intención de voto. El PSOE sin la esperada recuperación obtiene un 21,2%. Y, la gran sorpresa, igual que ya ocurriera en el resultado de las elecciones europeas, se llama PODEMOS que lograría un 15,3% de los votos, convirtiéndose en la tercera fuerza política de España.

Desciende el paro

También hoy, según ha informado el Ministerio de Empleo el paro ha disminuido en 29.841 personas durante el mes de julio.

Importa conocer los datos sobre la estacionalidad y los sectores a los que afecta. Se incrementa el paro en agricultura. Baja en la industria, construcción y servicios. El colectivo sin empleo anterior se incrementa en 6.765 personas.

Finalmente, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años aumenta en julio en 6.478 personas. Se reduce en los jóvenes con más de 25 años con respecto al mes anterior.

La secretaria de empleo del PSOE, Mari Luz Rodríguez, reflexiona sobre la creación de empleo.

Mutilación democrática

Para cualquier observador o analista político, no es novedoso valorar las dificultades que tiene el Partido Popular para conseguir pactos y acuerdos con el resto de fuerzas políticas presentes en el Congreso de los diputados.

Partiendo de esa realidad y analizando los resultados electorales obtenidos en las recientes elecciones europeas, los estrategas del PP saben que el fin de la mayoría absoluta está a punto de llegar. Por ello, pensando en lo más inminente, las elecciones municipales y autonómicas empiezan a trabajar para encontrar la fórmula que les permita mantener el mayor número de alcaldías de las que hoy gestionan.

Eliminada lo que se conoce como política de alianzas, y vista la realidad fracturada de la izquierda, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso y Senado, lanza la propuesta salvadora: `que gobierne en los municipios el partido más votado´.

No dudo, que antes de hacerlo, ya han estado haciendo números y les deben salir las cuentas. Es decir, no les importa formar gobiernos minoritarios.

Serán muchas las personas que pensarán cómo se puede gobernar sin la mayoría necesaria para poder aprobar los presupuestos municipales.

En Getafe, ciudad donde el PP gobierna con 12 concejales, cuando la mayoría absoluta son 14, la aceptación de enmiendas presentadas por dos de los concejales necesarios de otros grupos, consigue sacar adelante la aprobación. Para el resto de proposiciones presentadas y debatidas en el Pleno, aunque siempre le molesta perder algunas, no siente especial preocupación. “El Pleno no gobierna, lo hace la Junta de Gobierno”.

Es decir, el ejemplo ilustra que existen salidas. Si el Partido Popular consigue aprobar una ley con ese contenido, está provocando una reacción inteligente en la izquierda progresista de España. Cuidado que no es una cuestión baladí. A la propuesta de Mariano Rajoy, ya se le ha sumado Esperanza Aguirre.

Hasta hoy, las normas democráticas que nos habíamos dado permitían que fuerzas independientes de una misma tendencia ideológica, vistos los resultados de apoyos recibidos, pueden configurar una alianza para gobernar. Y, no se está pervirtiendo el sistema ni alterando la voluntad mayoritaria de la sociedad electora.

Lo que me ha llevado a plantear este asunto, además del anuncio realizado, lo genera el estar leyendo el número 6 de `Cuadernos´ eldiario.es. En este monográfico dedicado al `futuro de la izquierda´ se pone de manifiesto que no van a quedar muchos votantes de izquierda que no tengan un partido al que votar. Por eso, interesa mirar con lupa la jugada anunciada por el Partido Popular.

Análisis local, Getafe

Al día siguiente de unas elecciones cuando los partidos políticos hacen sus análisis, encuentran todo tipo de interpretaciones del porqué de los resultados. Incluso desde el ámbito local, se puede escuchar que ha sido producto del resultado a nivel nacional o autonómico.

En el sur de la Comunidad de Madrid, se da la circunstancia que allí donde gobiernan ganan las elecciones con mayor o menor margen, en Pinto, Móstoles, Alcorcón y Valdemoro con gobiernos del PP revalidan la confianza, en Fuenlabrada y Parla el PSOE también consolida sus apoyos. La singularidad que rompe lo anterior, se produce en Getafe y Leganés que estando gobernados por el PP, sin embargo, gana el PSOE. En todos ellos, la tercera fuerza es PODEMOS.

El fenómeno Getafe que conozco bien, desde la perspectiva personal me atrevo a testificar que no siendo mala la gestión con independencia de la prioridad que cada Gobierno imprime a sus decisiones políticas, está sucediendo un hecho progresivo que al Partido Popular le está “segando el césped”.

Pensemos que en 2011, consigue ilusionar a la mayoría del electorado y por ello, al ser la fuerza más votada UPyD, permite que gobierne. Además, en su `compromiso con Getafe´ nos decía cosas como estas:

Por eso hablamos de un PROGRAMA ABIERTO y de un PROYECTO COMPARTIDO.

“Proponemos soluciones y reformas que queremos aplicar con la participación de todos. Venimos a sumar, a integrar, a escuchar. Venimos con vocación de servicio a trabajar por Getafe con ilusión y entrega.

Tenemos la gran fortuna de contar con una sociedad getafense fuerte, plural, vertebrada y dinámica, y apostamos con decisión por su presencia y protagonismo en la gestión pública.

Confiamos en las instituciones y los agentes sociales y en sus iniciativas que contribuyen al interés general. Creemos en el COMPROMISO y el ACUERDO, en la participación vecinal y en el diálogo social como elemento fundamental de nuestra sociedad democrática.

Es nuestro deseo que el PROYECTO COMPARTIDO al que te invitamos a sumarte permanezca por encima de las disputas partidistas y más allá de los prejuicios ideológicos. Getafe necesita un NUEVO IMPULSO. El nuestro ha de ser no un gobierno de partido, sino un gobierno para todos, un GOBIERNO POPULAR”.

Pues bien, el noventa por ciento de lo expuesto se está incumpliendo. Pero no sólo esta dejado de lado, sino que, cuando la sociedad plural vertebrada y dinámica ha pedido participar y ser escuchada la respuesta ha sido el silencio, cuando no despachada de manera despectiva.

Esa sensación que percibe la sociedad está calando como `gota malaya´ y provoca recelo hacia el Partido Popular.

El lastre de las leyes aprobadas

En la recta final de la campaña a las elecciones europeas, el Partido Popular hace filigranas políticas para no tener que dar cuenta a los electores de las consecuencias reales que está teniendo la puesta en práctica de las leyes aprobadas con su mayoría absoluta.

Incluso, la secuela que deja el no haber acometido con valentía una reforma de la Ley hipotecaria de interpretación inequívoca de cómo se puede solucionar el drama de los desahucios en España. Por falta de esa decisión política asistimos al informe del Banco de España donde se nos dice que casi 39.000 familias han perdido su vivienda habitual durante el año 2013. Si a esta cifra le sumamos las segundas residencias nos vamos a la cantidad de 50.000 viviendas.

Otra ley que está creando alarma social es la conocida por Ley de Justicia Universal. Cada día, el hecho de que los jueces tengan que aplicar su contenido, hace que presuntos delincuentes internacionales estén saliendo de nuestras cárceles sin ser juzgados. Pero es más, en unas recientes declaraciones de Baltazar Garzón, nos advierte que con esta Ley, “si el líder del grupo terrorista que ha secuestrado a las niñas nigerianas viniera a España de vacaciones, no se le podría detener”.

Gracias a la salida espontánea del candidato Arias Cañete sobre el concepto intelectual de las mujeres, para justificar su fracaso en el debate mantenido con la candidata Valenciano, hoy sí se habla de la nueva Ley del aborto que el Gobierno de Mariano Rajoy con su alumno aventajado el ministro Gallardón, están pendientes de aprobar con su mayoría absoluta en el Congreso.

Y, precisamente debido a que el día 25 tenemos que elegir a quiénes no van a representar en el Parlamento europeo, en las exposiciones públicas se está hablando de las consecuencias que para los trabajadores está teniendo la aplicación de la `Reforma Laboral´ aprobada por el Partido Popular. Además de la facilidad para despedir, los que están trabajando ven mermado su sueldo en un 10% con respecto a lo que cobraban antes de la entrada en vigor de la Ley.

Para corregir desde Europa estas iniciativas, es necesario un cambio de composición política en el Parlamento fortaleciendo el grupo progresista.

Continúa la sangría del paro

Mucho está dando que hablar y escribir las últimas cifras publicadas sobre la creación de empleo en España. A nivel nacional el empleo se ha reducido en 79.600 personas en los últimos 12 meses. Es el trimestre menos negativo desde el año 2008.

Sin embargo, se sigue destruyendo empleo y las cifras sitúan el paro en 5.933.300 personas. Aunque el número de jóvenes en paro menores de 25 años contabilizados, indica que ha bajado en 25.700 personas, el total de desempleados asciende a 881.400.

Siendo grave lo anterior, lo que realmente nos debe preocupar es el dato que indica que el número de hogares con todos sus miembros en paro subieron 53.100, lo que supone un 2,7% más que el trimestre anterior, hasta situarse en 1.978.900 familias.

Con esta cruda realidad, es muy difícil digerir la información que desde el Gobierno que preside Mariano Rajoy, nos lanzan los medios de comunicación diciendo que ya estamos en la senda de la recuperación. La macroeconomía podrá estar viendo visos de recuperación, pero los ciudadanos de a pie lamentablemente no es la percepción que tenemos, ya que, no se frena la caída del empleo.

También, para los estudiantes becados debe ser insufrible comprobar que además de la reducción de la cuantía en becas universitarias de 3.101 euros a 2.824 euros este curso, ha aumentado la nota media para acceder a la ayuda de 6,8 a 7,4. Y, sobre todo, el drama que muchos estudiantes están soportando debido a que falta un mes para finalizar el curso y todavía no han recibido el importe de la cuantía que les corresponde.  

Como se comprenderá por mucha imaginación que le ponga la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio para difuminar la atención sobre la realidad que se vive, diciendo que: “se ha aumentado el presupuesto en Educación, pero la subida la ha consumido el incremento de los sueldos de los profesores”, esto es, una cortina de humo para que no deje ver la mala gestión que está implantada.

Así terminamos un mes de abril que ha sido muy elocuente en afirmaciones que hacen desmoralizarse a la sociedad. La más sonada la de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, cuando afirmó: “hay que bajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación”. “Actualmente hay un millón con cero cualificación y las empresas están obligadas a pagar el salario mínimo aunque no valgan para nada”.

Yo me pregunto, ahora que estamos en pleno proceso preelectoral para elegir a nuestro representantes en la Unión Europea, cómo nos verán a los españoles más allá de los Pirineos.

España sobre ruedas

Así define la ministra de Trabajo siguiendo el manual del Partido Popular la situación que se está viviendo en España de cara a la recuperación económica. Es decir, Fátima Báñez, no debe considerar creíble el informe de Eurostat, que sitúa a España a la cabeza del paro en Europa.

El apelativo `sobre ruedas´ sólo lo podemos utilizar si tenemos en consideración el informe de la Dirección General de Tráfico que dice que durante esta semana tendremos 12.500.000 desplazamientos en nuestras carreteras. Obviamente, muchas de estas salidas irán con destino a lugares turísticos y consecuencia de ello, se contratara a desempleados para la los días más concurridos. Ello, nos conduce a que las cifras del paro correspondientes al mes de abril, digan que ha bajado el desempleo. Un espejismo transitorio.

La cruda realidad son los datos demoledores del estudio que hace Europa sobre la situación del paro en España. Por tanto, por mucho que el Partido Popular y sus dirigentes mediáticos al unísono, insistan en que vamos a buena velocidad de recuperación, las cifras expuestas son dramáticas:

Andalucía con una tasa de paro del 36,3%, Ceuta con el 35,6%, Melilla 34,4%, Canarias 34,1%, y Extremadura 33,7% son las comunidades de la Unión Europea con más paro. En los diez primeros puestos de la clasificación de la UE también se encuentran Castilla-La Mancha en el puesto número siete con el 30,1% y Murcia en el noveno lugar con el 29,4% de paro. Datos correspondientes al año 2013.

Después de analizar estos datos, pienso en las personas que estén viviendo en esta parálisis de trabajo y cómo valorarán las optimistas declaraciones del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Pero, también valoro el sentimiento de la juventud que se encuentre en esta situación, la misma noticia nos ofrece el particular momento que viven:

Igualmente, el paro juvenil está a la cabeza entre las diez tasas más altas de UE. Ceuta encabeza la lista con el 72,7% de paro, Andalucía 66,1%, Canarias 65,3%, Extremadura 61,7% y Castilla-La Mancha 61,6%.

Esta severa realidad choca frontalmente con episodios de estafa a las administraciones públicas, emanadas de las ayudas destinadas a políticas de formación para desempleados. Primero, fue la Comunidad de Madrid, la que está en proceso judicial para aclarar a dónde fue a parar el dinero que no se utilizó para los cursos a los que iba destinado.

Ahora, más recientemente, la Unidad central de Delincuencia Económica (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial ha detectado un fraude masivo en los cursos de formación que se deberían haber impartido en Andalucía y para los cuales recibieron subvenciones europeas entre los años 2009 y 2013.

Esta es una noticia letal para el proceso preelectoral que está en marcha. Con estas aves de rapiña instaladas en el sistema y la falta de control sobre la gestión del dinero público es muy difícil hacer creer que debemos participar en la elección de nuestros candidatos al Parlamento Europeo. La Sociedad española estamos obligados a terminar con todo esto.

La amenaza de la Sanidad Pública

La `Marea Blanca´ en Madrid de nuevo ha estado en la calle. En esta ocasión reivindicando la devolución al sistema público de las derivaciones que se hacen a los hospitales privados. Además, quieren garantías sobre la retirada de la externalización de hospitales y centros de Salud. Para ello, piden que se formalice el proceso publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

La manifestación ha sido convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) y ha comenzado a las 12 horas en el Hospital La Princesa continuando hasta la Puerta de Alcalá.

Dentro de las derivaciones más recientes tenemos la concesión a Cruz Roja que gestiona la extracción de sangre de la Comunidad, y la gestión de la Lavandería Central Hospitalaria que está en manos de la empresa Flisa.

Sobre esta empresa es necesario distinguir que ha recortado un 46% el sueldo de las trabajadoras que han pasado de cobrar 1.100 euros a 645.

Respecto al convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja, los empleados del Centro de Transfusiones de Madrid, afirman que el acuerdo permite a Cruz Roja realizar transfusiones de sangre en los puntos de calle donde antes se situaba el Centro de Transfusiones público, cobrando a la Comunidad 67 euros por bolsa de sangre extraída.

Recientemente hemos conocido el estudio del Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria (IDIS). Así, sabemos que el dinero que la Sanidad Pública paga a la Privada ha crecido un 52%. Ninguna Comunidad es ajena a la utilización de medios privados para sus redes de salud.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid del PP ha impulsado las partidas de dinero público hacia medios sanitarios de empresas un 13,7% más de media en diez años.

A pesar de haber paralizado la privatización de hospitales y centros de salud, en la Comunidad existen cuatro hospitales nacidos como concesión para contratistas: Infanta Leonor (de IDCSalud) con un canon de 33 millones; Torrejón (Sanitas, Asisa, Bankia, Concessia y FCC) con uno de 110,2 millones; Móstoles (IDCSalud) con pago de 107,1 millones y Collado Villalba. Este último centro no ha sido puesto en marcha porque el Ejecutivo de Ignacio González considera que no puede afrontar el pago del canon, aunque sí se abona 11 millones al año en concepto de mantenimiento).

El Gobierno de la Comunidad, tiene firmado un concierto singular con la Fundación Jiménez Díaz por 30 años para atender en ese Hospital a toda la población de referencia. En 2012 y 2013 la Comunidad le ha abonado más 300 millones por cada anualidad.

Ante esta rigurosa realidad la `Marea Blanca´ ha llevado a cabo su decimoséptima protesta en defensa de la Sanidad Pública madrileña.

Los hombres de Aguirre

La dimisión del senador y diputado en la Asamblea de Madrid, Francisco Granados, nos obliga a retrotraernos y analizar al equipo de hombres de confianza que han acompañado a la presidenta Esperanza Aguirre en su periplo político en la Comunidad de Madrid.

Así, podemos ver a Juan José Güemes y Manuel Lamela, ambos consejeros de Sanidad con los gobiernos de Esperanza Aguirre, y hoy, imputados debido a la trama privatizadora de la Sanidad pública madrileña. Además, de ejemplos de lo que en política se conoce como `la puerta giratoria´.

También tenemos a Alberto López Viejo, exviceconsejero de Aguirre, imputado en el conocido `caso Gürtel´ y donde las últimas noticias sobre este personaje nos lleva a conocer que producto de todas las operaciones llevadas a cabo con la `trama´ los expertos consideran que ha podido defraudar a la Hacienda pública española la cantidad de 1.792.000 euros.

Siguiendo la cronología de los sucesos, tenemos al sucesor, Ignacio González, cuyas operaciones inmobiliarias en Marbella, están siendo igualmente investigadas debido a la falta de claridad y transparencia en la compra del conocido ático.

Y, finalmente hasta hoy, sabemos que Francisco Granados, el recién dimitido senador y diputado guardaba su dinero en Suiza. La cantidad detectada, 1.500.000 euros, hace que el importe, más pronto que tarde, genere una investigación sobre su procedencia. Anteponiendo la presunción de inocencia, lo que está claro es que tal cantidad de dinero, es muy difícil que pueda ser producto del ahorro de los distintos sueldos que ha cobrado de la administración pública madrileña.

Indudablemente, los muchos años de gobiernos populares en la Comunidad de Madrid, están cosechando casos muy sospechosos que están creando alarma social entre los madrileños. Recordemos   la cantidad de alcaldes imputados que han tenido que dimitir por estar implicados en casos de corrupción. 

Llegados a este extremo, es precisamente a la sociedad madrileña a la que le toca decidir si cortamos definitivamente estos sucesos con la fuerza de nuestro voto.

Tornado político en Getafe

La multitudinaria Asamblea Socialista celebrada el viernes 14, en la Agrupación de Getafe, lo que allí se dijo y de la manera que algunas personas lo dicen, no augura el final del conflicto. Por ello, voy a intentar poner luz sobre la sombra.

Vaya por delante que nunca desde el inicio de la transición democrática después de la dictadura, la Casa del Pueblo de Getafe, había vivido un ambiente tan combativo entre sus militantes.

Bien es verdad, que la mayoría de la actual dirección con la Secretaria General, Sara Hernández, mantiene el tipo aguantando embestidas muy severas.

Pero, para entender la realidad de hoy, hay que remontarse al proceso de primarias llevadas a cabo entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez para ocupar la Secretaría General del PSM.

Libremente los/as militantes, nos posicionamos debatimos y votamos.

Posteriormente, se confecciona la lista para concurrir a las elecciones municipales de 2011. El resultado hizo que el PSOE de Getafe, abandonara la alcaldía después de 30 años de Gobierno. Es obvio, que transcurrido tanto tiempo, no hay cultura de trabajo en la oposición.

Producto de lo anterior, se produce una renovación democrática en el interior de la dirección de la Agrupación, y también un cambio de nombramiento en los cargos electos del Grupo Municipal. Que al mismo tiempo, consecuencia de la crisis de las administraciones públicas, hace que no todos los concejales/as de los nueve que conforman el Grupo puedan tener sueldos de liberados. Esto, deja huella interna.

Si sumamos la desubicación del trabajo en la oposición, la nueva dirección renovada y el malestar por la falta de ingresos, tenemos un coctel que no permite poder trabajar con la serenidad y tranquilidad que cualquier dirección recién elegida necesita. Entre otras cosas para tratar de conseguir la unidad que haga a todos/as remar en la misma dirección.

A esa asignatura pendiente, hay que añadir un proceso judicial pendiente de resolución conocido en Getafe como `Caso Aparcamientos´. Aunque en principio es desestimado por falta de consistencia prevaricadora, el Partido Popular lo recurre en el año 2009, y ahora sí, (la justicia pendiente de sentencia) ello, obliga por ética política y cultura interna del PSOE, dimitir a cuatro concejales del Grupo Municipal.

Si me quedara en este relato de lo superficial y conocido, no habría merecido la pena. Pero, la realidad que se vive, es que la que fuera Primer Teniente de alcaldía, Sara Hernández, con Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la FEMP, hoy, es la Secretaria General de la Agrupación y persona que no se ha visto implicada en el proceso de dimisión. Sí ha tenido que dimitir el concejal Pedro Castro por estar incluido en la lista de afectados.

Pues bien, digo y doy fe testimonial, que en el uso de la palabra que se le concede al compañero Castro, de manera directa y puesto a explicar el proceso del `Caso´ no tiene ninguna consideración en recordar el pasado en el cargo que ocupó la actual Secretaria General. Con lo cual, se genera entre los asistentes diferentes interpretaciones que hacen que las intervenciones posteriores fueran muy duras y directas.

La solución del problema que vivimos no pasa por el enfrentamiento. Es recomendable: primero, elegir a las cuatro personas que van a reemplazar a los compañeros/as dimitidos. Esto se tiene que hacer con la solvencia política que tiene el PSOE-Getafe. Segundo, democráticamente cuando se abra el proceso de primarias para elegir al candidato, candidata a la alcaldía de 2015, será el momento de dirimir y analizar los equipos y las propuestas que consideremos de mayor solvencia para presentarnos a la ciudadanía de Getafe.

Ahora, lo que toca es ser altavoces denunciando las políticas que aplica el Partido Popular en Getafe, y las alternativas que consideran los socialistas más beneficiosas para la sociedad getafense.

Si no se hace o no se puede hacer así, estamos amenazados por el `tornado político´.

La Marea Malva en Madrid

Desde ayer viernes, las televisiones nos están reiterando las declaraciones que la dirección del Partido Popular está exponiendo en la Convención de Valladolid.

Comienzan con la unidad del Partido, para luego pasar a expresar que el PP, son los únicos capaces de mantener España unida. La verdad es que, tanto en una cosa como la otra, les está faltando cintura política para garantizar que así sea.

Hoy sábado, el mensaje es transmitir que el sufrimiento que estamos viviendo los españoles con la pérdida de calidad en los servicios públicos y el incremento de impuestos que nos azotan, serán aliviados en 2015, año de elecciones.

Pero, además de la convención política popular, este fin de semana también ha sucedido algo que me llena de ilusión. Que una idea que nace desde un pueblo de Asturias, haya conseguido que miles y miles de mujeres y hombres llenen las arterias principales de Madrid, desde la estación de Atocha hasta el Congreso de los Diputados en un ambiente festivo-reivindicativo, es algo que hacía mucho tiempo que no sucedía.

Antes, decía que los españoles estamos sometidos a unas restricciones económicas que provocan que muchas familias estén en situación extrema de pobreza. Que los informes sobre la economía sumergida estén desorbitados, que los salarios y las pensiones cada día pierden poder adquisitivo y que la iniciada clase media esté desapareciendo. Aunque en contraposición las familias ricas cada día acumulan más.

Pues bien, siendo gravísimo lo anterior no es fácil que la sociedad salga a la calle de la manera hoy lo ha hecho la `marea malva´ en Madrid.

Y, es que a todo lo relatado anteriormente, ahora el Partido Popular con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza y el subalterno ministro Gallardón, han pasado la línea roja de la libertad.

Para una sociedad que ha vivido durante cuarenta años anhelando las libertades que nuestros coetáneos europeos disfrutaban y que miles de personas han perdido su vida por tratar de alcanzarlas, si un Gobierno elegido democráticamente, pretende someter de nuevo a la sociedad a la perdida de la libertades, ésta se revela.

La mitad de los habitantes de España son mujeres y son ellas y nosotros los que vemos que la nueva Ley del Aborto nos lleva a los años de las tinieblas del franquismo.

De ahí, que desde un pueblo lejano a la capital, hayan conseguido llenar las calles de Madrid en una protesta que no debe obviar el Gobierno de Rajoy.

Mala cuenta de resultados

La información que nos ofrece la Cadena SER sobre la decadencia de la asignatura de Religión en la escuela pública y en menor medida en la escuela privada, hace que igual que le sucedería a cualquier empresa, la Conferencia Episcopal Española, el balance que presenta es una `mala cuenta de resultados´.

Analizados los datos del informe se llega a la conclusión de que en las Comunidades autónomas donde la tradición procesional y fiestas relacionadas con la liturgia de las mismas, es más abundante, se registra mayor número de matriculaciones en la enseñanza obligatoria en los ciclos de primaria. A pesar de ello, conforme los alumnos van creciendo en secundaria empieza a bajar y la tendencia definitiva se confirma en bachillerato. Así durante toda la década 2001 – 2012.

País Vasco, Cataluña y Baleares son los lugares donde menos estudiantes eligen cursar la asignatura de Religión.

Hemos de recordar que este desapego se produce cuando hay libertad de elección para elegir la asignatura de Religión u otra materia académica alternativa. Es obvio que los jóvenes conformen van  ajustando su propio criterio y ante lo que los dirigentes católicos españoles dicen que debe ser la práctica religiosa católica no se sienten atraídos hacía los principios de la doctrina.

Este fracaso aplicado a cualquier entidad, empresa u organización, sería motivo de estudio muy severo para averiguar cuáles son las causas que lo producen. Pero, en el caso de la Conferencia Episcopal, en lugar de hacer ese análisis, lo que hace es exigir al Gobierno de turno la imposición de la asignatura. En estos momentos, gobernando el Partido Popular, la Iglesia Católica ha conseguido de manera muy sibilina a partir de la ley Wert, que compute para la nota media el resultado de la asignatura de Religión para la obtención becas. Es cierto que siempre queda la alternativa de `Valores Cívicos´.

Se puede concluir que la fe y las creencias religiosas no se imponen, las decisiones que se toman en ese tipo de posicionamiento en la vida son por convencimiento. Y, eso es precisamente lo que le falta a los dirigentes eclesiásticos españoles convencer con sus postulados y acciones diarias acercándose a la realidad social del siglo XXI.

Os dejo el enlace para vuestra propia consideración.

Declive imparable de la asignatura de Religión católica.

La sociedad reacciona

Cuando parecía que la sociedad española aceptaba sin coste alguno para el Partido Popular, el incumplimiento de su programa electoral y por tanto, la aplicación de unas políticas económicas que nos hacen vivir en una constante recesión, el hecho de querer también aplicar recortes en derechos sociales hace que la ciudadanía diga ¡basta!

Así, conocemos por la encuesta que ofrece el País, que si hoy se celebraran elecciones el PSOE ganaría. La aplicación de leyes que nos han sometido a un sacrificio con el pretexto de que después vendrá la recuperación, ya había desgastado bastante al PP, debido a que la ciudadanía no aprecia indicios de esa recuperación a la que el presidente Rajoy alude.

Para el Gobierno cabía la esperanza de que si llegaba a 2015, con datos reales de crecimiento en la economía diaria, podría recuperar la credibilidad perdida.

Pero, cuando hemos valorado que además de los sacrificios, ahora también perdemos derechos reconocidos y ganados que nos protegían a quienes necesitaban hacer uso ellos, se empieza a consolidar una tendencia de cambio de voto.

Desde mi punto de vista, la reducción de servicios sanitarios, educativos, jurídicos, pensiones y pérdida de poder adquisitivo, ya era motivo para que nos diéramos cuenta de la ideología conservadora del Gobierno. Pero, han sido las dos últimas leyes en proceso de tramitación las que han colmado la paciencia y están provocando la indignación de la sociedad.

El ministro del Interior, Jorge Fernández con ley de Seguridad Ciudadana, la mordaza que nos quiere aplicar a la sociedad, no deja contentos a la izquierda, ni a la derecha que critica el proceder que aplica a los presos de ETA.

Si la sumamos a la ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón con la nueva ley  de interrupción del embarazo, están consiguiendo que el sueño y la esperanza de recuperación de la confianza electoral se esfume.  

Gallardón y Rajoy, se equivocan con la aplicación del contenido de esta ley. La que está vigente en este momento cubre y garantiza que nadie que decide interrumpir su embarazo será perseguido ni castigado. Y, por supuesto a nadie obliga tener que hacer uso de ella.

Por ello, el 80% de los ciudadanos estamos en contra de los planteamientos de la ley del PP. Incluso es rechazada por la mayoría de votantes del Partido Popular.

Encuesta. El aborto debilita el apoyo electoral al PP. 

Pin-pon de la Sanidad madrileña

El empecinamiento interesado que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Ignacio González, en querer privatizar siete hospitales públicos y varias decenas de centros de Salud, está permitiendo que la sociedad madrileña valoremos la manera de gobernar que tiene el Partido Popular.

Gracias a la acción de la Justicia que admite a trámite los recursos presentados por los Socialistas madrileños, el sindicato Comisiones Obreras, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y AMYTS, se paró en seco el proceso hasta que las distintas jurisprudencias se pronunciarán y aclararán el contenido de lo argumentado en lo recursos presentados.

Este fue el primero y principal varapalo que el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, tuvo que soportar. Si bien, obtuvo un balón de oxígeno cuando el magistrado presidente del TSJM, hoy expresidente Gerardo Martínez Tristán, decide aunar los siete recursos para que sea el Tribunal Superior quien juzgue el asunto midiéndolo con el mismo razonamiento. Evitando siete interpretaciones distintas que generara llevar a más tiempo la paralización de la privatización.

Y, es así que llegamos al día 9 de enero fecha fijada para el primer encuentro que reúne a los 50 magistrados que integran la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Gobierno de González, esperaba que el Tribunal empezase a deliberar sobre la privatización de la Sanidad madrileña, la sorpresa ha surgido cuando los magistrados después de dos horas de reunión, deciden devolver los recursos aglutinados en el TSJM a cada uno de los tribunales a los que fueron adjudicados. Por tanto, estamos en el primer punto de partida de toda esta historia.

Este enorme contratiempo como ya es costumbre cuando la Justicia se pronuncia, lleva a declarar al consejero de Sanidad, que acata la decisión del Tribunal, y pide que se acelere los procedimientos.

Dada la envergadura que contiene todo lo que se tiene que analizar, mucho me temo que puede llevarnos gran parte del año 2014. Empezaremos con la campaña electoral para 2015, con la memoria muy fresca de todo lo que vamos a vivir en este pretendido proceso privatizador de la Sanidad madrileña.

Decía al principio que los madrileños estamos apreciando las formas de gobernar del PP madrileño y son precisamente esas decisiones políticas, las que hacen que todas las encuestas digan que pierden la mayoría para seguir gobernando.

El falso triunfalismo de Rajoy

Al finalizar el último Consejo de Ministros del año 2013, el presidente Mariano Rajoy, hizo una exposición general de la situación que vivimos en España. Además, ayer sí, acepto que los periodistas pudieran hacer las preguntas que correspondían.

Lógicamente, ya atesora en su haber las suficientes decisiones tomadas durante su época de Gobierno, que nos permite hacer valoraciones con independencia de la ostentación que él presenta en su intervención.

Ya tenemos una nueva Ley de Educación, ante la cual, toda la Comunidad educativa de España, ha manifestado su desacuerdo con el contenido que le ha imprimido el ministro Wert.

También contamos con una Reforma Laboral, cuyos efectos de creación de empleo no tienen visos de realidad. Ahí tenemos las cifras de parados, y a los que trabajan la reducción del salario.

Está en trámite la Reforma Local, que dejará reducidas las competencias de los ayuntamientos como administraciones cercanas en la prestación de servicios sociales.

Dentro del apartado económico presenta la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, al mismo tiempo que autoriza la subida de la luz, administra una fórmula que reduce las pensiones durante los próximos diez años, y aplica el copago de los medicamentos a los enfermos crónicos a partir del día 1 de enero.

En el apartado de libertades están en proceso dos leyes que nos van a restringir la libertad de manifestación y protesta; a las mujeres en su vida las retrotrae a los años 80 del siglo pasado. Dejándonos con la Ley del Aborto del ministro Gallardón, en la cola de los países de Europa. Cuando hoy, éramos equiparables.

Estas son las contrarreformas que lleva aplicando en su legislatura. Amén de todos los escándalos de corrupción que estamos valorando que suceden en el seno del funcionamiento de su partido.

No quiero terminar sin cargar en su mochila, el haber propiciado la destitución del Juez, Baltasar Garzón, y el interés especial que ahora el mecanismo le quiere aplicar al Juez, Elpidio José Silva. Al primero por abrir la investigación del caso Gürtel, y al segundo por investigar la quiebra de Caja Madrid y recomendar el encarcelamiento de Miguel Blesa.

El Partido Popular demuestra con estas decisiones que todavía para ellos, hay castas políticas que son intocables. Con esto, hay que terminar.

Retrocedemos 30 años

Falta poco para que finalice 2013. Año que yo considero como asfixiante para la sociedad española. El Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy, ha ido implantando leyes y medidas que nos hacen retroceder 25 años en nuestra historia.

Paso a paso hemos perdido derechos laborales, nos aplican subida de impuestos, nos recortan servicios en Sanidad, Educación, Pensiones, Justica, y no contestos con ello, ahora le meten mano a las `libertades´.

La Ley `Mordaza´ sobre Seguridad Ciudadana viene a controlar todas las consecuencias que genera tanto atropello anteriormente descrito. Pero todavía avanzan más en la línea represiva que tienen diseñada. Y, así, conocemos la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que de voluntaria no tiene más que el título, debido a que si la mujer no es violada y denuncia el acto, ella en España no tiene posibilidad de tomar la decisión que considere más conveniente para su persona.

Luego tenemos el segundo supuesto `malformación del feto´. Aquí todavía someta más a la mujer al calvario de tener que pasar por la revisión e informe de dos profesionales independientes y que el veredicto coincida en el pronóstico: “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer”.

Esta Ley, si finalmente se aprueba así por los representantes del pueblo en el Congreso provoca tantas lagunas e injusticias que sólo las mujeres con poder adquisitivo van a poder disponer de su voluntad cuándo y cómo lo consideren conveniente. A bote pronto me sale una pregunta ¿Quién selecciona a los médicos independientes y quién paga los informes?

También tenemos los demás casos de embarazos no deseados que no han sido producto de violación ¿Las obligaran a las mujeres a tener que poner falsas denuncias?

Sinceramente considero que esta desmesura del contenido de la Ley, no puede ser aprobada. Para evitarlo las mujeres del parlamento español con independencia de la ideología política tienen que votar en contra. No pueden doblegar a todas sus semejantes de género a tener que someterse al capricho de una legislación antediluviana del ministro de Justicia. Menuda Justicia nos está dejando el santo de Gallardón.

Pero cuidado, el pensamiento me lleva a considerar que todavía existen derechos conseguidos y que afectan a grupos de personas que el anterior Gobierno Socialista ha proporcionado igualdad de trato y derechos. Mucho me temo que los próximos en acorralar serán los grupos de homosexuales y lesbianas. Recordemos que a la Iglesia Católica no le gusta el matrimonio Civil entre iguales.

Esta horrible situación que vivimos en España, sólo se arregla con unas elecciones anticipadas.

La muerte de Caja Madrid

Recuerdo que cuando alguien preocupado por sus ahorros, preguntaba en la oficina al director de turno de la extinguida Caja Madrid, sobre la seguridad de su dinero, la respuesta era siempre la misma: “Si la Caja callera, España estaría muy mal”. Toda una premonición.

Con la investigación que llevó a Miguel Blesa a la cárcel, estamos conociendo las intrigas palaciegas que se traían entre sí y los negocios que se generaban bajo el manto protector del que fuera presidente de Caja Madrid.

A él, recurrían unos y otras para que fuera el asidero de grandes compras de obras de arte y colocaciones con excelentes retribuciones.

Así, conocemos que su mentor el expresidente José María Aznar, estaba interesado en que Caja Madrid, comprara varias obras de arte del pintor y escultor Gerardo Rueda. Cuyo precio ascendía a 54 millones de euros. Todavía nadie ha sabido el motivo de por qué Aznar, quería que se comprara la obra del fallecido artista.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, solicitaba a Miguel Blesa puestos de especial retribución para allegados que estaban fuera de los cargos públicos. Obvia decir, que el presidente de la Caja, trataba de satisfacer a uno y otra, pero no siempre encontraba facilidades entre sus colaboradores para que se aceptaran las propuestas. Ya en ese tiempo se percibía la inestabilidad económica (2008 y 2009).

La Fundación a través de la cual se tenía que hacer la operación para construir un museo, estaba dirigida por Rafael Spottorno, que cuestiona el valor de la tasación de las obras. Esto, retrasa la negociación y José María Aznar busca intermediarios que agilicen el asunto.

Ahora, sabemos que la fallecida consejera de Caja Madrid, Mercedes De la Merced le manda un correo donde le dice al presidente Blesa, “que Aznar está triste por la negativa de la Caja a su proyecto”. Igualmente, el entonces alcalde de Madrid, “también está molesto”.  Y, se ofrece ella, por si puede hacer algo.

Mientras todo esto sucedía, ya la Caja empieza a negar el crédito a gran parte de sus clientes como consecuencia de su mala salud financiera que, años después, acabaría en el mayor rescate bancario de la historia de España.

De esto, nos enteramos gracias a la investigación que puso en marcha el juez José Elpidio Silva. Podemos concluir que el Partido Popular prioriza la ayuda a sus amigos dejando morir a la mayor Caja de Ahorros de España. Lo que vino después ya es conocido. Preferentes y otros productos de alto riesgo para sus clientes.

Otra agresión a la Constitución

Vivir para ver. El Partido Popular tan defensor de la Constitución Española en muchos de sus artículos, cuando se trata de cuestiones monetarias, miran para otro lado y cambian todo lo necesario que haga falta con tal de conseguir el objetivo pecuniario.

Así, conocemos que ayer el Congreso de los Diputados con los votos de PP, y CiU, aprueban la Ley de Seguridad Privada que da luz verde para que los vigilantes de seguridad privada puedan identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle.

Esta nueva Ley, abre muchísimas incógnitas todas ellas de dudosa legitimidad jurídica. Todos conocemos errores que por diversas circunstancias han podido cometer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante estos desaciertos, el responsable subsidiario de los daños siempre es el Estado español.

Ahora, con las competencias cedidas a las empresas privadas, quiénes son los responsables de las presuntas injusticias cometidas?

El Gobierno de Mariano Rajoy, en un alarde más en su afán privatizador bendice al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, que da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012, 3.215 millones de euros.

No hay que ser un experto para detectar que con la crisis económica también se resiente la Seguridad Privada. Por tanto, las empresas presionan para garantizar unos ingresos seguros a la compañías que se dedican a la seguridad, les viene de maravilla que les adjudiquen competencias que antes eran del Estado, que obviamente van acompañadas de sus partida económicas.

Poco le importe al Gobierno y al ministerio de Interior el cumplimiento del artículo 104 de la Constitución española:

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. “Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad”.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Seguridad Privada, nuestros derechos constitucionales se verán cercenados en aras de unos ingresos económicos para determinadas empresas de seguridad.

Se hunde la información en TVE

La sociedad española valora cada día con más detalle la manipulación informativa de las televisiones públicas. La consecuencia inmediata es el abandono de espectadores. Luego vienen otras derivaciones.

Así, conocemos que el Canal 9 valenciano es el primer ejemplo. Primero pierde la audiencia que ya no soporta la manipulación y el efecto colateral es la falta de ingresos por ausencia de publicidad.

Allí, donde el Partido Popular lleva bastante tiempo gobernando genera los mismos principios desordenados que hacen que el público abandone la información de sus telediarios. En Madrid, la televisión autonómica es otro vivo ejemplo de lo que sucedió en la Comunidad Valenciana. El final está anunciado: `o se vende o se cierra´.

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, en RTVE se procede a su reestructuración y pasados 100 días, en Televisión española el efecto abandono ya empieza a ser palpable. Se puede entender ya que, el jefe de los informativos viene de la escuela de Telemadrid. Por tanto, la información diaria está al servicio de la voz de su amo.

Con un pequeño juego de observación lo podemos detectar. Sabemos que las noticias de apertura de los telediarios son esenciales para la continuidad del resto. Pues bien, siempre que hay algún acontecimiento de protesta digno de destacar, la TV1 abre con otra noticia, y si inmediatamente pulsas el mando a Tele 5, comprobarás que la apertura es distinta. Posteriormente viene el desarrollo de la noticia.

Ese proceder, hace que los datos hablen por sí solos. El Telediario de las tres de la tarde, de manera paulatina, ha perdido 800.000 espectadores, que prefieren seguir a Vicente Valles y Antena 3. El Telediario de las nueve de la noche, a pesar de estar al frente Ana Blanco, ha perdido 848.000 seguidores que eligen la información de Pedro Piqueras en Tele 5.

Comparar las audiencias actuales de los informativos con las que se manejaban en los tiempos de Fran Llorente resulta llamativo. En dos años, los telediarios han perdido alrededor de un 30 por ciento de los espectadores.

Queda demostrado que la sociedad española queremos información integral, no opinión descafeinada y manipulada.

No son concertinas, son cuchillas

Conforme va avanzando la legislatura cada vez quedan en evidencia más ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. El último en exhibirse ha sido el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Entre manos tiene la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que ya veremos qué consecuencias nos va a traer a la sociedad española. Pero, lo más inmediato y precisamente porque yo no formo parte de esa sociedad española que él dice que apoyamos la instalación de las famosas concertinas (cuchillas cortantes) quiero hacer público que pido que este sistema disuasorio sea desmontado inmediatamente de las vallas de Ceuta y Melilla.

Un Estado de Derecho consolidado como es España no puede permitir que la única manera de impedir que las personas que huyen del hambre sea implantar métodos que desgarren parte del cuerpo de los que deciden exponerse a saltar la valla.

Es vergonzoso que un ministro que se le supone cierta capacidad formativa para desempeñar su cargo se despache con esta afirmación:

 “Fernández Díaz ha definido las concertinas como un instrumento "disuasorio, pasivo y no agresivo" y las ha contrastado, por ejemplo, con la utilización de perros de presa o la colocación de campos de minas en las fronteras”.

No contento con la irresponsabilidad anterior el ministro del Partido Popular dice: “que él no tiene obligación de buscar una alternativa a las concertinas y que, en todo caso, tendrán que hacerlo los que se han mostrado en contra de su utilización”.

Es decir, que yo, que me declaro en contra de las cuchillas, soy el encargado de buscar la solución y él se lleva el sueldo sin tener que calentarse la cabeza.

Es indiscutible que Fernández Díaz no es la persona más idónea para dirigir el Ministerio del Interior. Este hombre es uno más del catálogo calamitoso que configura el Gobierno de España.

Sólo os pido que en el siguiente enlace, comprobéis si lo que dice sobre el sistema instalado es un método “pasivo y no agresivo”.

Siete heridas de las cuchillas de las vallas que para el ministro son "superficiales".

Reducción del 40% de sueldo

Ayer domingo fue el primer día que la empresa Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa), empezó a prestar el servicio de lavado de ropa de los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Con esta privatización de la gestión del servicio, la Comunidad de Madrid, dice ahorrarse 36 millones de euros. Es posible que esto sea así, pero conviene recordar de qué manera se consigue el mencionado ahorro.

Hasta el 30 de noviembre la lavandería central de la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular, operaba como un departamento más dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad. Tenía un número determinado de empleados entre fijos e interinos cuyos sueldos, estaban considerados como aceptables dentro del gremio.

Cuando el consejero Javier Fernández-Lasquetty, decide sacar a concurso público la gestión de la lavandería, la empresa `Flisa´ ofrece quedarse con el servicio cobrando un importe de 45,9 millones de euros. Y, por un periodo de ejecución de 48 meses.

Según la contabilidad de la Consejería, esta cantidad que tendrá que abonar es inferior al gasto actual que representa la gestión directa ¿Pero sobre quienes recae los 36 millones que dice ahorrase?

Veamos: La concesionaria lo primero que hace para ganar dinero y que la cuenta de resultados le aporte beneficios es llamar a los trabajadores/as de la plantilla y les informa que su sueldo queda rebajado en un 40%. Así, de la noche a la mañana y haciendo el mismo trabajo, las personas que cobraban 1.000 euros pasan a cobrar a partir del día 1 de diciembre 600 euros. Si no aceptan los contratos de los interinos quedan suspendidos.

Obviamente, la situación laboral que vive España obliga a tomar una dolorosa decisión. Los trabajadores fijos que no han aceptado, han sido trasladados a otros centros de la Comunidad.

Lo dramático del caso es que esta decisión genera una nueva recesión económica en las familias que ven reducidos sus ingresos, además está provocado por el mismísimo Gobierno de la Comunidad de Madrid, que cuando saca a concurso el pliego de condiciones no protege mantener el poder adquisitivo de los trabajadores/as.

Es decir, argumentan que la privatización produce un ahorro pero no dicen sobre las espaldas de quienes recae esa brutal reducción de salarios. Con medidas como estas, impulsadas desde la administración pública madrileña, es imposible salir de la crisis.