Pin-pon de la Sanidad madrileña

El empecinamiento interesado que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Ignacio González, en querer privatizar siete hospitales públicos y varias decenas de centros de Salud, está permitiendo que la sociedad madrileña valoremos la manera de gobernar que tiene el Partido Popular.

Gracias a la acción de la Justicia que admite a trámite los recursos presentados por los Socialistas madrileños, el sindicato Comisiones Obreras, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y AMYTS, se paró en seco el proceso hasta que las distintas jurisprudencias se pronunciarán y aclararán el contenido de lo argumentado en lo recursos presentados.

Este fue el primero y principal varapalo que el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, tuvo que soportar. Si bien, obtuvo un balón de oxígeno cuando el magistrado presidente del TSJM, hoy expresidente Gerardo Martínez Tristán, decide aunar los siete recursos para que sea el Tribunal Superior quien juzgue el asunto midiéndolo con el mismo razonamiento. Evitando siete interpretaciones distintas que generara llevar a más tiempo la paralización de la privatización.

Y, es así que llegamos al día 9 de enero fecha fijada para el primer encuentro que reúne a los 50 magistrados que integran la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Gobierno de González, esperaba que el Tribunal empezase a deliberar sobre la privatización de la Sanidad madrileña, la sorpresa ha surgido cuando los magistrados después de dos horas de reunión, deciden devolver los recursos aglutinados en el TSJM a cada uno de los tribunales a los que fueron adjudicados. Por tanto, estamos en el primer punto de partida de toda esta historia.

Este enorme contratiempo como ya es costumbre cuando la Justicia se pronuncia, lleva a declarar al consejero de Sanidad, que acata la decisión del Tribunal, y pide que se acelere los procedimientos.

Dada la envergadura que contiene todo lo que se tiene que analizar, mucho me temo que puede llevarnos gran parte del año 2014. Empezaremos con la campaña electoral para 2015, con la memoria muy fresca de todo lo que vamos a vivir en este pretendido proceso privatizador de la Sanidad madrileña.

Decía al principio que los madrileños estamos apreciando las formas de gobernar del PP madrileño y son precisamente esas decisiones políticas, las que hacen que todas las encuestas digan que pierden la mayoría para seguir gobernando.

El falso triunfalismo de Rajoy

Al finalizar el último Consejo de Ministros del año 2013, el presidente Mariano Rajoy, hizo una exposición general de la situación que vivimos en España. Además, ayer sí, acepto que los periodistas pudieran hacer las preguntas que correspondían.

Lógicamente, ya atesora en su haber las suficientes decisiones tomadas durante su época de Gobierno, que nos permite hacer valoraciones con independencia de la ostentación que él presenta en su intervención.

Ya tenemos una nueva Ley de Educación, ante la cual, toda la Comunidad educativa de España, ha manifestado su desacuerdo con el contenido que le ha imprimido el ministro Wert.

También contamos con una Reforma Laboral, cuyos efectos de creación de empleo no tienen visos de realidad. Ahí tenemos las cifras de parados, y a los que trabajan la reducción del salario.

Está en trámite la Reforma Local, que dejará reducidas las competencias de los ayuntamientos como administraciones cercanas en la prestación de servicios sociales.

Dentro del apartado económico presenta la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, al mismo tiempo que autoriza la subida de la luz, administra una fórmula que reduce las pensiones durante los próximos diez años, y aplica el copago de los medicamentos a los enfermos crónicos a partir del día 1 de enero.

En el apartado de libertades están en proceso dos leyes que nos van a restringir la libertad de manifestación y protesta; a las mujeres en su vida las retrotrae a los años 80 del siglo pasado. Dejándonos con la Ley del Aborto del ministro Gallardón, en la cola de los países de Europa. Cuando hoy, éramos equiparables.

Estas son las contrarreformas que lleva aplicando en su legislatura. Amén de todos los escándalos de corrupción que estamos valorando que suceden en el seno del funcionamiento de su partido.

No quiero terminar sin cargar en su mochila, el haber propiciado la destitución del Juez, Baltasar Garzón, y el interés especial que ahora el mecanismo le quiere aplicar al Juez, Elpidio José Silva. Al primero por abrir la investigación del caso Gürtel, y al segundo por investigar la quiebra de Caja Madrid y recomendar el encarcelamiento de Miguel Blesa.

El Partido Popular demuestra con estas decisiones que todavía para ellos, hay castas políticas que son intocables. Con esto, hay que terminar.

Retrocedemos 30 años

Falta poco para que finalice 2013. Año que yo considero como asfixiante para la sociedad española. El Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy, ha ido implantando leyes y medidas que nos hacen retroceder 25 años en nuestra historia.

Paso a paso hemos perdido derechos laborales, nos aplican subida de impuestos, nos recortan servicios en Sanidad, Educación, Pensiones, Justica, y no contestos con ello, ahora le meten mano a las `libertades´.

La Ley `Mordaza´ sobre Seguridad Ciudadana viene a controlar todas las consecuencias que genera tanto atropello anteriormente descrito. Pero todavía avanzan más en la línea represiva que tienen diseñada. Y, así, conocemos la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que de voluntaria no tiene más que el título, debido a que si la mujer no es violada y denuncia el acto, ella en España no tiene posibilidad de tomar la decisión que considere más conveniente para su persona.

Luego tenemos el segundo supuesto `malformación del feto´. Aquí todavía someta más a la mujer al calvario de tener que pasar por la revisión e informe de dos profesionales independientes y que el veredicto coincida en el pronóstico: “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer”.

Esta Ley, si finalmente se aprueba así por los representantes del pueblo en el Congreso provoca tantas lagunas e injusticias que sólo las mujeres con poder adquisitivo van a poder disponer de su voluntad cuándo y cómo lo consideren conveniente. A bote pronto me sale una pregunta ¿Quién selecciona a los médicos independientes y quién paga los informes?

También tenemos los demás casos de embarazos no deseados que no han sido producto de violación ¿Las obligaran a las mujeres a tener que poner falsas denuncias?

Sinceramente considero que esta desmesura del contenido de la Ley, no puede ser aprobada. Para evitarlo las mujeres del parlamento español con independencia de la ideología política tienen que votar en contra. No pueden doblegar a todas sus semejantes de género a tener que someterse al capricho de una legislación antediluviana del ministro de Justicia. Menuda Justicia nos está dejando el santo de Gallardón.

Pero cuidado, el pensamiento me lleva a considerar que todavía existen derechos conseguidos y que afectan a grupos de personas que el anterior Gobierno Socialista ha proporcionado igualdad de trato y derechos. Mucho me temo que los próximos en acorralar serán los grupos de homosexuales y lesbianas. Recordemos que a la Iglesia Católica no le gusta el matrimonio Civil entre iguales.

Esta horrible situación que vivimos en España, sólo se arregla con unas elecciones anticipadas.

La muerte de Caja Madrid

Recuerdo que cuando alguien preocupado por sus ahorros, preguntaba en la oficina al director de turno de la extinguida Caja Madrid, sobre la seguridad de su dinero, la respuesta era siempre la misma: “Si la Caja callera, España estaría muy mal”. Toda una premonición.

Con la investigación que llevó a Miguel Blesa a la cárcel, estamos conociendo las intrigas palaciegas que se traían entre sí y los negocios que se generaban bajo el manto protector del que fuera presidente de Caja Madrid.

A él, recurrían unos y otras para que fuera el asidero de grandes compras de obras de arte y colocaciones con excelentes retribuciones.

Así, conocemos que su mentor el expresidente José María Aznar, estaba interesado en que Caja Madrid, comprara varias obras de arte del pintor y escultor Gerardo Rueda. Cuyo precio ascendía a 54 millones de euros. Todavía nadie ha sabido el motivo de por qué Aznar, quería que se comprara la obra del fallecido artista.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, solicitaba a Miguel Blesa puestos de especial retribución para allegados que estaban fuera de los cargos públicos. Obvia decir, que el presidente de la Caja, trataba de satisfacer a uno y otra, pero no siempre encontraba facilidades entre sus colaboradores para que se aceptaran las propuestas. Ya en ese tiempo se percibía la inestabilidad económica (2008 y 2009).

La Fundación a través de la cual se tenía que hacer la operación para construir un museo, estaba dirigida por Rafael Spottorno, que cuestiona el valor de la tasación de las obras. Esto, retrasa la negociación y José María Aznar busca intermediarios que agilicen el asunto.

Ahora, sabemos que la fallecida consejera de Caja Madrid, Mercedes De la Merced le manda un correo donde le dice al presidente Blesa, “que Aznar está triste por la negativa de la Caja a su proyecto”. Igualmente, el entonces alcalde de Madrid, “también está molesto”.  Y, se ofrece ella, por si puede hacer algo.

Mientras todo esto sucedía, ya la Caja empieza a negar el crédito a gran parte de sus clientes como consecuencia de su mala salud financiera que, años después, acabaría en el mayor rescate bancario de la historia de España.

De esto, nos enteramos gracias a la investigación que puso en marcha el juez José Elpidio Silva. Podemos concluir que el Partido Popular prioriza la ayuda a sus amigos dejando morir a la mayor Caja de Ahorros de España. Lo que vino después ya es conocido. Preferentes y otros productos de alto riesgo para sus clientes.

Otra agresión a la Constitución

Vivir para ver. El Partido Popular tan defensor de la Constitución Española en muchos de sus artículos, cuando se trata de cuestiones monetarias, miran para otro lado y cambian todo lo necesario que haga falta con tal de conseguir el objetivo pecuniario.

Así, conocemos que ayer el Congreso de los Diputados con los votos de PP, y CiU, aprueban la Ley de Seguridad Privada que da luz verde para que los vigilantes de seguridad privada puedan identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle.

Esta nueva Ley, abre muchísimas incógnitas todas ellas de dudosa legitimidad jurídica. Todos conocemos errores que por diversas circunstancias han podido cometer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante estos desaciertos, el responsable subsidiario de los daños siempre es el Estado español.

Ahora, con las competencias cedidas a las empresas privadas, quiénes son los responsables de las presuntas injusticias cometidas?

El Gobierno de Mariano Rajoy, en un alarde más en su afán privatizador bendice al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, que da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012, 3.215 millones de euros.

No hay que ser un experto para detectar que con la crisis económica también se resiente la Seguridad Privada. Por tanto, las empresas presionan para garantizar unos ingresos seguros a la compañías que se dedican a la seguridad, les viene de maravilla que les adjudiquen competencias que antes eran del Estado, que obviamente van acompañadas de sus partida económicas.

Poco le importe al Gobierno y al ministerio de Interior el cumplimiento del artículo 104 de la Constitución española:

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. “Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad”.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Seguridad Privada, nuestros derechos constitucionales se verán cercenados en aras de unos ingresos económicos para determinadas empresas de seguridad.

Se hunde la información en TVE

La sociedad española valora cada día con más detalle la manipulación informativa de las televisiones públicas. La consecuencia inmediata es el abandono de espectadores. Luego vienen otras derivaciones.

Así, conocemos que el Canal 9 valenciano es el primer ejemplo. Primero pierde la audiencia que ya no soporta la manipulación y el efecto colateral es la falta de ingresos por ausencia de publicidad.

Allí, donde el Partido Popular lleva bastante tiempo gobernando genera los mismos principios desordenados que hacen que el público abandone la información de sus telediarios. En Madrid, la televisión autonómica es otro vivo ejemplo de lo que sucedió en la Comunidad Valenciana. El final está anunciado: `o se vende o se cierra´.

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, en RTVE se procede a su reestructuración y pasados 100 días, en Televisión española el efecto abandono ya empieza a ser palpable. Se puede entender ya que, el jefe de los informativos viene de la escuela de Telemadrid. Por tanto, la información diaria está al servicio de la voz de su amo.

Con un pequeño juego de observación lo podemos detectar. Sabemos que las noticias de apertura de los telediarios son esenciales para la continuidad del resto. Pues bien, siempre que hay algún acontecimiento de protesta digno de destacar, la TV1 abre con otra noticia, y si inmediatamente pulsas el mando a Tele 5, comprobarás que la apertura es distinta. Posteriormente viene el desarrollo de la noticia.

Ese proceder, hace que los datos hablen por sí solos. El Telediario de las tres de la tarde, de manera paulatina, ha perdido 800.000 espectadores, que prefieren seguir a Vicente Valles y Antena 3. El Telediario de las nueve de la noche, a pesar de estar al frente Ana Blanco, ha perdido 848.000 seguidores que eligen la información de Pedro Piqueras en Tele 5.

Comparar las audiencias actuales de los informativos con las que se manejaban en los tiempos de Fran Llorente resulta llamativo. En dos años, los telediarios han perdido alrededor de un 30 por ciento de los espectadores.

Queda demostrado que la sociedad española queremos información integral, no opinión descafeinada y manipulada.

No son concertinas, son cuchillas

Conforme va avanzando la legislatura cada vez quedan en evidencia más ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. El último en exhibirse ha sido el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Entre manos tiene la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que ya veremos qué consecuencias nos va a traer a la sociedad española. Pero, lo más inmediato y precisamente porque yo no formo parte de esa sociedad española que él dice que apoyamos la instalación de las famosas concertinas (cuchillas cortantes) quiero hacer público que pido que este sistema disuasorio sea desmontado inmediatamente de las vallas de Ceuta y Melilla.

Un Estado de Derecho consolidado como es España no puede permitir que la única manera de impedir que las personas que huyen del hambre sea implantar métodos que desgarren parte del cuerpo de los que deciden exponerse a saltar la valla.

Es vergonzoso que un ministro que se le supone cierta capacidad formativa para desempeñar su cargo se despache con esta afirmación:

 “Fernández Díaz ha definido las concertinas como un instrumento "disuasorio, pasivo y no agresivo" y las ha contrastado, por ejemplo, con la utilización de perros de presa o la colocación de campos de minas en las fronteras”.

No contento con la irresponsabilidad anterior el ministro del Partido Popular dice: “que él no tiene obligación de buscar una alternativa a las concertinas y que, en todo caso, tendrán que hacerlo los que se han mostrado en contra de su utilización”.

Es decir, que yo, que me declaro en contra de las cuchillas, soy el encargado de buscar la solución y él se lleva el sueldo sin tener que calentarse la cabeza.

Es indiscutible que Fernández Díaz no es la persona más idónea para dirigir el Ministerio del Interior. Este hombre es uno más del catálogo calamitoso que configura el Gobierno de España.

Sólo os pido que en el siguiente enlace, comprobéis si lo que dice sobre el sistema instalado es un método “pasivo y no agresivo”.

Siete heridas de las cuchillas de las vallas que para el ministro son "superficiales".

Reducción del 40% de sueldo

Ayer domingo fue el primer día que la empresa Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa), empezó a prestar el servicio de lavado de ropa de los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Con esta privatización de la gestión del servicio, la Comunidad de Madrid, dice ahorrarse 36 millones de euros. Es posible que esto sea así, pero conviene recordar de qué manera se consigue el mencionado ahorro.

Hasta el 30 de noviembre la lavandería central de la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular, operaba como un departamento más dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad. Tenía un número determinado de empleados entre fijos e interinos cuyos sueldos, estaban considerados como aceptables dentro del gremio.

Cuando el consejero Javier Fernández-Lasquetty, decide sacar a concurso público la gestión de la lavandería, la empresa `Flisa´ ofrece quedarse con el servicio cobrando un importe de 45,9 millones de euros. Y, por un periodo de ejecución de 48 meses.

Según la contabilidad de la Consejería, esta cantidad que tendrá que abonar es inferior al gasto actual que representa la gestión directa ¿Pero sobre quienes recae los 36 millones que dice ahorrase?

Veamos: La concesionaria lo primero que hace para ganar dinero y que la cuenta de resultados le aporte beneficios es llamar a los trabajadores/as de la plantilla y les informa que su sueldo queda rebajado en un 40%. Así, de la noche a la mañana y haciendo el mismo trabajo, las personas que cobraban 1.000 euros pasan a cobrar a partir del día 1 de diciembre 600 euros. Si no aceptan los contratos de los interinos quedan suspendidos.

Obviamente, la situación laboral que vive España obliga a tomar una dolorosa decisión. Los trabajadores fijos que no han aceptado, han sido trasladados a otros centros de la Comunidad.

Lo dramático del caso es que esta decisión genera una nueva recesión económica en las familias que ven reducidos sus ingresos, además está provocado por el mismísimo Gobierno de la Comunidad de Madrid, que cuando saca a concurso el pliego de condiciones no protege mantener el poder adquisitivo de los trabajadores/as.

Es decir, argumentan que la privatización produce un ahorro pero no dicen sobre las espaldas de quienes recae esa brutal reducción de salarios. Con medidas como estas, impulsadas desde la administración pública madrileña, es imposible salir de la crisis.

Noviembre obscurecido

El último sábado del mes ha sido testigo de masivas manifestaciones contra la reciente Ley de Educación aprobada por el Gobierno que preside Mariano Rajoy. La LOMCE es una Ley que ha unido a toda la Comunidad Escolar y a todos los grupos políticos del Parlamento para exigir su derogación inmediata.

Qué lejos queda el deseado Pacto Nacional por una Educación Pública. Cada día son más los expertos que persuaden para que se consiga consensuar una Ley que al menos sirva de soporte pedagógico a una generación.

El talante del ministro Wert, con el apadrinamiento de Mariano Rajoy genera todo lo contrario. Incluso con las nuevas tarifas universitarias ha provocado que muchas universidades públicas estén buscando mecenazgo para ayudar a aquellos estudiantes que no pueden pagarse el coste de culminar sus estudios.

Ayer en el Consejo de Ministros igualmente se aprobó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La aplicación de todos los conceptos sancionadores que contiene hará que las conquistas democráticas logradas a lo largo de nuestra reciente democracia, se vean castigas. Además, deteniéndose en cada uno de los motivos que reciben el castigo se abre un abanico parcial a la hora de interpretar cuándo y cómo se está desarrollando la protesta. Y, por tanto, si se le aplica la sanción y a quién.

Es tal el despropósito, que hasta un significado representante de la Policía manifiesta que no era necesario una legislación de estas características.

En cuestiones represoras el Partido Popular no tiene límites. Ahí tenemos los métodos "disuasorios" que mutilan a los inmigrantes que pretenden entrar en España saltando las vallas de Melilla. Cuchillas que cortan de manera salvaje. Hasta el punto que un grupo de católicos practicantes como “el ministro Fernández”, se dirigen al Papa Francisco, para que interceda ante el Gobierno de España para que se eliminen este tipo armas que desgarran a quienes buscan una vida que les aleje del hambre.

"Solicitamos a Vuestra Santidad que imponga a los responsables últimos de la decisión de colocar las cuchillas en la valla fronteriza de Melilla la pena de Excomunión 'Ferendae Sentenciae', con sus correspondientes efectos y perjuicios", reza la misiva.

Nadie creyente o no, que defienda el humanismo solidario puede entender que el ministro del Interior un católico practicante y miembro del Opus Dei, decida atentar contra la vida de sus semejantes de esta manera.

Sentencia demasiado laxa

Después de más de nueve años de procedimiento instructor en la causa del que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ya tenemos sentencia.

El que era “ciudadano ejemplar” según palabras de Mariano Rajoy, para evitar su procesamiento había presentado durante ese tiempo veinte recursos y había conseguido cambiar varias veces a los jueces instructores. Incluso así, con estas acciones muchos dirigentes de renombre del Partido Popular hacían una clara defensa de su honorabilidad.

Una simple pregunta nos puede situar con claridad ante el hecho evidente: Si no había nada que esconder a qué viene poner tantos obstáculos a la investigación de la Justicia. Por qué sus compañeros/as le apoyaban. Incluido el hoy presidente del Gobierno de España.

Era evidente que algo pasaba y que sus compañeros del PP, con las declaraciones favorables se estaban solidarizando con la causa del procesado.

Finalmente, conocemos que la Justicia no ha podido probar la el efecto de cohecho y tráfico de influencias para la autorización de productos fitosanitarios. Tampoco ha podido aclarar cómo con determinado sueldo público, el matrimonio Fabra llega a acumular un suculento patrimonio.

Lo que sí queda demostrado es que ha cometido `fraude fiscal´. Por ello la sección primera de la Audiencia de Castellón condena a Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad.

En el terreno político con este caso el PP queda en evidencia. Durante muchos años ha estado colaborando con Fabra en la estrategia obstruccionista a la Justicia y que conocida la sentencia la dirección del partido no ha podido darle de baja. Ha sido el propio Carlos Fabra buen conocedor de los procesos internos de su partido quien solicita la baja voluntaria.

La encargada de dar la cara ante la sociedad española María Dolores de Cospedal, ante la realidad añade, el Partido Popular “siempre” ha respetado la presunción de inocencia y acata las decisiones de los tribunales.

La libertad de expresión en peligro

Tanto los profesionales de los medios de comunicación, como los amateur que amamos el poder contar lo que sucede a nuestro alrededor, sentimos verdadera intranquilidad si la pretendida nueva Ley de Seguridad Ciudadana, sale adelante con las anunciadas sanciones que aplicarán por la publicación de fotos de los acontecimientos sucedidos.

Una imagen como esta, puede llevar una sanción de entre mil y 600.000 euros. Dentro de ese amplio abanico de punición también estará el hecho de alterar el orden, insultar a un policía, dañar mobiliario urbano, llevar a cabo escraches y concentraciones ante las  sedes de las administraciones públicas. Es decir, la protesta en general será considerada delito y por tanto, castigada.

Nadie podía imaginar en el Estado de Derecho en que vivimos que una mayoría absoluta de un partido político pudiera implantar una Ley de estas características. Es más, analizando todo lo sucede en nuestra vida diaria debido a la falta de interlocutores que escuchen y reflexionen sobre los asuntos que la sociedad civil quiere presentar ante la autoridad competente, y cuando ya no queda otra salida que la protesta callejera para hacernos oír, en función del grado que consideren el contenido de la protesta, así será aplicado el correctivo.

Sinceramente, sin conocer con detalle lo que puede salir finalmente cuando sea debatida en el Congreso de los diputados y Senado, si finalmente la mayoría del Partidos Popular consigue sacar adelante una Ley tan restrictiva como la anunciada, España volvería a la época gris que tanto sacrificio y trabajo ha costado superar.

No puedo entender cómo se puede informar de lo sucedido si no va acompañado de un testimonio gráfico de los hechos. No hay que ser experto en materia jurídica para percibir que estamos delante de una pretendida Ley anticonstitucional que cercena la libertad de expresión.

Desde que se aprobara la Constitución de 1978, a ningún Gobierno se le había ocurrido acometer una restricción de las libertades como la tiene en mente el Gobierno de Mariano Rajoy.

Las metáforas y las reformas

Últimamente, estamos asistiendo a la dulcificación de las decisiones que toma el Gobierno del Partido Popular a través de las metáforas aplicadas a cada una de las medidas que toma. Así, una de las últimas ha estado a cargo del Ministro Montoro, “los sueldos no bajan, suben moderadamente”. La metáfora consiste en usar una palabra o frase por otra.

Esta metodología tiene un objetivo muy claro y sencillo, que la sociedad española no perciba el ataque que se le está aplicando sobre los derechos adquiridos en decenas de años. Únicamente, cuando los tribunales superiores de Justicia son quienes actúan pueden paralizar las acciones llevadas a cabo por los distintos gobiernos del Partido Popular. El ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, con la privatización de hospitales ya adjudicados para que su gestión la lleven determinadas empresas.

Las consecuencias pueden ser tan irreversibles y tiene tantos procesos judiciales abiertos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decide paralizar la privatización hasta que se aclare todo el proceso.

Reforma electoral

Es tanta la indignación social que se manifiesta en las encuestas de intención de voto, consecuencia del incumplimiento total del programa electoral con el que ganó Rajoy y sus barones en las Comunidades autónomas, que ante la posibilidad de perder el poder los estudiosos dedicados al reparto de votos electorales, llegan a la conclusión que, para que el PP siga en los distintos gobiernos, se debe reducir el número de diputados que componen los diversos parlamentos de las Comunidades.

La primera como no podía ser de otra manera y ante la clara perdida anunciada, ha sido la Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Reforma el Estatuto y así, reduce de 49 a 35 los diputados en las Cortes regionales. Es evidente, que el argumento del ahorro no se sostiene, ya que los parlamentarios no cobran en esa Comunidad. Pero eso sí, la aplicación de la reducción, le garantiza poder continuar en el poder en 2015.

El ejemplo cunde dentro de sus compañeros/as presidentes/as y el modelo lo perfilan todos/as para su aplicación. Ante lo cual, y siendo un claro pucherazo electoral, la sociedad debemos reaccionar calculando el valor de nuestro para evitar “las malditas mayorías absolutas que tanto daño nos están haciendo”.

Cuando el PP cambia las leyes para no perder elecciones.

Soledad parlamentaria

Hoy, inicia su tramitación parlamentaria la nueva Ley de Educación que dicta el Partido Popular. La gran carga ideológica que contiene su articulado y las decisiones económicas que aplica, hace que en su paso por el parlamento español, sólo reciba los votos del Partido Popular.

Conocidos los detalles de su contenido, se comprende ahora por qué España no ha sido capaz de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. Es digno reconocer, el trabajo que realizó el anterior ministro de Educación Ángel Gabilondo y su equipo, para alcanzar el "Acuerdo". La perspectiva del tiempo deja ver cuáles fueron las razones del fracaso.  

Pero la soledad que hoy siente el PP hace presagiar que es una Ley de poco recorrido. Entre las decisiones tomadas por José Ignacio Wert como ministro de Educación han estado:

La LOMCE modifica la definición de Sistema Educativo de la anterior ley para incluir a los "agentes privados", lo que abre, según sus detractores, más posibilidades de privatización efectiva de la enseñanza.

La participación de lo privado en el ámbito educativo se pone de manifiesto en el texto de la nueva ley educativa. Entre otras cosas, porque pone en categoría de ley el procedimiento que ya ocurría en comunidades como la de Madrid en la que la administración cede suelo público para construir centros de educación privados.

Ha sido eliminada la asignatura Educación para la Ciudadanía y se le da una `puesta en valor´ a la asignatura de Religión.

El recorte de becas de comedor y libros, sobre todo en la universidad con un incremento de las tasas universitarias está dejando en el camino a muchos estudiantes que sin estas ayudas no pueden iniciar o concluir sus estudios.

Con respecto a las lenguas cooficiales introduce los cambios más polémicos al reforzar el papel del castellano en la enseñanza y especifica su carácter de lengua vehicular. El texto anterior se limitaba a mencionar que se garantizara el derecho de todos los alumnos de educarse en castellano.

Además, abre la puerta a la contratación directa de profesores sin concurso público y deja claro que el Estado debe garantizar la escolarización, pero que puede hacerlo en centros de titularidad pública o privada.

Establece que la elección de los directores de los centros se haga a través de una evaluación en la que se tenga en cuenta, entre otros factores, los resultados de las pruebas a los alumnos realizadas durante su mandato. Introduce la competencia entre los distintos centros educativos.

En definitiva, la LOMCE, ha logrado movilizar en su contra a profesores, alumnos y padres en toda España, y será aprobada con la mayoría del PP en el Congreso, para luego ser remitida al Senado.  

Homenaje al franquismo

Con lo que está cayendo. Con los problemas que tiene la sociedad española. Con el creciente número de parados. Con la cantidad de familias que tiene todos sus miembros en paro. Con la crisis económica que vivimos en España, los cachorros populares manifiestan su añoranza por la época franquista.

Esto evidencia que a esos jóvenes y sus familias nada de lo anterior les afecta y por tanto, no padecen las consecuencias de la crisis brutal que asola España.

Sabemos que a ellos, los servicios públicos de calidad ni les van, ni les viene. Ellos, cuando necesitan estudiar lo hacen en colegios privados. Cuando necesitan un tratamiento médico serio se acercan a los hospitales privados. Y, como sus familias tienen los medios y recursos necesarios, seguramente no tendrán que formar parte de las colas del paro.

Por ello, con todos los problemas básicos resueltos se dedican a llenar su tiempo de asueto, haciendo apología del franquismo y el nazismo. Prácticas políticas que han generado millones de muertes de todas aquellas personas que pensaban de manera distinta, defendían la libertad de ideas y la solidaridad con sus semejantes.

Ante este comportamiento de grupos de jóvenes de Nuevas Generaciones del Partido Popular, destacados dirigentes nacionales del PP, se han visto obligados a decir algo al respecto. No olvidemos que ese es el germen del futuro del PP.

Así, Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas, ha afirmado “con indignación” que quienes cometen “la estupidez de fotografiarse o mofarse haciendo gestos nazis o fascistas no merecen estar en el Partido Popular”.

De igual manera, Rafael Hernando, portavoz adjunto en el Congreso, ha asegurado que si estuviera en su mano los expulsaría del PP. Sin embargo, a continuación empieza a comparar la bandera franquista con la bandera republicana, sobre la ilegalidad de una y otra, divaga sobre un hipotético debate histórico sobre la legitimidad de la Segunda República, para terminar afirmando sin rubor que “la República española llevó a un millón de muertos”.

Después de esta tremenda afirmación, se entiende que los cachorros populares se comporten de la manera que lo hacen. Es producto de las ideas y conversaciones que sus progenitores expresan. Nunca van a escuchar que a la Segunda República, legalmente constituida y a su Gobierno votado democráticamente, los derribó un golpe de Estado liderado por el General del Ejercito Francisco Franco.

Que durante 40 años, en España se padeció una brutal represión política con miles de personas asesinadas y que todavía hoy, hay familias que tienen a sus familias enterradas en las cunetas sin poder recuperar sus restos para darle honrada sepultura.

Como los jóvenes del PP, tienen asumida una versión de la Historia de España manipulada, se permiten hacer esa apología que tanto dolor representa para una gran parte de la sociedad española. Dice Hernando, que “si estuviera en su mano los expulsaría del Partido Popular”. Cabe preguntarse ¿en manos de quién está el hacerlo?

Manipulación informativa

La presencia en la Audiencia Nacional de la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha sido la noticia que ha abierto la portada de todos los informativos del medio día. Pero no todas las televisiones lo cuentan de la misma manera.

TVE, sólo menciona la parte donde ella, afirma que no ha cobrado en negro, y que no conocía la existencia de una contabilidad en B.

Como ya estaba circulando por todos los informativos de la radio la totalidad de la declaración, era evidente que Televisión española estaba cercenando parte de la misma.

Así, en Telecinco segundos después, conocemos que además de lo expresado por la uno de Televisión española, también la Sra. De Cospedal declara que el acuerdo del finiquito de Bárcenas, lo negocia el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, acompañado de Javier Arenas.

Estoy convencido que de las dos horas y media de declaración, la afirmación que hace de que los Sres. Rajoy, Arenas y Bárcenas son los únicos que negocian la indemnización y el contrato de trabajo con sus correspondientes nóminas, está poniendo a Mariano Rajoy al pie de los caballos.

Recordemos el contenido que sobre este asunto, hace el Presidente del Gobierno en comparecencia parlamentaria ante los representantes del pueblo español. “Señorías, me equivoqué, pero les aseguro que cuando yo llegué a la presidencia del Gobierno, el Sr. Bárcenas, no pertenecía al Partido Popular”.

Era evidente que ante las informaciones que han ido saliendo con las copias de la nómina de mayo recibidas por el extesorero Bárcenas, la declaración de la Sra. de Cospedal tiene una sumarísima importancia. Ya no es que pudiéremos valorar que estaba MINTIENDO, es que ahora, la Secretaria General del Partido Popular, reconoce en declaración judicial que el Sr. Rajoy, fue artífice y conocedor de toda la trama que se está viviendo dentro del PP.

Amargas vacaciones las que debe estar disfrutando el Presidente del Gobierno. Va a necesitar mucho footing para preparar su defensa.

La televisión que pagamos todos los españoles, ha demostrado que en esta nueva etapa se ha convertido en una gran manipuladora.

Rajoy acudirá al Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto obligado a confirmar que comparecerá en el Parlamento para explicar la situación que vivimos en España y en especial el proceso de financiación del PP y los sobresueldos a los cargos de su élite directiva.

Además de la petición unánime de todos los grupos políticos de la oposición del Congreso, la sociedad civil, a través de campañas organizadas, como la llevada a cabo por Avaaz.org, se ha conseguido que Rajoy anuncie que acudirá a final de julio o principio de agosto, al Congreso.

Hoy, antes de que hiciese público su compromiso, Avaaz que es una comunidad global de movilización online que integra la acción política impulsada por la ciudadanía dentro de los procesos de toma de decisiones globales. Había lanzado en la red la siguiente campaña:

Avalancha-Fax a Rajoy: ¡comparezca o dimita YA!

Cuyo texto he firmado para hacérselo llegar.

• Como ciudadano comprometido con el futuro de nuestra democracia, me alarma su negativa a comparecer y rendir cuentas ante el Congreso para dar explicaciones sobre las serias acusaciones e indicios que pesan sobre Usted y su partido.
• De confirmarse dichos indicios, nos encontraríamos ante uno de los mayores escándalos de nuestra democracia. Es por ello que su presencia en el Parlamento es urgente. El país necesita oír de su boca una explicación veraz y detallada de los hechos.

Tras el amparo de los votos

No pasa un día sin que tengamos nuevas noticias de la trama económica que tenía montada el Partido Popular para gratificar a la cúpula dirigente y posiblemente para financiarse ilegalmente.

Mucho se hablaba siempre de un asesor, de imagen casi desconocida, pero que todos sabíamos que es el marido de la diputada Celia Villalobos. Pedro Arriola, ha sido la cabeza pensante en cuestión de estrategia política tanto del presidente Aznar, como ahora del presidente Rajoy, que lo ha convertido en su consejero de cabecera.

Si antes se hablaba de Arriola, y no era muy conocido mediáticamente, después de figurar en los papeles de Bárcenas como otro receptor agraciado, los medios nos muestran su imagen. Además, conocemos, que cobró en tres años 500.000 euros extras de esos que el extesorero repartía a los elegidos que pasaban por su despacho.

Este caso, que es el último que conocemos, a buen seguro de que no será el último. Lo que sí hace es sumarse a todos los nombres que ya sabemos que también tenían su gratificación extra.

Por tanto, considero muy acertado que el juez Ruz, haya pedido un informe a la dirección de la Hacienda Pública, para que certifique si todo lo que ha hecho el PP y los pagos realizados, se considera delito fiscal. No olvidemos que era dinero entregado en sobres y por ello, sin justificación legal.

Y, así estamos esperando que el Sr. Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explique a los españoles toda la trama del movimiento de dinero negro ingresado y repartido que ha estado circulando dentro del Partido Popular.

La unidad de todos los grupos políticos parlamentarios del Congreso, excepto el PP, pidiendo la comparecencia del Presidente, tiene que ser atendida inmediatamente. Si no lo hace, está obligando a que se tenga que pedir su dimisión por ocultamiento en sede parlamentaria del mayor escándalo de financiación ilegal de un partido político.

Esta realidad que vive el Gobierno de España, no puede ser despachada con la tontuna rajoriana de que: "Estoy refrendado por los votos".

Los electores que le dieron la mayoría absoluta no sabían todo lo que luego ha ido saliendo a la luz y que tanto daño nos está haciendo a la imagen de España.

El principal asesor de Rajoy cobraba por tres conceptos distintos en dinero negro.

Mentiroso compulsivo

Cada día que pasa, la sociedad española está más convencida que España está siendo gobernada por un Presidente que miente compulsivamente. Ya lo hizo con premeditación para ganar las elecciones, y ahora, queda demostrado que mantiene una estrecha relación con el presunto delincuente Bárcenas.

Los SMS que el preso pone en manos del Mundo, demuestra el apoyo explícito que Rajoy le manifiesta al extesorero del PP. Con lo cual, algunas de las veces que le han preguntado desde cuando no hablaba con Bárcenas, la respuesta ha sido la mayor de las mentiras que un Presidente de Gobierno puede ofrecer a la ciudadanía que gobierna.

Además, la huida hacia adelante que sus "ilustres" correligionarios del partido hacen cada fin de semana en actos políticos, quedan igualmente anulados dado que a sabiendas de lo que sucede, ellos, pretenden dar lecciones ejemplarizantes que resultan ser todo mentiras y más mentiras.

No digamos la sobreactuación parlamentaria que el portavoz popular hace ante el resto de los grupos políticos. A ellos, culpa de todos los males y les acusa que son rehenes del Bárcenas. Cuando queda totalmente demostrado que los únicos culpables son los enormes chanchullos que se ejecutan dentro de la organización política popular.

De nada sirve que Alonso, defina a Bárcenas como “un delincuente que ha hecho de la mentira su estilo de vida”. Es más, esta definición se la puede aplicar al Presidente Rajoy, porque ha hecho de la mentira su forma oficial de gobernar.

Ahora, solamente nos queda esperar que dentro del Partido Popular si todavía quedan personas con dignidad, le pidan a Mariano Rajoy, que presente su dimisión como Presidente de España ¡Los españoles no podemos sufrir más mentiras!

Retrato de una ciudad: Getafe

Varios e importantes acontecimientos surgidos en nuestra ciudad, me llevan a reflexionar hoy sobre cómo se desarrollan y la percepción que tenemos los ciudadanos/as. Del perfil presentado voy a excluir datos, cifras y porcentajes. Hablaré de sentimientos, que no por conocidos son indiferentes.

La ciudad de Getafe, celebra estos días el décimo aniversario ininterrumpido de su club de futbol en primera división. Su presidente Ángel Torres, está abierto a escuchar ofertas de posible compra.

Esta ciudad, industrial por excelencia al sur de la Comunidad de Madrid, hoy tiene sus polígonos industriales con muy poca actividad. La crisis ha dejado muy profunda huella y lo que antes era una odisea para entrar en la ciudad a la hora de la salida de las industrias y talleres, hoy ha desaparecido.

Consecuencia de lo anterior sumado al parón de la construcción, Getafe tienen censados 17.000 parados.

Es a partir de esta realidad cuando la sociedad empieza a mirar a los grupos políticos. Primero a los locales por su proximidad, luego a los autonómicos y finalmente a los nacionales. Se espera de ellos el aporte de soluciones que ayuden a paliar el drama del paro.

Así Getafe, después de ser gobernada durante 30 años por gobiernos progresistas, en 2011, la sociedad otorga la mayoría del voto al Partido Popular.

Incluso siendo cierto que los últimos años PSOE-IU, dejan muestras de desconexión social, y el paro estaba creciendo, la llegada a la alcaldía de Juan Soler del Partido Popular, tampoco frena la caída del empleo y sí, aplica su diseño de Gobierno con claros y oscuros en su gestión bianual.

Desde el principio decide dejar su impronta de su paso por la ciudad aplicando aspectos decorativos que marquen la diferencia con el pasado más inmediato, sobre todo en el centro de la ciudad.

En cultura también se valora un cambio positivo. El deporte, la propia inercia de los colectivos que lo practican lo mantienen en buen nivel. En área social se crea la Comisión de Desahucios. La limpieza, sobre todo en barrios más alejados del centro preocupa a sus habitantes. Así, se podía seguir con más apartados.

Pero, donde fracasa rotundamente el alcalde Soler, es en la conexión con la mayoría ciudadana. La vertebración social que durante los años pasados de gobierno progresista se había implantado en Getafe, a Juan Soler, no le vale. Esto, ya lo veníamos percibiendo pero ha sido recientemente en sesión plenaria cuando afirma: “no creo en las asociaciones, creo en las personas”.

Esta declaración a nadie que forme parte de colectivos, y hay bastantes, ha dejado indiferente. Y, si el alcalde en su pensamiento tenía a las asociaciones sociales, una generalidad de este tipo, también lo aplica y afecta directamente a las dos asociaciones empresariales de pymes y autónomos que están reconocidas por sus méritos propios en nuestra ciudad: Asociación de Jóvenes Emprendedores AJE y Agrupación Comerciantes y Empresarios de Getafe ACOEG.

Cuando finalmente se convoca “La Mesa por el Empleo” para el próximo día 25 y los colectivos que tienen la obligación de asistir tienen en su memoria que: “personas sí, asociaciones no” acometer medidas de grupo que lleven a buscar salidas para los 17.000 parados se hace bastante difícil como punto de partida. Máxime, cuando está sobre la mesa los siete despidos, dos de ellos delegados sindicales de UGT, de la empresa municipal Getafe Iniciativas GISA.

¿Habrá Pleno en el Ayto. de Getafe?

Desde el punto de vista organizativo, no es la primera vez que un Pleno Municipal anunciado, se suspende y se traslada a otra fecha convenida. En la Ciudad de Getafe, está establecido el día miércoles, primero de cada mes.

Lo que ya no es habitual, es la contradicción de anuncio y suspensión. Incluso los grupos políticos de la oposición prevén en su convocatoria que la celebración será el día 5 de junio.

Así, UPyD convoca rueda de prensa de la siguiente manera:

Os convocamos el próximo jueves, 30 de abril, a las 9:30 horas, para un café de prensa en el que se informará sobre las proposiciones, ruegos y preguntas presentadas por Unión Progreso y Democracia para el Pleno ordinario del próximo 5 de junio. Entre los temas a tratar destacan las proposiciones sobre la remunicipalización del organismo autónomo ALEF, la petición de firmar un convenio con el Getafe CF, la condena del uso partidista de la página web municipal o una declaración sobre el Día Internacional contra la Homofobia, así como diversos ruegos y preguntas.

Al mismo tiempo y día, otro medio local, Getafe Capital, informa:

El Pleno previsto para el próximo miércoles 5 de junio ha sido suspendido por motivos de la agenda del alcalde, Juan Soler, que no ha avanzado nueva fecha para la celebración del mismo. 

Ante esta realidad que impera en la Corporación de Getafe, cabe concluir que el Gobierno del Partido Popular y oposición tienen poca comunicación y por añadidura menos coordinación para planificar la sesión plenaria.

Cosa ésta, que induce a varias interpretaciones.