Ayer domingo fue el primer día que la empresa Fundosa Lavanderías
Industriales (Flisa), empezó a prestar el servicio de lavado de ropa de
los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Con
esta privatización de la gestión del servicio, la Comunidad de Madrid, dice
ahorrarse 36 millones de euros. Es
posible que esto sea así, pero conviene recordar de qué manera se consigue el
mencionado ahorro.
Hasta
el 30 de noviembre la lavandería central de la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular, operaba
como un departamento más dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de la Comunidad. Tenía un número determinado de empleados entre fijos e interinos
cuyos sueldos, estaban considerados como aceptables dentro del gremio.
Cuando
el consejero Javier Fernández-Lasquetty, decide sacar a concurso
público la gestión de la lavandería, la empresa `Flisa´ ofrece quedarse con el
servicio cobrando un importe de 45,9 millones de euros. Y, por un periodo de
ejecución de 48 meses.
Según
la contabilidad de la Consejería, esta cantidad que tendrá que abonar es
inferior al gasto actual que representa la gestión directa ¿Pero sobre quienes recae
los 36 millones que dice ahorrase?
Veamos:
La concesionaria lo primero que hace para ganar dinero y que la cuenta de
resultados le aporte beneficios es llamar a los trabajadores/as de la plantilla
y les informa que su sueldo queda rebajado en un 40%. Así, de la noche a la
mañana y haciendo el mismo trabajo, las personas que cobraban 1.000 euros pasan
a cobrar a partir del día 1 de diciembre 600 euros. Si no aceptan los contratos de
los interinos quedan suspendidos.
Obviamente,
la situación laboral que vive España obliga a tomar una dolorosa decisión. Los trabajadores
fijos que no han aceptado, han sido trasladados a otros centros de la
Comunidad.
Lo
dramático del caso es que esta decisión genera una nueva recesión económica en
las familias que ven reducidos sus ingresos, además está provocado por el mismísimo
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que cuando saca a concurso el pliego de
condiciones no protege mantener el poder adquisitivo de los
trabajadores/as.
Es
decir, argumentan que la privatización produce un ahorro pero no dicen sobre
las espaldas de quienes recae esa brutal reducción de salarios. Con medidas
como estas, impulsadas desde la administración pública madrileña, es imposible
salir de la crisis.