Me siento obligado a comentar parte del contenido que el Secretario General de los socialistas madrileños presentó a la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre. Esto, es necesario debido a que la noticia de portada fue el tema de los impuestos, que hábilmente el gabinete de prensa de la presidenta destacó en los medios.
Y no ha sido así. Tomás Gómez, planteó cinco grandes acuerdos en materia social, sanitaria, de innovación tecnológica, fiscal y de vivienda.
Debido a que la vivienda es la tercera preocupación que los españoles tienen, incluidos los madrileños y porque en este asunto la propuesta está muy bien pensada y estructurada debemos conocerla con detalle.
Debo resaltar, que de ser llevada a la práctica serían alrededor de 600.000 personas las beneficiadas. Para ello, la propuesta se estructura en cuatro tramos y tipologías en función de las rentas mensuales netas.
En un primer nivel, el de máxima protección, se podrían ofrecer pisos de 70 metros cuadrados en alquiler por 300 euros al mes a los madrileños que ganan mensualmente 1.000 euros o menos, “lo que garantizaría que las rentas más bajas accedieran a una vivienda”.
El segundo nivel beneficiaría a los ciudadanos que ingresan entre 1.000 y 1.500 euros al mes, a los que se ofrecerían, en régimen de venta, pisos de 70 metros cuadrados por unos 108.000 euros.
La tercera categoría sería para los madrileños que ganan de 1.500 a 3.300 euros, que podrían acceder a viviendas de 100 metros cuadrados por 150.000 euros.
Y, por último, las personas que ingresen cada mes entre 3.300 y 4.400 euros optarían a pisos de 120 metros cuadrados y un coste de unos 240.000 euros.
Lógicamente, una acción de esta envergadura necesitaría –al igual que lo ha hecho el Gobierno del Sr. Zapatero-, un pacto social que incorpore a todos los agentes implicados “directa o indirectamente” en esta área -tanto promotores y empresarios como administraciones y consumidores- y por la elaboración de un plan estratégico regional “que marque qué, cuándo y por dónde tienen que ir los futuros crecimientos urbanísticos en la Comunidad de Madrid para favorecer un crecimiento sostenido y sostenible”.
El líder de los socialistas madrileños ha incidido en la necesidad de desarrollar una nueva Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid, que determine los planes de vivienda protegida, la ordenación del territorio y el funcionamiento de la administración en este ámbito.
Hecha la propuesta, Gómez, expresa su preocupación por la desidia percibida y manifiesta su preocupación porque el Gobierno regional no quiera dialogar con el PSOE sobre una ley que “no puede ser obviada” y en cuyo articulado seguirán trabajando los socialistas madrileños “para sacarla adelante”, ya que “se trata de un instrumento eficaz para resolver el problema de miles de madrileños”.
Se puede comprobar que la iniciativa de los socialistas madrileños sumada a la ley estatal, a corto y medio plazo, daría solución a la necesidad declarada.
Además, hay en la propuesta otros aspectos complementarios dignos de ser conocidos por la sociedad.
Y no ha sido así. Tomás Gómez, planteó cinco grandes acuerdos en materia social, sanitaria, de innovación tecnológica, fiscal y de vivienda.
Debido a que la vivienda es la tercera preocupación que los españoles tienen, incluidos los madrileños y porque en este asunto la propuesta está muy bien pensada y estructurada debemos conocerla con detalle.
Debo resaltar, que de ser llevada a la práctica serían alrededor de 600.000 personas las beneficiadas. Para ello, la propuesta se estructura en cuatro tramos y tipologías en función de las rentas mensuales netas.
En un primer nivel, el de máxima protección, se podrían ofrecer pisos de 70 metros cuadrados en alquiler por 300 euros al mes a los madrileños que ganan mensualmente 1.000 euros o menos, “lo que garantizaría que las rentas más bajas accedieran a una vivienda”.
El segundo nivel beneficiaría a los ciudadanos que ingresan entre 1.000 y 1.500 euros al mes, a los que se ofrecerían, en régimen de venta, pisos de 70 metros cuadrados por unos 108.000 euros.
La tercera categoría sería para los madrileños que ganan de 1.500 a 3.300 euros, que podrían acceder a viviendas de 100 metros cuadrados por 150.000 euros.
Y, por último, las personas que ingresen cada mes entre 3.300 y 4.400 euros optarían a pisos de 120 metros cuadrados y un coste de unos 240.000 euros.
Lógicamente, una acción de esta envergadura necesitaría –al igual que lo ha hecho el Gobierno del Sr. Zapatero-, un pacto social que incorpore a todos los agentes implicados “directa o indirectamente” en esta área -tanto promotores y empresarios como administraciones y consumidores- y por la elaboración de un plan estratégico regional “que marque qué, cuándo y por dónde tienen que ir los futuros crecimientos urbanísticos en la Comunidad de Madrid para favorecer un crecimiento sostenido y sostenible”.
El líder de los socialistas madrileños ha incidido en la necesidad de desarrollar una nueva Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid, que determine los planes de vivienda protegida, la ordenación del territorio y el funcionamiento de la administración en este ámbito.
Hecha la propuesta, Gómez, expresa su preocupación por la desidia percibida y manifiesta su preocupación porque el Gobierno regional no quiera dialogar con el PSOE sobre una ley que “no puede ser obviada” y en cuyo articulado seguirán trabajando los socialistas madrileños “para sacarla adelante”, ya que “se trata de un instrumento eficaz para resolver el problema de miles de madrileños”.
Se puede comprobar que la iniciativa de los socialistas madrileños sumada a la ley estatal, a corto y medio plazo, daría solución a la necesidad declarada.
Además, hay en la propuesta otros aspectos complementarios dignos de ser conocidos por la sociedad.
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