Hoy, inicia su tramitación parlamentaria la nueva Ley de
Educación que dicta el Partido Popular. La gran carga ideológica que contiene
su articulado y las decisiones económicas que aplica, hace que en su paso por
el parlamento español, sólo reciba los votos del Partido Popular.
Conocidos los detalles de su contenido, se comprende
ahora por qué España no ha sido capaz de alcanzar un Pacto de Estado por la
Educación. Es digno reconocer, el trabajo que realizó el anterior ministro de
Educación Ángel Gabilondo y su equipo, para alcanzar el "Acuerdo". La perspectiva
del tiempo deja ver cuáles fueron las razones del fracaso.
Pero la soledad que hoy siente el PP hace presagiar que
es una Ley de poco recorrido. Entre las decisiones tomadas por José Ignacio Wert como
ministro de Educación han estado:
La LOMCE modifica la definición de
Sistema Educativo de la anterior ley
para incluir a los "agentes privados", lo que abre, según sus
detractores, más posibilidades de privatización efectiva de la enseñanza.
La participación de lo privado en el ámbito educativo se pone
de manifiesto en el texto de la nueva ley educativa. Entre otras cosas, porque
pone en categoría de ley el procedimiento que ya ocurría en comunidades como la
de Madrid en la que la administración cede suelo público para construir centros
de educación privados.
Ha sido eliminada la asignatura Educación para la Ciudadanía
y se le da una `puesta en valor´ a la asignatura de Religión.
El recorte de becas de comedor y libros, sobre todo en la
universidad con un incremento de las tasas universitarias está dejando en el
camino a muchos estudiantes que sin estas ayudas no pueden iniciar o concluir sus
estudios.
Con respecto a las lenguas cooficiales introduce los cambios
más polémicos al reforzar el papel del castellano en la enseñanza y especifica
su carácter de lengua vehicular. El texto anterior se limitaba a mencionar que
se garantizara el derecho de todos los alumnos de educarse en castellano.
Además, abre la puerta a la contratación directa de
profesores sin concurso público y deja claro que el Estado debe garantizar la
escolarización, pero que puede hacerlo en centros de titularidad pública o
privada.
Establece que la elección de los directores de los centros se
haga a través de una evaluación en la que se tenga en cuenta, entre otros
factores, los resultados de las pruebas a los alumnos realizadas durante su
mandato. Introduce la competencia entre los distintos centros
educativos.
En definitiva, la LOMCE, ha logrado movilizar en su contra a
profesores, alumnos y padres en toda España, y será aprobada con la mayoría del
PP en el Congreso, para luego ser remitida al Senado.
