Analizamos los casos de deudas que tienen contraídas las
administraciones públicas con las comunidades de Vecinos. En concreto, la
Comunidad de Madrid. Aunque es posible que en otras Comunidades y por otros
asuntos también exista el conflicto.
Para situarnos en la escena de lo sucedido, debemos
remontarnos a los años 60 y 70 del siglo pasado. Una gran emigración interior
de los pueblos de España, cuya población se traslada a las grandes ciudades y
su periferia. Por tanto, hay un boom urbanístico para atender la demanda de
familias que se tienen que instalar. En aquella época se hacían los bloques de
viviendas y después cuando tocaba se hacían las calles y aceras, con lo que llevaba
tener que soportar barro y polvo. Además, se hacían pisos de hasta cinco
alturas en la periferia de Madrid, y en el caso que nos ocupa
Getafe, sin ascensor.
Pisos que en su gran mayoría eran comprados por familias jóvenes
cuyo estado físico no era obstáculo para poder subir a las plantas altas.
Han pasado muchos años y gran cantidad de familias de aquella
época ha cumplido años y su paso ha dejado huella en su fortaleza. Es entonces,
cuando ante las dificultades de movilidad las administraciones públicas toman
conciencia y proyectan ayudas para que las comunidades de Vecinos puedan
instalar ascensores en las viviendas que carecen de ellos.
Así, la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular,
confecciona el decreto Ley, que permite a las comunidades solicitar la ayuda
correspondiente hasta 50.000 euros por ascensor. Los afectados necesitan este
elemento para sus vidas y deciden instalarlo. Adelantan el dinero a la empresa
instaladora y confían en la parte que puedan recuperar cuando llegue la ayuda
concedida.
El problema surge cuando
pasan los años, la Comunidad de Madrid no hace el abono, y además, el Gobierno de Ignacio González (PP) instauró
una normativa en 2012 en la que se recoge su intención de reducir las ayudas de
un máximo de 50.000 a 15.000 euros por instalación, con el agravante de
pretender que su aplicación tenga carácter retroactivo –lo que afectaría a
aquellas comunidades que ya tengan la ayuda concedida, pero que aún no la hayan
cobrado– lo cual, además de asfixiar aún más a la ciudadanía, es ilegal y
contrario a la Constitución Española.
Por todo ello, tanto el
Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, como los Socialistas de Getafe,
están informando a los afectados de los derechos que les ampara la Ley.
Al mismo tiempo, el PSOE local ha presentado una proposición
al Pleno del Ayuntamiento solicitando al Gobierno Municipal (PP) que tome cartas en
el asunto y defienda los intereses de los vecinos de Getafe. "Los Socialistas de Getafe instan a la
Comunidad de Madrid a que abone de forma urgente las ayudas a la instalación de
ascensores que se adeudan a las comunidades de propietarios".
Cuando las administraciones públicas constituyen fondos
especiales para pagar las deudas de los proveedores, no pueden dejar en el
cajón del olvido las deudas que tienen contraídas con las familias. Máxime cuando estamos hablando de personas jubiladas con pensiones reducidas.