Cuando no hay confianza, malo

Es alarmante conocer que el 68% de los ciudadanos piensan que la corrupción está igualmente extendida entre el PP y el PSOE. Por ello, exigen reformas profundas en nuestro sistema democrático que impidan que la corrupción se instale como norma de convivencia.

Una sociedad que no confía en el comportamiento de sus representantes es una sociedad en estado de riesgo. La experiencia vivida en otros países que han caído en ese desprestigio político les ha llevado a vivir situaciones inciertas y tumultuosas.

Si al descrédito de los grandes partidos le sumamos la crisis económica que genera seis millones de parados, estamos creando una situación con riesgo de explosión social.

Es cierto, que el descontento hoy analizado se debe fundamentalmente, al caso Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Y, que, una vez descubierto el dinero acumulado y defraudado, la sociedad pone en cuestión la claridad y transparencia de la gestión económica de los populares.

Ahora bien, es verdad que ante un panorama como el descubierto los medios conservadores afines se están encargando de poner el ventilador, e incluso hacen foto montajes con persona imputadas de todas las ideologías con la pretendida intención de hacer ver que todos son iguales. Producto de ello, es el 68% que mantiene que todos practican la corrupción.

Esto, no es casualidad. Ellos, los conservadores conocen que el descontento produce mayor apatía participativa en el colectivo progresista que ve traicionado su ideario político, de claridad y transparencia.

Además, el observatorio de la Cadena SER cuando extiende la consulta a otros sectores, los banqueros son los que más desengaño producen en la ciudadanía.

Por tanto, declaro firmemente que me sumo y exijo como el 60% de los ciudadanos que la única manera de acabar con la corrupción es mediante una “reforma en profundidad del sistema democrático”, que lleve consigo incluso cambios en la Constitución. 

Los más partidarios de estas reformas son los votantes socialistas, aunque también entre los seguidores de PP e IU hay mayoría que apoya emprender cambios de gran envergadura.

Los españoles consideran que solo dos de cada diez políticos son honrados. Encuesta.

Adelanto electoral

Demoledora ha sido la semana pasada para el Partido Popular. La que hoy comienza, puede desbaratar toda la estrategia que la dirección del partido está diseñando para atenuar el mayor escándalo de corrupción dentro de un partido político.

Hasta hora, la actual dirección del PP se refugia en el concepto “no me consta” nadie conoce lo que ha sucedido. Pero sí se demuestra que el extesorero Bárcenas, tiene una fortuna amasada en Suiza. El modelo que éste implantó en el PP, indica que más gente también pasaba por la caja B. El tiempo de esta práctica ha sido largo y por tanto, varios responsables que hoy están en activo dirigían el partido en la época dorada.

Lo que hoy nos indigna a la sociedad, sale a la luz como consecuencia de la investigación del caso Gürtel, que curiosamente y debidamente orquestado consiguen que el magistrado Garzón, que instruía la investigación se encuentre cesado en su profesión.

Ello, no impide que el extesorero sea investigado y posiblemente juzgado. A partir de ese punto, es cuando él percibe que no le será fácil disfrutar de todo lo acumulado si finalmente es condenado. Entonces hace un llamamiento a sus anteriores receptores de la dadiva y les manda aviso con su correspondiente SOS.

Encajar las piezas de este puzle y que todo salga bien es imposible. Después de lo descubierto, la dirección con Rajoy a la cabeza no le puede ayudar. Como todos no cobraban, ahora, los “limpios” miran para otro lado, e incluso piden que se investigue en profundidad lo ocurrido. En definitiva, se avecina una quiebra imparable del Partido Popular.

Este suceso, además de la repugnancia social que provoca en una ciudadanía castigada por los recortes y la consiguiente, pérdida de calidad en los servicios públicos, es la peor carta de presentación que puede tener un Gobierno ante sus compañeros europeos. Máxime si como es costumbre en Rajoy, deja que se pudra en el tiempo.

Por todo ello, la sociedad tenemos que movilizarnos y conseguir que se convoquen elecciones generales para rectificar el error que cometimos el 20N de 2011. Estamos gobernados por un Gobierno que ha puesto en práctica todo lo contrario que prometió en su programa electoral. Que ha desmantelado el Estado Social haciéndonos retroceder 30 años. 

¡Acabemos con las castas políticas protegidas!

Es muy desolador

Pero es necesario pararse a pensar el comportamiento que tienen los representantes políticos que pagamos con nuestros impuestos. Esta semana, ha sido un ejemplo aglutinador de cinismo y poca ética política de las personas que se han visto afectadas.

Podía empezar la enumeración de casos que en principio se veían afectados por escándalos de corrupción y evasión de capitales, donde las élites políticas sacaban pecho y hacían declaraciones grandilocuentes ateniéndose a la responsabilidad cuando el caso estuviera resuelto. Se produce el veredicto y con una desfachatez enorme, se desdicen del compromiso público rebuscando la salida para que nada les afecte y quedar incólumes de culpabilidad.

La grandeza de las hemerotecas nos facilita el poder comprobar lo que se dijo entonces y lo que hoy se dice. Sinceramente, hay momentos en que uno piensa si estos dirigentes creen que la ciudadanía no tiene la capacidad suficiente para valorar lo que sucede.

El primer puesto del ranking lo consigue el Partido Popular. Cuando se aprecia lo que sus dirigentes han dicho y dicen, cuando la presunción del hecho, pertenece a un adversario político, la carga severa luciendo honor y honra, produce titulares que se deben guardar. Si lo acontecido es relacionado con personas vinculadas al Partido Popular, la vara de medir y censurar se difumina a tal punto que nada parece que ha ocurrido.

Hay casos que claman al cielo: el cierre de filas que hicieron con el exconsejero Güemes cuando privatiza los análisis de sangre en Madrid y luego forma parte de la empresa que se los adjudica. Ha dimitido.

El propio presidente de la Comunidad Ignacio Gónzález, que tiene pendiente la investigación de un piso de lujo que alquilaba y que ahora resulta que es propiedad.

El extesorero Bárcenas que ha movido en Suiza 22 millones de euros y que gracias a la Ley de amnistía fiscal de Montoro ha podido blanquear 10 millones.

Son casos paradigmáticos que están generando la valoración del cierre de filas que hicieron los altos cargos del PP cuando aparecieron los hechos, y cómo ahora se desdicen de lo que protegieron.

Pero, el colmo de la desfachatez lo lidera Esperanza Aguirre. Sin que lo que ha decidido tenga ninguna ilegalidad, no deja de sorprender que la presidenta del PP de Madrid, y hasta hace bien poco Presidenta de la CAM, cuando ocupaba ese cargo institucional, era el látigo de todo lo que supusiera hablar de derechos catalanes, consiguiendo que sus fieles seguidores dieran zarpazos a todo lo que fuera y representara la sociedad catalana. Pues bien, a la señora no le han dolido prendas en aceptar una sustanciosa oferta de una entidad catalana muy ligada al Gobierno de la Generalitat. Hipocresía pura y dura todo lo anterior.

Por ello, es necesario pararnos y analizar lo que está sucediendo con el Gobierno de España y sus adláteres de las Comunidades autónomas, aplican sacrificio y más sacrificio y ellos mantienen un estatus intocable.

De abajo hacia arriba

Si quitamos la paja de lo que ha podido acontecer en el último Comité Federal del PSOE, el grano que nos encontramos tiene buen aspecto. “Ganarse el futuro” no es tarea baladí para un partido político en los tiempos que corren.

El hecho de reconocer y declarar:

"Hoy comienza una nueva etapa en la vida del Partido Socialista. Hoy es un día muy importante para nosotros porque vamos a tratar de salir al reencuentro con los ciudadanos para elaborar un nuevo proyecto político, una alternativa a las políticas que está desarrollando la derecha. Y lo vamos a hacer de una forma nueva en nuestro partido. No vamos a hacer una conferencia política al uso, sino que vamos a discutir un documento que vamos a elaborar a partir del diálogo con el conjunto de los ciudadanos. Es una forma nueva de hacer las cosas en nuestro partido. Vamos a tratar de llegar a un millón de ciudadanos que sienten como nosotros, que piensan como nosotros, que tienen las mismas ideas de justicia y de solidaridad que tenemos nosotros", ha dicho el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ahora bien, entiendo que este principio deber ser la hoja de ruta que desde el menor de los municipios a la mayor de la ciudades, los/as socialistas debemos empezar a trabajar para recoger la inquietud de la ciudadanía y configurar el documento que nos acerque a la realidad social que hoy vive España.

Con independencia del documento final que salga de la dirección federal del Partido, la diversidad plural de la sociedad y los pueblos de España aconseja que cada una de las agrupaciones tenga su guión preparado para ser incluido en el crisol general del Partido Socialista Obrero Español.

En definitiva, “Ganarse el futuro” pasa por recoger ideas y sugerencias de la ciudadanía, sin olvidarnos de la necesaria proyección de equipos de trabajo que inspiren confianza en el electorado, que al final, será quien nos apoye para “Ganar un futuro mejor para todos”.

El negocio de las privatizaciones

Cuando se conocen datos de los procesos privatizadores y el resultado final de quiénes forman parte de las empresas que consiguen la adjudicación, se valora que muchas personas utilizan su paso por la política para su posterior beneficio económico.

El trabajo político ejercido con dedicación, entrega y espíritu de servicio a la ciudadanía, no debería ser empañado por acciones reprobables que los ejecutores de la política utilizan en ocasiones para su propio beneficio personal.

El último de los ejemplos lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Donde el exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), empieza a planificar su futuro profesional desde la Consejería de Sanidad cuando era titular. Él se encarga de implantar la externalización de las pruebas analíticas, que son entregadas a determinada empresa. Y, luego cuando deja la política con los datos y la información que maneja, la empresa primitiva concesionaria es comprada por otra, en la cual, el Sr. Güemes, es Consejero. Jugada perfecta con ingresos asegurados y pagados con dinero de la Sanidad Pública.

Además, este proceder es bien considerado por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no tiene nada que objetar al proceso seguido. Con un pequeño ejercicio de imaginación podemos vislumbrar el futuro que nos deparara el final de la privatización de los hospitales y centros de Salud que el propio González, está impulsando desde su Gobierno. Hoy, desde el poder político se planifica y mañana desde el área empresarial recogemos los beneficios.

Echando la mirada atrás podemos valorar que el hecho de tener un partido político mayoría absoluta no es garantía de que ello, se pueda mantener en el tiempo. Por eso, después de perder las elecciones el Partido Popular en 2004, y verse obligado a estar en la oposición hasta 2011, sus compañeros que gobiernan con mayoría absoluta en las Comunidades autónomas, están perfilando un modelo de gestión de los servicios públicos que les deje protegidos económicamente ante el hecho, de no obtener el apoyo de los electores que les permita seguir gobernando.

Conviene no olvidar que este modelo de gestión privada, que crece cada día, las empresas que gestionan el servicio, tienen unos ingresos garantizados por las administraciones públicas. En el caso que ilustra esta reflexión conocemos que por cada ciudadano/a que pertenece a su área de influencia la Comunidad de Madrid, entrega 16 euros, con independencia de si es analizado o no. Por tanto, el objetivo de la empresa es conseguir cada día mayor número de habitantes adscritos.

La evidencia de que estás prácticas no sean consideradas delito, no impide que se consideren éticamente condenables para los gestores políticos. En este caso, el Partido Popular.

Es urgente cambiar la política

Nadie cuestiona la urgente necesidad que tenemos en España de aplicar políticas económicas que corrijan la sangría de parados. Y, desde ese reconocimiento es al Gobierno que preside Mariano Rajoy, a quien corresponde tomar la firme iniciativa correctora.

Además, el Partido Popular debe aprovechar las conclusiones del encuentro que el PSOE y sindicatos CC.OO y UGT, están manteniendo. La cifra de 6.000.000 millones de parados y con más del 50% de paro juvenil, no puede dejar indiferentes al Gobierno y Agentes Sociales.

Por ello, desde el comienzo de este año, se tiene que fijar como objetivo prioritario la creación de empleo. Sin olvidar a las familias que necesitan la ayuda mínima que proporciona el “plan prepara”.

2013, tiene que ser el año del consenso de las ideas. Cualquier iniciativa debe ser tenida en consideración y desde encuentros auspiciados por el Gobierno, tienen que ser analizadas valorando aquellas que son más rentables socialmente.

Así, una propuesta que a priori puede parecer un disparate como es la que presenta el presidente de CEPYME, un nuevo contrato para jóvenes cuyo importe supone pagarles 645,30 euros, brutos mensuales, antes de ser rechazada fruto del trabajo consensuado, se debería enriquecer con las aportaciones del Gobierno y sindicatos para corregir el bajo salario y que ese contrato se pueda convertir en el inicio de la entrada en el mercado laboral con todas las garantías sociales.

El Gobierno de Mariano Rajoy, no pude desaprovechar las ideas e iniciativas que surjan. Está obligado a ser el capitán del barco llamado España. No puede dejar que la tripulación imponga criterios dirigidos a los jóvenes en condiciones laborales diferentes a los actuales contratos de trabajo. La crisis económica y el alto porcentaje de jóvenes en edad de trabajar que no encuentran empleo, no puede ser utilizada para que la patronal diseñe un contrato laboral ajustado al interés empresarial.

Se conoce que UGT y CC.OO han presentado un documento alternativo en política económica que acabe con las medidas de austeridad y se pongan en marcha medidas de crecimiento económico que tengan por objetivo crear empleo.

Fondo de Solidaridad

Esperpéntico el espectáculo que las derechas españolas están ofreciendo a la sociedad. Ayer, fue el presidente de Cataluña el que declaraba el déficit que padecía Cataluña en infraestructuras. Hoy, la expresidenta de Madrid, se lamenta de la aportación económica que la Comunidad de Madrid, hace al Fondo de Solidaridad.

La señora Aguirre, se carga de razón y dice que si “la Comunidad de Madrid no aportara 2.700 millones de euros al Fondo de Solidaridad, no tendría que poner en marcha el plan de externalización sanitaria”.

Es decir, que la culpa de tener que pagar el euro por receta la tiene la solidaridad territorial. Que después de 18 años de gobiernos populares en la CAM, y una desastrosa gestión televisiva al servicio del Gobierno autonómico, la culpa de tener que despedir a 860 trabajadores la tiene la solidaridad territorial. Que, igualmente, después de tantos años de gobiernos populares la quiebra de Bankia y el despido de 6.000 trabajadores la tiene la solidaridad territorial. Que la quiebra en la asistencia legal que se debe prestar a las personas si recursos, letrados de oficio, que están pendientes de cobrar sus honorarios, la tiene la solidaridad territorial. Que los recortes a la escuela Pública, favoreciendo a la escuela Privada, la tiene la solidaridad territorial. Que la privatización de hospitales y centros de Salud públicos en favor de empresas del sector e inversores diversos, la tiene la solidaridad territorial. En fin, estoy seguro que así podía seguir.

Pero, lo grave de todo ello, es que estamos en manos de gobiernos que para exculparse de la falta de ideas y proyectos políticos capaces de solucionar el problema que estamos padeciendo, se enrocan en conclusiones como las expuestas, responsabilizando a las demás opciones políticas.

Ya son muchos años de crisis con restricciones y recortes a determinadas capas sociales que hacen empobrecer la sociedad. Mientras, cada día valoramos los privilegios que mantienen la llamada élite “política y empresarial” en España.

Y, después de todo, vienen a generar enfrentamientos territoriales. Sencillamente, visto lo que vivimos es necesario un profundo cambio de timón. 

La entrevista y la Pascua Militar

Cuando todavía no se han apagado los ecos de la empalagosa conversación televisada con el Jefe del Estado, ahora en la celebración de la Pascua Militar, aluden a la serenidad del Ejército ante posibles provocaciones.

Hemos conocido que los asesores del Monarca fueron los que diseñaron la estructura de la conversación con el periodista Hermida. Y, cuando toda España estaba pendiente de alguna mención a los problemas más acuciantes que el año 2012 ha protagonizado la familia Real, los 21 minutos pasaron y nada conocimos de lo que piensa su Majestad sobre ellos.

En la celebración de la Pascua Militar, el Rey, de nuevo alude a la unidad soberanista de España en defensa de los intereses de todos en clara sintonía con el apartado más polémico del discurso del ministro de Defensa:” Resulta primordial el esfuerzo para mantener las capacidades militares que garanticen una disuasión verosímil en defensa de los intereses de España”.

Los presentes y quienes hemos seguido la noticia interpretamos que se refería al reto soberanista catalán. Sin entrar en detalles sobre las consecuencias finales de la decisión que se debate en Cataluña, lo que reprocho con total contundencia es la alusión a que los militares "están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones". 

En pleno siglo XXI, en un Estado de Derecho, formando parte integral de Europa y una democracia consolidada, responder a una presunta consulta sobre la soberanía e independencia de Cataluña mencionando las cualidades militares no puede dejarnos impasibles.

El pueblo catalán y sus dirigentes tendrán que diseñar el proceso de la consulta dentro de los parámetros establecidos legalmente, por tanto, queda mucho camino por delante y muchas interrogantes tienen que ser despejadas antes de llegar a la firme consulta.

Por ello, que se aproveche las dos comparecencias del Jefe del Estado para aludir al proceso y qué, además, el Gobierno del Sr. Rajoy mencione a los militares, en un debate de la sociedad Civil y sus representantes políticos, es altamente peligroso.

Es cierto que en políticas sociales estamos retrocediendo a varias décadas atrás, que de nuevo la población española “los jóvenes” es una generación emigrante, pero pensar en los servicios del Ejército para solucionar un problema de identidad de un pueblo, es una locura que no podemos consentir.

Sobre el euro por receta en la CAM

Desde hoy está vigente en la Comunidad de Madrid el pago de un euro por receta. Será mañana, primer día hábil, cuando se inicie el pago efectivo de la tasa establecida por la Consejería de Sanidad de la CAM.

Es muy importante conocer que esta nueva tasa se suma al importe que ya tenemos obligación de abonar por la Ley del Gobierno del Sr. Rajoy, cuando retiramos cualquier medicamento que nos receta el médico.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, insiste en que el pago de un euro por receta no tiene un fin recaudatorio en sí, que lo que pretende es disuadir a los usuarios de medicamentos para que sólo retiren los que necesiten y no acumulen medicinas en sus casas.

Lo dicho por el consejero es un insulto a la inteligencia humana. No solamente a la del paciente que ha quedado claro que tiene que pagar una carga establecida por Ley, sino que, además, atenta contra la profesionalidad de los médicos/as que parece que recetan todo lo que les viene en gana. Sirva para un tratamiento eficaz o no.

La experiencia implantada por el Gobierno de Cataluña, hace mención a los importes recaudados por el euro complementario, y en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ignacio González, persigue el mismo objetivo: recaudar más ingresos sin importarles la partida usada para ello.

Es curioso que el Gobierno de Madrid, que tanto defiende la unidad de España, utilice el mismo método recaudatorio que el Gobierno que pretende realizar la consulta para conseguir la independencia y su separación. 

Entre ambas opciones políticas conservadoras, hoy, producto de los últimos resultados electorales, hay alguna variable. En Cataluña también han creado otros ingresos diferentes al euro de la receta. En la Comunidad de Madrid, la mayoría absoluta del Partido Popular, no recupera el Impuesto de Patrimonio, ni crea un Impuesto a las entidades financieras. Directamente busca incrementar más su capítulo de ingresos, a través de las personas enfermas que necesitan el tratamiento para recuperar su estado de salud.

Consulta las Preguntas Frecuentes sobre el euro por receta.

Ya veremos cómo será, mientras...