Miles de viviendas construidas ilegalmente y en los parajes más insospechados. Planes urbanísticos que arrasan con plantaciones enteras de pinos. Alcaldes obligados a dimitir por el cobro de comisiones. Familiares directos de altos cargos políticos que obtienen pingües beneficios con la recalificación de terrenos. Concejales que piden directamente su porcentaje de la operación urbanística. Y hasta un ex presidente de Gobierno que compra una vivienda en un edificio que figura en la lista de viviendas ilegales elaborada por la actual Gestora del Ayuntamiento de Marbella.
Dejando aparte el caso del matrimonio Aznar-Botella, y la compra del dúplex de 265 metros cuadrados con dos plazas de garaje y un trastero, situado en un edificio que puede ser derribado; se descubre la inoperante ley del suelo aprobada por el Partido Popular en 1998, y todavía en vigor.
Con el propósito de ayudar a contener el precio creciente de las viviendas, se aprueba la mencionada ley, que deja la regulación del suelo al mercado urbanístico. Consecuencia de lo cual, el precio no sólo no se corrige, sino que la especulación de los compradores de suelo provoca una serie de irregularidades que hoy están aflorando en todo su esplendor. Hasta el punto, que los observadores nos preguntamos si esto tendrá solución.
Las declaraciones de la ministra de la Vivienda son tranquilizadoras: “se está tramitando una nueva ley, con muchos apéndices que tienen que evitar el caos actual”. Además, la potenciación y apuesta por la vivienda protegida, ayudará a la contención del creciente precio que hace inviable la compra.
La provincia de Ávila dentro de la Comunidad de Castilla-León, es un ejemplo de insensatez política. Se talan miles de pinos para construir casas, hoteles y campos de golf. Entiendo que los habitantes de un pequeño pueblo que aprecian que el municipio por falta de alternativas laborales se está despoblando, acepten el desarrollo urbanístico.
Pero la responsabilidad de la administración castellano-leonesa, (PP) es buscar alternativas productoras para que los pueblos en esa situación encuentren salidas que no asolen el medio ambiente.
Un personaje impresentable
Antes hemos visto la capacidad que los propietarios del suelo tienen para generar situaciones de corrupción a todos los niveles. También debemos de tener en cuenta el comportamiento del poder mediático para provocar alteración social con el único y firme propósito de proteger su interés.
“Corremos el riesgo, y yo lo veo cada día más patente, de que Zapatero termine destruyendo el gran legado de Suárez: el consenso constitucional”. Palabras, de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.
El trasfondo
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, mantiene su deseo de solucionar el asunto de la piscina que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, tiene en Mallorca. A pesar de que en julio se llegó a un acuerdo, la ministra ya se manifestó poco satisfecha, y ahora tiene un proyecto “para recuperar la servidumbre de paso por el litoral” correspondiente.
Narbona no se olvida de la piscina de Pedro J.
Confío en la inteligencia del lector. Cada cual, que saque sus propias conclusiones.
Dejando aparte el caso del matrimonio Aznar-Botella, y la compra del dúplex de 265 metros cuadrados con dos plazas de garaje y un trastero, situado en un edificio que puede ser derribado; se descubre la inoperante ley del suelo aprobada por el Partido Popular en 1998, y todavía en vigor.
Con el propósito de ayudar a contener el precio creciente de las viviendas, se aprueba la mencionada ley, que deja la regulación del suelo al mercado urbanístico. Consecuencia de lo cual, el precio no sólo no se corrige, sino que la especulación de los compradores de suelo provoca una serie de irregularidades que hoy están aflorando en todo su esplendor. Hasta el punto, que los observadores nos preguntamos si esto tendrá solución.
Las declaraciones de la ministra de la Vivienda son tranquilizadoras: “se está tramitando una nueva ley, con muchos apéndices que tienen que evitar el caos actual”. Además, la potenciación y apuesta por la vivienda protegida, ayudará a la contención del creciente precio que hace inviable la compra.
La provincia de Ávila dentro de la Comunidad de Castilla-León, es un ejemplo de insensatez política. Se talan miles de pinos para construir casas, hoteles y campos de golf. Entiendo que los habitantes de un pequeño pueblo que aprecian que el municipio por falta de alternativas laborales se está despoblando, acepten el desarrollo urbanístico.
Pero la responsabilidad de la administración castellano-leonesa, (PP) es buscar alternativas productoras para que los pueblos en esa situación encuentren salidas que no asolen el medio ambiente.
Un personaje impresentable
Antes hemos visto la capacidad que los propietarios del suelo tienen para generar situaciones de corrupción a todos los niveles. También debemos de tener en cuenta el comportamiento del poder mediático para provocar alteración social con el único y firme propósito de proteger su interés.
“Corremos el riesgo, y yo lo veo cada día más patente, de que Zapatero termine destruyendo el gran legado de Suárez: el consenso constitucional”. Palabras, de Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.
El trasfondo
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, mantiene su deseo de solucionar el asunto de la piscina que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, tiene en Mallorca. A pesar de que en julio se llegó a un acuerdo, la ministra ya se manifestó poco satisfecha, y ahora tiene un proyecto “para recuperar la servidumbre de paso por el litoral” correspondiente.
Narbona no se olvida de la piscina de Pedro J.
Confío en la inteligencia del lector. Cada cual, que saque sus propias conclusiones.