La Presidenta de Castilla-La Mancha, planifica un
presupuesto para el año 2013, cuya novedad más llamativa es la supresión de los
sueldos de los diputados que no tengan responsabilidad gubernativa. Es decir,
la oposición no cobra sueldo y solo la asistencia a plenos y comisiones de
trabajo son retribuidas.
En la encuesta que se está llevando a cabo en un medio de
comunicación, existe un empate técnico entre los que están a favor de la medida
y quienes votan en contra. Veamos algunas consideraciones:
- Debemos conocer que la austeridad económica
solamente se aplica a los parlamentarios. El personal de confianza y alta
dirección, no entra en el paquete del ajuste económico de la señora de Cospedal.
- Si se ha de compatibilizar profesión personal
con trabajo político, se debe implantar la Ley, que permita la liberación de la
persona en su puesto de trabajo para ejercer la representación política. La suma
de ambos ingresos permitirá el desarrollo de la vida personal y familiar.
-
Es decir, se tiene que legislar de manera que
todas las personas que hayan conseguido la confianza y apoyo de la sociedad
para que les representen puedan hacer efectivo ese derecho.
- Si no fuera de esa manera, sería una Ley trampa,
donde la política sólo la podrían ejercer las personas con un respaldo económico
familiar que les permita dedicarse al ejercicio político. De esta manera de
ejercer la política, existe en España casos conocidos de hermanos que uno va a
la política y otros a empresas familiares. Obvia decir, que la concatenación y
encuentro de ambas actividades en determinado momento se produce.
- Con el pretendido ahorro económico no puede
verse reducido el ejercicio democrático de nuestro Estado de Derecho.
Ante esta decisión que gobiernos del Partido Popular están
impulsando, el resto de fuerzas políticas se tienen que esforzar para llevar a efecto
un trabajo político creíble que inspire confianza en el electorado y conseguir
el mayor apoyo posible que les permita formar Gobierno. Luego en el poder, se
les aplica la misma medicina austera que ahora se pretende aplicar a todos los
representantes elegidos democráticamente.
Para terminar, recordar que se aplica a los representante
elegidos democráticamente. Todas las demás personas designadas por el Gobierno que
trabajan en la administración, mantienen unos elevados sueldos que generan el
aumento del gasto en el presupuesto.