Retrocedemos 30 años

Falta poco para que finalice 2013. Año que yo considero como asfixiante para la sociedad española. El Gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy, ha ido implantando leyes y medidas que nos hacen retroceder 25 años en nuestra historia.

Paso a paso hemos perdido derechos laborales, nos aplican subida de impuestos, nos recortan servicios en Sanidad, Educación, Pensiones, Justica, y no contestos con ello, ahora le meten mano a las `libertades´.

La Ley `Mordaza´ sobre Seguridad Ciudadana viene a controlar todas las consecuencias que genera tanto atropello anteriormente descrito. Pero todavía avanzan más en la línea represiva que tienen diseñada. Y, así, conocemos la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que de voluntaria no tiene más que el título, debido a que si la mujer no es violada y denuncia el acto, ella en España no tiene posibilidad de tomar la decisión que considere más conveniente para su persona.

Luego tenemos el segundo supuesto `malformación del feto´. Aquí todavía someta más a la mujer al calvario de tener que pasar por la revisión e informe de dos profesionales independientes y que el veredicto coincida en el pronóstico: “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer”.

Esta Ley, si finalmente se aprueba así por los representantes del pueblo en el Congreso provoca tantas lagunas e injusticias que sólo las mujeres con poder adquisitivo van a poder disponer de su voluntad cuándo y cómo lo consideren conveniente. A bote pronto me sale una pregunta ¿Quién selecciona a los médicos independientes y quién paga los informes?

También tenemos los demás casos de embarazos no deseados que no han sido producto de violación ¿Las obligaran a las mujeres a tener que poner falsas denuncias?

Sinceramente considero que esta desmesura del contenido de la Ley, no puede ser aprobada. Para evitarlo las mujeres del parlamento español con independencia de la ideología política tienen que votar en contra. No pueden doblegar a todas sus semejantes de género a tener que someterse al capricho de una legislación antediluviana del ministro de Justicia. Menuda Justicia nos está dejando el santo de Gallardón.

Pero cuidado, el pensamiento me lleva a considerar que todavía existen derechos conseguidos y que afectan a grupos de personas que el anterior Gobierno Socialista ha proporcionado igualdad de trato y derechos. Mucho me temo que los próximos en acorralar serán los grupos de homosexuales y lesbianas. Recordemos que a la Iglesia Católica no le gusta el matrimonio Civil entre iguales.

Esta horrible situación que vivimos en España, sólo se arregla con unas elecciones anticipadas.

Otro medio de comunicación en Getafe

El viernes 15 de noviembre, en este mismo espacio con el titular `Getafe ciudad mediática´ hacía constar que la ciudadanía de Getafe, tiene una información plural debido a que en ella, se publican 12 cabeceras digitales, algunas de las cuales también lo hacen en papel y una radio que emite desde Internet asuntos locales.

Pues bien, hace unos días acaba de aparecer para disfrute de los ciudadanos, otra información. En este caso sus autores la denominan `Gaceta informativa´. Aunque tiene una denominación especial de un barrio de Getafe, El Bercial, los asuntos tratados también hacen alusión a decisiones que tomó el anterior Gobierno Socialista.

Ya en el mencionado barrio, existe otra publicación distinta desde el punto de vista ideológico editorial: `Trata temas directos del barrio con asuntos generales de la ciudad´. Ambas fotos lo demuestran.

La aparición de la nueva `Gaceta´ abre un debate en las redes sociales de la ciudad, donde se pregunta quiénes están detrás de las publicaciones. Se evidencia que no solamente en el caso que nos ocupa, sino, en medios de mayor enjundia que dependiendo de la editora del medio la noticia puede tener un tratamiento u otro. En el barrio del Bercial de Getafe queda claro en la foto de las dos portadas en pro de quien se inclina cada medio.

Actuar de esta manera tiene dos efectos inmediatos: uno, dependiendo de tu afinidad política eliges el medio que consideras que te va a informar de la manera que te gusta. Al otro, se le ignora. La otra causa, es tomar ambas publicaciones de manera irónica y valorar a favor de quien o en contra, está cada una desde su enfoque político.

La pretendida imparcialidad informativa debe ser aquella que valore que no todo lo que está haciendo el actual Gobierno del Partido Popular es erróneo, y de otro lado, una trayectoria de 28 años de Gobierno Socialista, no hubiera sido posible si no tuviera un balance positivo.

Por tanto, desde mi punto de vista si ambas publicaciones insisten en la línea informativa iniciada, a buen seguro tendrán poca credibilidad. Getafe necesita información veraz y crítica cuando las cosas no se hacen bien.

La muerte de Caja Madrid

Recuerdo que cuando alguien preocupado por sus ahorros, preguntaba en la oficina al director de turno de la extinguida Caja Madrid, sobre la seguridad de su dinero, la respuesta era siempre la misma: “Si la Caja callera, España estaría muy mal”. Toda una premonición.

Con la investigación que llevó a Miguel Blesa a la cárcel, estamos conociendo las intrigas palaciegas que se traían entre sí y los negocios que se generaban bajo el manto protector del que fuera presidente de Caja Madrid.

A él, recurrían unos y otras para que fuera el asidero de grandes compras de obras de arte y colocaciones con excelentes retribuciones.

Así, conocemos que su mentor el expresidente José María Aznar, estaba interesado en que Caja Madrid, comprara varias obras de arte del pintor y escultor Gerardo Rueda. Cuyo precio ascendía a 54 millones de euros. Todavía nadie ha sabido el motivo de por qué Aznar, quería que se comprara la obra del fallecido artista.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, solicitaba a Miguel Blesa puestos de especial retribución para allegados que estaban fuera de los cargos públicos. Obvia decir, que el presidente de la Caja, trataba de satisfacer a uno y otra, pero no siempre encontraba facilidades entre sus colaboradores para que se aceptaran las propuestas. Ya en ese tiempo se percibía la inestabilidad económica (2008 y 2009).

La Fundación a través de la cual se tenía que hacer la operación para construir un museo, estaba dirigida por Rafael Spottorno, que cuestiona el valor de la tasación de las obras. Esto, retrasa la negociación y José María Aznar busca intermediarios que agilicen el asunto.

Ahora, sabemos que la fallecida consejera de Caja Madrid, Mercedes De la Merced le manda un correo donde le dice al presidente Blesa, “que Aznar está triste por la negativa de la Caja a su proyecto”. Igualmente, el entonces alcalde de Madrid, “también está molesto”.  Y, se ofrece ella, por si puede hacer algo.

Mientras todo esto sucedía, ya la Caja empieza a negar el crédito a gran parte de sus clientes como consecuencia de su mala salud financiera que, años después, acabaría en el mayor rescate bancario de la historia de España.

De esto, nos enteramos gracias a la investigación que puso en marcha el juez José Elpidio Silva. Podemos concluir que el Partido Popular prioriza la ayuda a sus amigos dejando morir a la mayor Caja de Ahorros de España. Lo que vino después ya es conocido. Preferentes y otros productos de alto riesgo para sus clientes.

Otra agresión a la Constitución

Vivir para ver. El Partido Popular tan defensor de la Constitución Española en muchos de sus artículos, cuando se trata de cuestiones monetarias, miran para otro lado y cambian todo lo necesario que haga falta con tal de conseguir el objetivo pecuniario.

Así, conocemos que ayer el Congreso de los Diputados con los votos de PP, y CiU, aprueban la Ley de Seguridad Privada que da luz verde para que los vigilantes de seguridad privada puedan identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle.

Esta nueva Ley, abre muchísimas incógnitas todas ellas de dudosa legitimidad jurídica. Todos conocemos errores que por diversas circunstancias han podido cometer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante estos desaciertos, el responsable subsidiario de los daños siempre es el Estado español.

Ahora, con las competencias cedidas a las empresas privadas, quiénes son los responsables de las presuntas injusticias cometidas?

El Gobierno de Mariano Rajoy, en un alarde más en su afán privatizador bendice al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, que da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012, 3.215 millones de euros.

No hay que ser un experto para detectar que con la crisis económica también se resiente la Seguridad Privada. Por tanto, las empresas presionan para garantizar unos ingresos seguros a la compañías que se dedican a la seguridad, les viene de maravilla que les adjudiquen competencias que antes eran del Estado, que obviamente van acompañadas de sus partida económicas.

Poco le importe al Gobierno y al ministerio de Interior el cumplimiento del artículo 104 de la Constitución española:

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. “Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad”.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de la Seguridad Privada, nuestros derechos constitucionales se verán cercenados en aras de unos ingresos económicos para determinadas empresas de seguridad.

Se hunde la información en TVE

La sociedad española valora cada día con más detalle la manipulación informativa de las televisiones públicas. La consecuencia inmediata es el abandono de espectadores. Luego vienen otras derivaciones.

Así, conocemos que el Canal 9 valenciano es el primer ejemplo. Primero pierde la audiencia que ya no soporta la manipulación y el efecto colateral es la falta de ingresos por ausencia de publicidad.

Allí, donde el Partido Popular lleva bastante tiempo gobernando genera los mismos principios desordenados que hacen que el público abandone la información de sus telediarios. En Madrid, la televisión autonómica es otro vivo ejemplo de lo que sucedió en la Comunidad Valenciana. El final está anunciado: `o se vende o se cierra´.

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, en RTVE se procede a su reestructuración y pasados 100 días, en Televisión española el efecto abandono ya empieza a ser palpable. Se puede entender ya que, el jefe de los informativos viene de la escuela de Telemadrid. Por tanto, la información diaria está al servicio de la voz de su amo.

Con un pequeño juego de observación lo podemos detectar. Sabemos que las noticias de apertura de los telediarios son esenciales para la continuidad del resto. Pues bien, siempre que hay algún acontecimiento de protesta digno de destacar, la TV1 abre con otra noticia, y si inmediatamente pulsas el mando a Tele 5, comprobarás que la apertura es distinta. Posteriormente viene el desarrollo de la noticia.

Ese proceder, hace que los datos hablen por sí solos. El Telediario de las tres de la tarde, de manera paulatina, ha perdido 800.000 espectadores, que prefieren seguir a Vicente Valles y Antena 3. El Telediario de las nueve de la noche, a pesar de estar al frente Ana Blanco, ha perdido 848.000 seguidores que eligen la información de Pedro Piqueras en Tele 5.

Comparar las audiencias actuales de los informativos con las que se manejaban en los tiempos de Fran Llorente resulta llamativo. En dos años, los telediarios han perdido alrededor de un 30 por ciento de los espectadores.

Queda demostrado que la sociedad española queremos información integral, no opinión descafeinada y manipulada.

No son concertinas, son cuchillas

Conforme va avanzando la legislatura cada vez quedan en evidencia más ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. El último en exhibirse ha sido el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Entre manos tiene la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que ya veremos qué consecuencias nos va a traer a la sociedad española. Pero, lo más inmediato y precisamente porque yo no formo parte de esa sociedad española que él dice que apoyamos la instalación de las famosas concertinas (cuchillas cortantes) quiero hacer público que pido que este sistema disuasorio sea desmontado inmediatamente de las vallas de Ceuta y Melilla.

Un Estado de Derecho consolidado como es España no puede permitir que la única manera de impedir que las personas que huyen del hambre sea implantar métodos que desgarren parte del cuerpo de los que deciden exponerse a saltar la valla.

Es vergonzoso que un ministro que se le supone cierta capacidad formativa para desempeñar su cargo se despache con esta afirmación:

 “Fernández Díaz ha definido las concertinas como un instrumento "disuasorio, pasivo y no agresivo" y las ha contrastado, por ejemplo, con la utilización de perros de presa o la colocación de campos de minas en las fronteras”.

No contento con la irresponsabilidad anterior el ministro del Partido Popular dice: “que él no tiene obligación de buscar una alternativa a las concertinas y que, en todo caso, tendrán que hacerlo los que se han mostrado en contra de su utilización”.

Es decir, que yo, que me declaro en contra de las cuchillas, soy el encargado de buscar la solución y él se lleva el sueldo sin tener que calentarse la cabeza.

Es indiscutible que Fernández Díaz no es la persona más idónea para dirigir el Ministerio del Interior. Este hombre es uno más del catálogo calamitoso que configura el Gobierno de España.

Sólo os pido que en el siguiente enlace, comprobéis si lo que dice sobre el sistema instalado es un método “pasivo y no agresivo”.

Siete heridas de las cuchillas de las vallas que para el ministro son "superficiales".

Falta 15 meses para las elecciones

Getafe Capital, es el medio local de Getafe más leído. Su edición de papel, se distribuye cada 15 días a la población de manera gratuita, luego tiene su edición digital que publica las noticias más inmediatas.

Este medio lleva once años cumpliendo con su afán de informar, y también, este año ha concedido sus décimos Premios de Getafe Capital.

La Gala de los Premios se ha convertido en todo un acontecimiento social en la ciudad de Getafe. Allí se dan cita representantes políticos locales y autonómicos, empresarios, agentes sociales, asociaciones y por supuesto el elenco de premiados e invitados que hacen entrega de los premios.

Este año además, unos amigos que han apostado por crear una emisora de radio online, en concordancia con el editor de Getafe Capital, han estado retransmitiendo en directo la entrega de los Premios a través de GetafeVoz.es. Así, he podido participar de manera activa debido a la colaboración especial que tengo los jueves a las 11,00 horas en el programa `Revista de Prensa´, donde analizamos la actualidad más reciente de la ciudad de Getafe.

Para la Asociación GetafeVoz, es un lujo tener en ese programa como tertuliana a la directora de Getafe Capital, Raquel González. El jueves pasado, estuvimos comentando aquellas cosas que no se reflejaron en directo y que siempre ocurre entre bambalinas y corrillos entre los presentes cuando se celebra la `fiesta del periodismo´. Obviamente, Raquel, afirma que “todo lo que no se contó en directo se contará en el próximo número”.

El nuevo número sale el día 12 de diciembre y ella, ya adelanta, que lleva incluida una importante encuesta electoral referida a la intención de voto en la ciudad de Getafe. Como decía al principio faltan 15 meses para mayo de 2015.

Reducción del 40% de sueldo

Ayer domingo fue el primer día que la empresa Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa), empezó a prestar el servicio de lavado de ropa de los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Con esta privatización de la gestión del servicio, la Comunidad de Madrid, dice ahorrarse 36 millones de euros. Es posible que esto sea así, pero conviene recordar de qué manera se consigue el mencionado ahorro.

Hasta el 30 de noviembre la lavandería central de la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular, operaba como un departamento más dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad. Tenía un número determinado de empleados entre fijos e interinos cuyos sueldos, estaban considerados como aceptables dentro del gremio.

Cuando el consejero Javier Fernández-Lasquetty, decide sacar a concurso público la gestión de la lavandería, la empresa `Flisa´ ofrece quedarse con el servicio cobrando un importe de 45,9 millones de euros. Y, por un periodo de ejecución de 48 meses.

Según la contabilidad de la Consejería, esta cantidad que tendrá que abonar es inferior al gasto actual que representa la gestión directa ¿Pero sobre quienes recae los 36 millones que dice ahorrase?

Veamos: La concesionaria lo primero que hace para ganar dinero y que la cuenta de resultados le aporte beneficios es llamar a los trabajadores/as de la plantilla y les informa que su sueldo queda rebajado en un 40%. Así, de la noche a la mañana y haciendo el mismo trabajo, las personas que cobraban 1.000 euros pasan a cobrar a partir del día 1 de diciembre 600 euros. Si no aceptan los contratos de los interinos quedan suspendidos.

Obviamente, la situación laboral que vive España obliga a tomar una dolorosa decisión. Los trabajadores fijos que no han aceptado, han sido trasladados a otros centros de la Comunidad.

Lo dramático del caso es que esta decisión genera una nueva recesión económica en las familias que ven reducidos sus ingresos, además está provocado por el mismísimo Gobierno de la Comunidad de Madrid, que cuando saca a concurso el pliego de condiciones no protege mantener el poder adquisitivo de los trabajadores/as.

Es decir, argumentan que la privatización produce un ahorro pero no dicen sobre las espaldas de quienes recae esa brutal reducción de salarios. Con medidas como estas, impulsadas desde la administración pública madrileña, es imposible salir de la crisis.

Noviembre obscurecido

El último sábado del mes ha sido testigo de masivas manifestaciones contra la reciente Ley de Educación aprobada por el Gobierno que preside Mariano Rajoy. La LOMCE es una Ley que ha unido a toda la Comunidad Escolar y a todos los grupos políticos del Parlamento para exigir su derogación inmediata.

Qué lejos queda el deseado Pacto Nacional por una Educación Pública. Cada día son más los expertos que persuaden para que se consiga consensuar una Ley que al menos sirva de soporte pedagógico a una generación.

El talante del ministro Wert, con el apadrinamiento de Mariano Rajoy genera todo lo contrario. Incluso con las nuevas tarifas universitarias ha provocado que muchas universidades públicas estén buscando mecenazgo para ayudar a aquellos estudiantes que no pueden pagarse el coste de culminar sus estudios.

Ayer en el Consejo de Ministros igualmente se aprobó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La aplicación de todos los conceptos sancionadores que contiene hará que las conquistas democráticas logradas a lo largo de nuestra reciente democracia, se vean castigas. Además, deteniéndose en cada uno de los motivos que reciben el castigo se abre un abanico parcial a la hora de interpretar cuándo y cómo se está desarrollando la protesta. Y, por tanto, si se le aplica la sanción y a quién.

Es tal el despropósito, que hasta un significado representante de la Policía manifiesta que no era necesario una legislación de estas características.

En cuestiones represoras el Partido Popular no tiene límites. Ahí tenemos los métodos "disuasorios" que mutilan a los inmigrantes que pretenden entrar en España saltando las vallas de Melilla. Cuchillas que cortan de manera salvaje. Hasta el punto que un grupo de católicos practicantes como “el ministro Fernández”, se dirigen al Papa Francisco, para que interceda ante el Gobierno de España para que se eliminen este tipo armas que desgarran a quienes buscan una vida que les aleje del hambre.

"Solicitamos a Vuestra Santidad que imponga a los responsables últimos de la decisión de colocar las cuchillas en la valla fronteriza de Melilla la pena de Excomunión 'Ferendae Sentenciae', con sus correspondientes efectos y perjuicios", reza la misiva.

Nadie creyente o no, que defienda el humanismo solidario puede entender que el ministro del Interior un católico practicante y miembro del Opus Dei, decida atentar contra la vida de sus semejantes de esta manera.

Sentencia demasiado laxa

Después de más de nueve años de procedimiento instructor en la causa del que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ya tenemos sentencia.

El que era “ciudadano ejemplar” según palabras de Mariano Rajoy, para evitar su procesamiento había presentado durante ese tiempo veinte recursos y había conseguido cambiar varias veces a los jueces instructores. Incluso así, con estas acciones muchos dirigentes de renombre del Partido Popular hacían una clara defensa de su honorabilidad.

Una simple pregunta nos puede situar con claridad ante el hecho evidente: Si no había nada que esconder a qué viene poner tantos obstáculos a la investigación de la Justicia. Por qué sus compañeros/as le apoyaban. Incluido el hoy presidente del Gobierno de España.

Era evidente que algo pasaba y que sus compañeros del PP, con las declaraciones favorables se estaban solidarizando con la causa del procesado.

Finalmente, conocemos que la Justicia no ha podido probar la el efecto de cohecho y tráfico de influencias para la autorización de productos fitosanitarios. Tampoco ha podido aclarar cómo con determinado sueldo público, el matrimonio Fabra llega a acumular un suculento patrimonio.

Lo que sí queda demostrado es que ha cometido `fraude fiscal´. Por ello la sección primera de la Audiencia de Castellón condena a Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad.

En el terreno político con este caso el PP queda en evidencia. Durante muchos años ha estado colaborando con Fabra en la estrategia obstruccionista a la Justicia y que conocida la sentencia la dirección del partido no ha podido darle de baja. Ha sido el propio Carlos Fabra buen conocedor de los procesos internos de su partido quien solicita la baja voluntaria.

La encargada de dar la cara ante la sociedad española María Dolores de Cospedal, ante la realidad añade, el Partido Popular “siempre” ha respetado la presunción de inocencia y acata las decisiones de los tribunales.