Que gran lección nos ha dado un abogado convencido de que
las cosas no se estaban haciendo con la justicia debida. Al cumplir con la
obligación de defender a su cliente, eleva una pregunta al juez que lleva el
caso, y éste, consulta al Tribunal de Luxemburgo, resultando errónea la Ley
hipotecaria española.
Es decir, la Ley española que se estaba aplicando por el
impago de la hipoteca bancaria, no considera debidamente la defensa de los consumidores
españoles. A partir de ahí, se paran todos los procesos abiertos y se tiene que
redactar una nueva Ley adaptada a la normativa europea. Por fin, Europa
despierta al Estado Social.
Sobre este asunto cabe hacernos muchas preguntas, pero
hay una, que llama poderosamente la atención. Si la legislación existía ¿cómo
el parlamento europeo y los diputados españoles allí presentes no han movido
ficha ante tanto drama social que vivimos en España? Ha sido un juez y un
abogado quienes han puesto en evidencia el trabajo que realizan los
representantes de los estados miembros. Esta realidad merece un análisis muy
severo que la sociedad española no podemos pasar por alto.
En el nuevo camino que se abre, hay que estar muy atentos
al redactado de la nueva Ley para que no se vuelva a repetir la historia.
Además de lo trascrito para el futuro, la Ley, tiene que recoger soluciones
para los afectados del pasado que han sido tratados injustamente.
Aunque la responsabilidad de Gobierno la tiene el Partido Popular, el arco parlamentario español tiene que estar muy activo para que el
redactado final se ajuste a la realidad social que hoy vive España.
Ha llegado el momento de indicarle al Partido Popular,
que se olvide de su mayoría absoluta y empiece a consensuar las leyes que rigen
el destino de nuestro país.
Un buen ejemplo de este proceder, lo tenemos en el acuerdo
tomado por Decreto Ley en el último Consejo de ministros sobre el futuro de la
jubilación y las pensiones de los trabajadores/as. Siempre hasta la mayoría
absoluta del PP, estas decisiones eran debatidas por los partidos políticos y
agentes sociales para alcanzar el acuerdo que hiciera sostenible y viable el
sistema de jubilación y las pensiones en España.
El viernes pasado, el Partido Popular con una
interpretación leonina de su mayoría absoluta, derrumba el sistema de consenso
y acuerdos históricos alcanzados.
De seguir el PP con ese proceder la sociedad española estamos
abocados a manifestar nuestra desobediencia civil.