No se puede entender

La presencia durante unos días en la Comunidad valenciana, me ha permitido apreciar acontecimientos y conocer noticias de primera mano. Los casos políticos que allí se viven, hacen inexplicable que el Partido Popular tenga el respaldo social que le otorgan las urnas.

Es precisamente ese apoyo fiel el que induce a Mariano Rajoy, elegir Valencia para reafirmarse en su cargo de Presidente del PP. Y, ya puestos, el presidente Camps le promete los votos necesarios para facilitarle el camino a la Moncloa.
No obstante, mientras la promesa se convierte en realidad, veamos algunos acontecimientos que me llaman poderosamente la atención:

En Alicante, en el municipio de Calpe, el “caso aguas Calpe” mantiene imputados al antiguo concejal de suministro, hoy diputado provincial del PP Juan Roselló y a su cuñado. El proceso judicial pertenece a una concesión que el antiguo concejal realiza a la empresa de su cuñado. El Ayuntamiento paga más de un millón de euros por las obras y éstas, no se hacen en su totalidad. Informes técnicos aseveran que el 50% de las secciones de las obras se encuentran en estado crítico.

Otra noticia interesante debido a la paternidad que ejerce el Sr. Fabra, es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que confirma la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castellón. Anular un proceso que está abierto desde el año 2000, tiene un coste económico muy importante y que tendrá que asumir el Ayuntamiento con el dinero de todos los habitantes de la ciudad.

La joya de la corona se la lleva el Ayuntamiento de Valencia. No hay que ser muy entendido de futbol para conocer las negociaciones y fichajes millonarios que los clubs realizan. También a poco que se observe, valoramos que la presidencia de los clubs en un alto porcentaje está ocupada por constructores de primera línea.
El Fiscal General del Estado, tiene que decidir si se investiga posibles irregularidades en la operación de permuta de terrenos entre el ex presidente Juan Soler y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Es decir, se derriba el actual campo de juego del Valencia CF y el Ayuntamiento le facilita unos nuevos terrenos que estaban calificados “dotacional deportivo público”. El club, asume el pago de 45 millones de euros, entre efectivo y parcelas en la ciudad.
La jugada del presunto delito está, en que una vez realizada la transacción, la presidencia del club solicita la recalificación del los terrenos y el Ayuntamiento de Barberá, se lo concede. Con lo que, el valor de los terrenos ya destinados a oficinas anexas al nuevo campo y hoteles, asciende a 80 millones de euros. Esto hace que los cálculos iniciales y las cifras de la permuta no tienen justificación ninguna. Además el club, hoy, según denuncian los movimientos sociales y los partidos de izquierdas, no ha pagado todavía nada al Ayuntamiento.

Estas pinceladas de la manera de practicar la política en la Comunidad valenciana son conocidas y debatidas en la sociedad y sin embargo, no es sancionada. Con otro agravante mayor, el PSPV-PSOE, los socialistas valencianos, no encuentran la hoja de ruta que desmonte el entramado político valenciano.