El cambio climático junto con el esfuerzo humano y técnico que se está realizando en Galicia, indica el principio del final de esta realidad ardiente. El Partido Popular, con la tierra todavía caliente, ya quiere provocar el debate polémico sobre el número de hectáreas carbonizadas.
En esta ocasión la guerra de cifras tiene las cuentas muy claras. Anotados los municipios y parroquias que ha sufrido el desastre ecológico y contado el espacio quemado en cada uno de ellos, nos debe dar la verdadera cifra del total del desastre. No vale por tanto acusaciones premeditadas sobre si el balance final se ajusta a lo censado por el Gobierno de la Xunta, o lo indicado por el PP. El registro de los términos municipales y sus espacios afectados son la base del baremo.
Controlados los focos, llega el momento del reconocimiento de los esfuerzos realizados para paliar el desastre: el trabajo de los vecinos afectados, la colaboración de los voluntarios, el personal técnico, los recursos materiales utilizados, la responsabilidad política en la toma de decisiones y toda acción encaminada a solucionar el problema.
También es el momento de la disposición política. Concluida la investigación de las causas que lo han provocado ha llegado el momento de acometer decisiones diferenciadas de otros gobiernos. El compromiso del Gobierno central y autonómico asumiendo las ayudas a los damnificados, no sólo debe hacerse sobre la base de la prestación pura y dura. La gestión desde la óptica de gobiernos progresistas tiene que marcar un procedimiento que siente las bases para que en el futuro no se vuelva a repetir estos atentados ecológicos.
Jurídicamente ya existen unas leyes que penalizan a los culpables de los hechos. También, está legislada una serie de medidas que impiden utilizar el solar y los productos afectados para especular con ellos. Pero falta algo que debe quedar implantado por decreto ley: primero, un mapa del espacio afectado, incluida la cronología de la fecha del suceso. Segundo, una ley de rango superior que impida que pasado el tiempo y atenuada la catástrofe los municipios y parroquias puedan derivar actuaciones que beneficien intereses relacionados con la consecuencia del desastre.
Resumiendo: altura de miras en las ayudas y prestaciones a los afectados desde los Gobiernos central y autonómico. Y una ley que demuestre y sancione que los atentados ecológicos ¡nunca! generaran riqueza especulativa.
En esta ocasión la guerra de cifras tiene las cuentas muy claras. Anotados los municipios y parroquias que ha sufrido el desastre ecológico y contado el espacio quemado en cada uno de ellos, nos debe dar la verdadera cifra del total del desastre. No vale por tanto acusaciones premeditadas sobre si el balance final se ajusta a lo censado por el Gobierno de la Xunta, o lo indicado por el PP. El registro de los términos municipales y sus espacios afectados son la base del baremo.
Controlados los focos, llega el momento del reconocimiento de los esfuerzos realizados para paliar el desastre: el trabajo de los vecinos afectados, la colaboración de los voluntarios, el personal técnico, los recursos materiales utilizados, la responsabilidad política en la toma de decisiones y toda acción encaminada a solucionar el problema.
También es el momento de la disposición política. Concluida la investigación de las causas que lo han provocado ha llegado el momento de acometer decisiones diferenciadas de otros gobiernos. El compromiso del Gobierno central y autonómico asumiendo las ayudas a los damnificados, no sólo debe hacerse sobre la base de la prestación pura y dura. La gestión desde la óptica de gobiernos progresistas tiene que marcar un procedimiento que siente las bases para que en el futuro no se vuelva a repetir estos atentados ecológicos.
Jurídicamente ya existen unas leyes que penalizan a los culpables de los hechos. También, está legislada una serie de medidas que impiden utilizar el solar y los productos afectados para especular con ellos. Pero falta algo que debe quedar implantado por decreto ley: primero, un mapa del espacio afectado, incluida la cronología de la fecha del suceso. Segundo, una ley de rango superior que impida que pasado el tiempo y atenuada la catástrofe los municipios y parroquias puedan derivar actuaciones que beneficien intereses relacionados con la consecuencia del desastre.
Resumiendo: altura de miras en las ayudas y prestaciones a los afectados desde los Gobiernos central y autonómico. Y una ley que demuestre y sancione que los atentados ecológicos ¡nunca! generaran riqueza especulativa.
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