Crecimiento plano

Después de la recriminación del ministerio de Hacienda al presidente de la Comunidad de Madrid, al anunciar que mantiene el gasto del presupuesto para 2014 bajando los impuestos, hemos conocido como pretende conseguir el dinero que no ingresa vía impositiva. Dilapidando el patrimonio de la Comunidad.

Ignacio González, tiene previsto enajenar bienes propiedad de los madrileños hasta alcanzar los 600 millones de euros. Y, para ello, vende patrimonio, consorcios y participaciones en empresas que hoy le aportan beneficios a la Comunidad de Madrid.

Esta manera de subsistir me recuerda una reciente historia de un conocido que para pagar la deuda de las cuotas de la comunidad de vecinos, decide vender la plaza de garaje.

En un primer momento sales del apuro, pero si no planificas un crecimiento de los ingresos llegará el día en que ya no te quede patrimonio para pagar los gastos.

Es por ello, que la fórmula de González de bajar impuestos y suplir la falta de ingresos con la venta de las propiedades nos lleva a la ruina. No debemos ser ingenuos y aceptar que el objetivo “fundamental” es “ayudar a los madrileños” poniendo “más recursos en sus bolsillos”.

Los recursos para la clase trabajadora se logran precisamente teniendo un puesto de trabajo que nos permita obtener unos ingresos mensuales. Y esto, difícilmente se puede lograr cuando “la inversión nueva en la región es cero”.

Con respecto a la tan traída bajada de impuestos, así nos lo explica el secretario de Economía del PSM, Antonio Miguel Carmona. ”La mayoría de los madrileños no serán beneficiados en nada, sino que pagarán más tasas y verán expoliado su patrimonio, en contraposición con los que ganen 200.000 euros, los cuales serán beneficiados con 600 euros”. En cambio, el que gana 10.000 euros obtendrá una rebaja de 40 euros. 

Y es que, para los socialistas de la región, estas cuentas son "injustas pues el PP trata de regalar dinero a los que más tienen”. "Regalar 600 euros a alguien que gana 200.000 vendiendo el patrimonio de todos y hacer pagar tasas por un certificado de dependencia o por ir a la universidad, es para llevarlo a los tribunales". 

“La Comunidad de Madrid se para completamente, no realiza ninguna inversión ni del Estado, ni de la Comunidad", ha concluido.

Conferencia Política = a Primarias

La dirección Federal del PSOE, insiste en que durante la próxima Conferencia Política no se debe hablar del proceso de primarias que ineludiblemente se tiene que celebrar dentro del partido para elegir a nuestros candidatos. Incluso, habla de un pacto entre dirigentes del partido para que ello se evite.

Sin embargo, en la Federación madrileña su secretario General, Tomás Gómez, opina que el mes de febrero de 2014, sería una fecha muy adecuada para abrir el proceso. Es obvio, que para que así fuera, en la Conferencia Política de noviembre se debería hablar del proceso y fijar una fecha concreta.

Desde mi punto de vista, considero que perfilar un proyecto político de calado en los debates de la Conferencia, no impide que además, se pueda decir que para llevar a cabo ese proyecto, se piensa que nuestro proceso de primarias serán… Con inteligencia una cosa no debería quedar desdibujada por el anuncio de la otra. Precisamente, si no se hace así, es cuando de manera soterrada volará en el ambiente la gran incógnita que hoy vivimos dentro del PSOE.

Además, centrándome en la Federación madrileña, conviene conocer cuanto antes, quién será nuestro/a candidato/a para 2015 a la Comunidad de Madrid, a la alcaldía de Madrid, y señalando a la ciudad donde resido Getafe, quien será la persona que los militantes de base consideramos que puede ser la mejor candidata para recuperar nuestra alcaldía.

Considero que los tres ejemplos puestos son de sumo interés para el PSM, ya que todo indica que las fuerzas de progreso tienen un camino por delante despejado debido al agotamiento político del PP.

En Getafe, abrir un proceso de estas características daría lugar a poner fin a una situación interna que está impidiendo a la dirección de la Ejecutiva Local, trabajar con la tranquilidad necesaria para confeccionar un proyecto adecuado a las necesidades de nuestro municipio. Al mismo tiempo, definitivamente conoceríamos como ya lo hicimos con la votación interna a la elección de la actual Ejecutiva, las preferencias y valoraciones que los/as militantes pronosticamos a  nuestros candidatos/as.

Finalmente, para quienes consideran que previo al debate de la fecha a realizar la elección, se tiene que tener confeccionado el programa base de la dirección que será el que nos tiene que servir de carta de presentación a la sociedad española, debemos recordar que a posteriori, el contenido del documento se tiene que adaptar a todos y cada uno de los lugares en los que los socialistas concurren a unas elecciones. En definitiva, se hace la ley, y luego se confeccionan los reglamentos que la desarrollan.

Por tanto, no podemos desaprovechar el interés mediático que se va a generar y no dar cumplida información a la sociedad española de todos los retos que tenemos por delante los socialistas.

Cuando la Ley actúa se debe cumplir

Todos acatan la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero sin embargo, no se propicia el ambiente necesario para que el tránsito hacia la normalidad que exige su cumplimiento no genere más dolor del ya padecido por los asesinatos.

Esta mañana el Lehendakari, Iñigo Urkullu, declaraba que sería conveniente que el mundo abertzale, no rindiera homenajes públicos a los presos de ETA, que próximamente conseguirán la libertad después de pagar la condena establecida por sus asesinatos y que el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido cumplida.

Esta declaración de principios es coherente, máxime cuando se está trabajando para conseguir el final de la banda, que entreguen las armas y pidan perdón por todo el dolor causado a las familias.

Es más, desde el ministerio del Interior se afirma que no se va a consentir exaltación de los presos que regresen a sus casas.

Desde la otra parte, las Asociaciones de las Víctimas que siempre recibieron un apoyo en anteriores procesos por parte del Partido Popular deberían recibir de éste, toda su comprensión por el desánimo que les causa la aplicación de la Ley, pero a su vez, también la indicación de que el ejercicio de la aplicación del Estado de Derecho, marca los procedimientos establecidos.

Por lo comunicado, todo indica que no va a suceder así. A la concentración anunciada en Madrid, han manifestado su deseo de acudir Ignacio González, presidente de la Comunidad, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional y con toda seguridad la lista de reconocidos cargos del Partido Popular irá creciendo.

Desde mi punto de vista, y después de solidarizarme con el dolor que pueden sentir, considero que la cosa se complica si la concentración no toma el camino del homenaje a los fallecidos y se pretende reivindicar otras cuestiones que aunque estén cargadas de sentido común no se ajustan a los preceptos de las Leyes que nos hemos dado para convivir todos.

Por tanto, las personalidades políticas que acudan deberían tener muy en cuenta los derechos legales y no hacer declaraciones fáciles que exaltaran los ánimos de los asistentes.

Amplísimo panorama electoral

Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, están obligados a dejar de mirarse el ombligo y acometer una profunda reforma dentro de sus organizaciones que permita seguir manteniendo una amplia relación con la sociedad. Si no lo hacen, la ciudadanía mirará fijamente otras alternativas que están haciendo su aparición en la escena política.

La última plataforma que hace su presentación ha sido `Movimiento Ciudadano´. Cuando anuncian que existe un manifiesto al cual ya cientos de personas se han sumado y te invitan a firmar, sientes curiosidad por comprobar su contenido. He de decir, que el punto central del manifiesto seguido de un Pacto Nacional por la Educación que dure como mínimo una generación, consigue que muchos nos identifiquemos con sus enunciados al ser cuestiones que estamos demandando. http://movciudadano.es/

Pero no es sólo este movimiento, hay otros colectivos como el que apadrinan los exministros Jordi Sevilla (PSOE) y Josep Piqué (PP): foro+Democracia. Que han presentado un texto de reforma de la Ley de Partidos y donde han recibido más de un centenar de propuestas para aplicar al documento.

En este caso no me extiendo en la argumentación. Reitero que el abanico político se ha abierto de tal manera y la situación de la sociedad es la que es, que estas plataformas y movimientos pueden tener un amplio calado si se mantienen las viejas estructuras de los actuales partidos mayoritarios.

El siguiente enlace nos relata con precisión el número de alternativas. Vozpopuli 

Desnudando el pensamiento

En la ciudad de Getafe, cada 15 días hay medios de comunicación local conocidos que además de la noticia diaria en la red, en esa fecha sacan su publicación gratuita en papel. Tanto `Getafe Capital´ con su editorial, como `Al Cabo de la Calle´ con su entrevista a un conocido militante de la Agrupación Socialista de Getafe, hacen que las aguas revueltas se pongan en efervescencia.

Tanta es la ebullición que un veterano político del socialismo, ayer me decía que “en la calle nos tenemos que dar abrazos aunque en la Agrupación nos matemos”. Es obvio que por mi carácter y forma de vida, en la calle le saludaré con respeto y en la Agrupación debatiré hasta la extenuación con más respeto todavía.

Los últimos acontecimientos que hacen que no viva una relación tranquila la dirección de la Ejecutiva Local, se deben al predicamento sobre un hipotético acuerdo de una moción de censura por un lado, y las declaraciones del compañero informando que ya han pasado 15 días desde la última asamblea que fue el tiempo estimado para que la Secretaría General iniciara los trámites para conseguir desbancar al Partido Popular de la alcaldía.

Debemos recordar que el PP, gobierna Getafe con 12 concejales y que la mayoría absoluta son 14. El Alcalde Soler, preside la Corporación por la decisión de UPyD de abstenerse en la investidura. Si fue acertado o no para este grupo la medida tomada se verá cuando de nuevo le consulte a los ciudadanos en 2015.

Con respecto a la urgente `moción de censura´ pienso que es cierto que las prioridades que el PP de Getafe está impulsando en la ciudad, difieren claramente de las políticas a las que darían preferencia los grupos de izquierdas. Desde mi punto de vista, lo más grave está sucediendo en los despidos llevados a cabo en empresas públicas, y en unas instalaciones deportivas privatizadas en su gestión, cuya empresa reduce el salario de los trabajadores que asumió en la concesión y si no aceptan la nueva cuantía los despiden. Hasta hoy, el Gobierno no se ha pronunciado sobre este proceder de la empresa concesionaria.

Ahora bien, en una ciudad con cerca de 17.000 parados, ¿El posible Gobierno resultante de la moción tendría solución para este problema? ¿Entendería la sociedad de Getafe después de escuchar los argumentos del Partido Popular en su defensa la decisión que toman 14 concejales? ¿Se ha pensado si en el año y meses que queda para las próximas elecciones no se ha reducido el drama social del paro, lo que dirán las urnas en 2015?

El hecho de practicar el periodismo ciudadano me permite asistir a ruedas de prensa y acontecimientos varios, yo observo y valoro que a pesar de los desaciertos del Gobierno del PP, no hay un clamor excluyente de la sociedad hacia las políticas practicadas.

Por lo tanto, soy de los que apuesto por confeccionar un proyecto político creíble y realizable. Configurar un grupo de trabajo bien engrasado que denuncie los errores del Gobierno y un equipo de personas que serenamente sin necesidad de estar constantemente sometidas a la presión interna de un sector del partido puedan planificar el tránsito hasta 2015.

Las metáforas y las reformas

Últimamente, estamos asistiendo a la dulcificación de las decisiones que toma el Gobierno del Partido Popular a través de las metáforas aplicadas a cada una de las medidas que toma. Así, una de las últimas ha estado a cargo del Ministro Montoro, “los sueldos no bajan, suben moderadamente”. La metáfora consiste en usar una palabra o frase por otra.

Esta metodología tiene un objetivo muy claro y sencillo, que la sociedad española no perciba el ataque que se le está aplicando sobre los derechos adquiridos en decenas de años. Únicamente, cuando los tribunales superiores de Justicia son quienes actúan pueden paralizar las acciones llevadas a cabo por los distintos gobiernos del Partido Popular. El ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, con la privatización de hospitales ya adjudicados para que su gestión la lleven determinadas empresas.

Las consecuencias pueden ser tan irreversibles y tiene tantos procesos judiciales abiertos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decide paralizar la privatización hasta que se aclare todo el proceso.

Reforma electoral

Es tanta la indignación social que se manifiesta en las encuestas de intención de voto, consecuencia del incumplimiento total del programa electoral con el que ganó Rajoy y sus barones en las Comunidades autónomas, que ante la posibilidad de perder el poder los estudiosos dedicados al reparto de votos electorales, llegan a la conclusión que, para que el PP siga en los distintos gobiernos, se debe reducir el número de diputados que componen los diversos parlamentos de las Comunidades.

La primera como no podía ser de otra manera y ante la clara perdida anunciada, ha sido la Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Reforma el Estatuto y así, reduce de 49 a 35 los diputados en las Cortes regionales. Es evidente, que el argumento del ahorro no se sostiene, ya que los parlamentarios no cobran en esa Comunidad. Pero eso sí, la aplicación de la reducción, le garantiza poder continuar en el poder en 2015.

El ejemplo cunde dentro de sus compañeros/as presidentes/as y el modelo lo perfilan todos/as para su aplicación. Ante lo cual, y siendo un claro pucherazo electoral, la sociedad debemos reaccionar calculando el valor de nuestro para evitar “las malditas mayorías absolutas que tanto daño nos están haciendo”.

Cuando el PP cambia las leyes para no perder elecciones.

Posición contraria al Proyecto de Ley

Alcaldes/as de toda España se ha dado cita en el pabellón deportivo de la ONCE en Madrid, para dar a conocer su opinión sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. COALICIÓN CANARIA, COMPROMÍS, CHUNTA ARAGONESISTA, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES LOCALES MENORES, INICIATIVA PER CATALUNYA, CIU, IU, PSOE.

DECLARAN:

Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional.

Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.

Denunciamos pues o estamos en contra de:

1. La vulneración del principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local.

El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.

2. La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes CCAA. La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.

3. La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se fundamenta.

El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público.

4. Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora modificaciones substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de la ley de haciendas locales con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades que les encomienda.

Declaración íntegra de Alcaldes/as.

Ley de Grandes Ciudades

La Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre) aprobada por las cámaras legislativas españolas a propuesta del gobierno de España entró en vigor el 1 de enero de 2004; consiste en la modernización de la gestión del ayuntamiento para así desarrollar e impulsar la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos locales. Una de estas medidas es la división del municipio en distritos y la determinación y regulación de los órganos de éstos.

Getafe, es una de las ciudades acogida a esta Ley. El debate surge cuando el Gobierno Municipal, sólo hace uso parcial de la normativa que impulsa y desarrolla la Ley. Paradigma: El Alcalde Presidente, implanta la Junta de Gobierno Local, aplicando todas las competencias recogidas en la Ley, y sin embargo, no toma medidas para la división del municipio en distritos. Órganos vitales para impulsar la participación ciudadana.

Esta carencia no es exclusiva de la ciudad de Getafe, hoy, una de las críticas más extendidas en España, es la falta de comunicación entre los ciudadanos y sus representantes. Tenemos cortado el cable “no se ponen al teléfono”.

Este proceder está creando un ambiente enrarecido en la ciudad. Sobre todo cuando las decisiones tomadas necesitan del consenso. Es necesario hablar. También, otra circunstancia que se practica con asiduidad es la dejadez en la ejecución de las propuestas que se aprueban en sesión plenaria.

Veamos: En el último Pleno celebrado el pasado día 2, con 15 fotos a favor y la abstención de los 12 votos restantes, se aprueba,  exigir a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid a tomar todas las medidas oportunas para que se vuelva a restaurar el servicio de la Línea 411 interurbana de autobuses, Madrid-Perales del Río (Getafe) en las mismas condiciones que había anteriormente.

Es obvio que existe un problema con la aplicación de un recorte del 60% del servicio que teníamos los vecinos. Incluso, hemos presentado alternativas para debatir la posible solución del problema, pero la falta de comunicación impide alcanzar el consenso necesario, quedando totalmente cercenado el derecho reconocido por la Ley de Grandes ciudades: “Participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos locales”.

La ciudad de Getafe está gobernada por el Partido Popular. Y, a su Alcalde, Juan Soler, le corresponde hacer cumplir la Ley.

Soledad parlamentaria

Hoy, inicia su tramitación parlamentaria la nueva Ley de Educación que dicta el Partido Popular. La gran carga ideológica que contiene su articulado y las decisiones económicas que aplica, hace que en su paso por el parlamento español, sólo reciba los votos del Partido Popular.

Conocidos los detalles de su contenido, se comprende ahora por qué España no ha sido capaz de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. Es digno reconocer, el trabajo que realizó el anterior ministro de Educación Ángel Gabilondo y su equipo, para alcanzar el "Acuerdo". La perspectiva del tiempo deja ver cuáles fueron las razones del fracaso.  

Pero la soledad que hoy siente el PP hace presagiar que es una Ley de poco recorrido. Entre las decisiones tomadas por José Ignacio Wert como ministro de Educación han estado:

La LOMCE modifica la definición de Sistema Educativo de la anterior ley para incluir a los "agentes privados", lo que abre, según sus detractores, más posibilidades de privatización efectiva de la enseñanza.

La participación de lo privado en el ámbito educativo se pone de manifiesto en el texto de la nueva ley educativa. Entre otras cosas, porque pone en categoría de ley el procedimiento que ya ocurría en comunidades como la de Madrid en la que la administración cede suelo público para construir centros de educación privados.

Ha sido eliminada la asignatura Educación para la Ciudadanía y se le da una `puesta en valor´ a la asignatura de Religión.

El recorte de becas de comedor y libros, sobre todo en la universidad con un incremento de las tasas universitarias está dejando en el camino a muchos estudiantes que sin estas ayudas no pueden iniciar o concluir sus estudios.

Con respecto a las lenguas cooficiales introduce los cambios más polémicos al reforzar el papel del castellano en la enseñanza y especifica su carácter de lengua vehicular. El texto anterior se limitaba a mencionar que se garantizara el derecho de todos los alumnos de educarse en castellano.

Además, abre la puerta a la contratación directa de profesores sin concurso público y deja claro que el Estado debe garantizar la escolarización, pero que puede hacerlo en centros de titularidad pública o privada.

Establece que la elección de los directores de los centros se haga a través de una evaluación en la que se tenga en cuenta, entre otros factores, los resultados de las pruebas a los alumnos realizadas durante su mandato. Introduce la competencia entre los distintos centros educativos.

En definitiva, la LOMCE, ha logrado movilizar en su contra a profesores, alumnos y padres en toda España, y será aprobada con la mayoría del PP en el Congreso, para luego ser remitida al Senado.  

Hay que pagar a las comunidades

Analizamos los casos de deudas que tienen contraídas las administraciones públicas con las comunidades de Vecinos. En concreto, la Comunidad de Madrid. Aunque es posible que en otras Comunidades y por otros asuntos también exista el conflicto.

Para situarnos en la escena de lo sucedido, debemos remontarnos a los años 60 y 70 del siglo pasado. Una gran emigración interior de los pueblos de España, cuya población se traslada a las grandes ciudades y su periferia. Por tanto, hay un boom urbanístico para atender la demanda de familias que se tienen que instalar. En aquella época se hacían los bloques de viviendas y después cuando tocaba se hacían las calles y aceras, con lo que llevaba tener que soportar barro y polvo. Además, se hacían pisos de hasta cinco alturas en la periferia de Madrid, y en el caso que nos ocupa Getafe, sin ascensor.

Pisos que en su gran mayoría eran comprados por familias jóvenes cuyo estado físico no era obstáculo para poder subir a las plantas altas.

Han pasado muchos años y gran cantidad de familias de aquella época ha cumplido años y su paso ha dejado huella en su fortaleza. Es entonces, cuando ante las dificultades de movilidad las administraciones públicas toman conciencia y proyectan ayudas para que las comunidades de Vecinos puedan instalar ascensores en las viviendas que carecen de ellos.

Así, la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, confecciona el decreto Ley, que permite a las comunidades solicitar la ayuda correspondiente hasta 50.000 euros por ascensor. Los afectados necesitan este elemento para sus vidas y deciden instalarlo. Adelantan el dinero a la empresa instaladora y confían en la parte que puedan recuperar cuando llegue la ayuda concedida.

El problema surge cuando pasan los años, la Comunidad de Madrid no hace el abono, y además, el Gobierno de Ignacio González (PP) instauró una normativa en 2012 en la que se recoge su intención de reducir las ayudas de un máximo de 50.000 a 15.000 euros por instalación, con el agravante de pretender que su aplicación tenga carácter retroactivo –lo que afectaría a aquellas comunidades que ya tengan la ayuda concedida, pero que aún no la hayan cobrado– lo cual, además de asfixiar aún más a la ciudadanía, es ilegal y contrario a la Constitución Española.  

Por todo ello, tanto el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, como los Socialistas de Getafe, están informando a los afectados de los derechos que les ampara la Ley.

Al mismo tiempo, el PSOE local ha presentado una proposición al Pleno del Ayuntamiento solicitando al Gobierno Municipal (PP) que tome cartas en el asunto y defienda los intereses de los vecinos de Getafe. "Los Socialistas de Getafe instan a la Comunidad de Madrid a que abone de forma urgente las ayudas a la instalación de ascensores que se adeudan a las comunidades de propietarios".

Cuando las administraciones públicas constituyen fondos especiales para pagar las deudas de los proveedores, no pueden dejar en el cajón del olvido las deudas que tienen contraídas con las familias. Máxime cuando estamos hablando de personas jubiladas con pensiones reducidas.