Como lo siento, lo digo

Decepcionante ha sido el veredicto del titular del Juzgado número 29 de Madrid, que después de tomar declaración a una persona reclamada por la justicia en búsqueda y captura lo deja en libertad con cargos.

Ha debido ser decepcionante para los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía montar todo un dispositivo de vigilancia y estrategia para detener a la persona que seguían desde el mes de agosto 2011, que se escapa de la operación “ceniza”. Y, cuando lo entregan a la Justicia, el partícipe con un historial ampliamente conocido, presta declaración y lo dejan en libertad.

Entonces, cabe preguntarse para qué los Tribunales de Justica lo reclaman? No se puede entender.

Como tampoco se puede aceptar en un Estado de Derecho las dos sanciones de mil euros iniciadas contra un ciudadano por concentrarse a favor del juez Baltasar Garzón en dos de las manifestaciones que se celebraron en apoyo al magistrado en enero y febrero.

Julián Rebollo, un jubilado madrileño, es la persona contra quien la Delegada del Gobierno dirige sus reclamaciones económicas.

Con todo respeto para la autoridad que representa la Delegada del Gobierno. Aunque justifique la sanción basándose en los datos recogidos por los Agentes de Policía, tiene potestad para anular el castigo económico. Además, utilizando la simple lógica, no tendría sentido que entre cientos de personas que expresaban su apoyo al Juez Garzón se sancione a un ciudadano ejemplar icono del movimiento ciudadano madrileño.

La Sra. Cifuentes, en el caso del delincuente anterior había pedido al Magistrado que no dejara en libertad al detenido y no fue escuchada. Ahora, no puede sancionar a una persona cívica de izquierdas que ejerce su derecho en libertad. Con toda seguridad que la Policía comprenderá los motivos.

Quizás, estas lagunas jurídicas obliguen al Sr. Ministro a intervenir y poner orden en tanto desorden y sin justicia ¡Sr. Gallardón pude usted lucirse!