Han sido muchas las anotaciones que en el fragor del debate provocado por la publicación del vídeo sobre “la otra tregua”, recomendaban a los partidos políticos superar la fase de reproches y que se hiciera política con MAYUSCULAS. Hoy precisamente, es uno de los días que pasara a la historia parlamentaria.
El Congreso aprobará definitivamente el proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Una vez más, un Gobierno socialista pone en marcha un nuevo pilar del Estado del Bienestar, tras la educación básica, obligatoria y gratuita (1985); el Sistema Nacional de Salud (1986), y las pensiones universales (1990). A partir de 2007, las personas que lo soliciten serán evaluadas para determinar su grado y nivel de dependencia, así como las prestaciones a las que tienen derecho.
Tres mejoras de la Ley en el Senado
A su paso por el Senado, los grupos parlamentarios pactaron tres enmiendas al proyecto que serán incorporadas al texto.
Una dice que las Administraciones deberán realizar campañas para fomentar la presentación de solicitudes.
Otra señala que las prestaciones económicas establecidas por las mutualidades en programas específicos para la atención y cuidado de los dependientes serán compatibles con las del SAAD. Estos programas podrán incluir ayudas económicas y servicios para la promoción de la autonomía personal.
La última fija que los beneficiarios de una pensión no contributiva, colectivo con un alto porcentaje de dependencia, podrán compatibilizarla con rentas o ingresos que no excedan del 25% del importe, en cómputo anual, de la citada pensión.
Además, la Ley creará el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, además de las prestaciones económicas, priorizará, entre otros, los servicios de ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales y ayudas a las familias cuidadoras.
Ahora, las personas dependientes no tienen reconocido ningún derecho a ser atendidas y sólo el 3,5% de los mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, sólo el 2,84 de ellos tienen servicio de teleasistencia, sólo el 0,54 dispone de una plaza en un centro de día, y sólo hay 3,86 plazas por cada 100 dependientes. Situación de abandono e injusticia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a corregir.
BENEFICIARIOS
Con la Ley, los beneficiarios podrán percibir una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado, en el caso de no existir la oferta pública que requiera. El beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar, y su cuidador, que deberá estar dado de alta en la Seguridad Social, recibirá una compensación económica por ello. La financiación correrá a cargo de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia, a más del 1% en 2015.
APORTACIÓN DEL ESTADO
El Gobierno aportará cerca de 13.000 millones de euros y las Comunidades Autónomas, una cantidad similar. Los beneficiarios participarán en la financiación del Sistema en función de su situación económica, de forma justa y equilibrada. Además del beneficio social, la implantación del Sistema supondrá una inversión eficiente, por su impacto social, económico y laboral: en 2015 se habrán creado cerca de 300.000 empleos.
Para terminar sólo insistir en que "las Administraciones deberán realizar campañas para fomentar la presentación de solicitudes". Lo dicho, hoy es un día donde la sociedad y nuestros mayores nos debemos felicitar.
El Congreso aprobará definitivamente el proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Una vez más, un Gobierno socialista pone en marcha un nuevo pilar del Estado del Bienestar, tras la educación básica, obligatoria y gratuita (1985); el Sistema Nacional de Salud (1986), y las pensiones universales (1990). A partir de 2007, las personas que lo soliciten serán evaluadas para determinar su grado y nivel de dependencia, así como las prestaciones a las que tienen derecho.
Tres mejoras de la Ley en el Senado
A su paso por el Senado, los grupos parlamentarios pactaron tres enmiendas al proyecto que serán incorporadas al texto.
Una dice que las Administraciones deberán realizar campañas para fomentar la presentación de solicitudes.
Otra señala que las prestaciones económicas establecidas por las mutualidades en programas específicos para la atención y cuidado de los dependientes serán compatibles con las del SAAD. Estos programas podrán incluir ayudas económicas y servicios para la promoción de la autonomía personal.
La última fija que los beneficiarios de una pensión no contributiva, colectivo con un alto porcentaje de dependencia, podrán compatibilizarla con rentas o ingresos que no excedan del 25% del importe, en cómputo anual, de la citada pensión.
Además, la Ley creará el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, además de las prestaciones económicas, priorizará, entre otros, los servicios de ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales y ayudas a las familias cuidadoras.
Ahora, las personas dependientes no tienen reconocido ningún derecho a ser atendidas y sólo el 3,5% de los mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, sólo el 2,84 de ellos tienen servicio de teleasistencia, sólo el 0,54 dispone de una plaza en un centro de día, y sólo hay 3,86 plazas por cada 100 dependientes. Situación de abandono e injusticia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a corregir.
BENEFICIARIOS
Con la Ley, los beneficiarios podrán percibir una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado, en el caso de no existir la oferta pública que requiera. El beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar, y su cuidador, que deberá estar dado de alta en la Seguridad Social, recibirá una compensación económica por ello. La financiación correrá a cargo de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia, a más del 1% en 2015.
APORTACIÓN DEL ESTADO
El Gobierno aportará cerca de 13.000 millones de euros y las Comunidades Autónomas, una cantidad similar. Los beneficiarios participarán en la financiación del Sistema en función de su situación económica, de forma justa y equilibrada. Además del beneficio social, la implantación del Sistema supondrá una inversión eficiente, por su impacto social, económico y laboral: en 2015 se habrán creado cerca de 300.000 empleos.
Para terminar sólo insistir en que "las Administraciones deberán realizar campañas para fomentar la presentación de solicitudes". Lo dicho, hoy es un día donde la sociedad y nuestros mayores nos debemos felicitar.
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