La Comisión Europea ha decidió abrir expediente contra España por no haber sometido a las obras de soterramiento de la M-30 a una evaluación global de impacto ambiental, lo cual supone una vulneración de la legislación medioambiental comunitaria. El Ayuntamiento de Madrid, (PP) tienen ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones, y si no convencen al Ejecutivo comunitario el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
EL TRUCO
El Ejecutivo comunitario considera que las obras de la M-30 constituyen un gran proyecto único que debe someterse a una evaluación de impacto global, que debería analizar, entre otras cosas, sus efectos sobre espacios protegidos por la red Natura 2.000. Por ello, desaprueba la decisión del Ayuntamiento de dividir las obras en 19 proyectos y analizarlos de forma individualizada.
¿SE SUSPENDE LA FINANCIACIÓN?
La apertura de un procedimiento de infracción podría bloquear el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ya que estos fondos están sujetos al respeto de la legislación de la UE. El Banco se financia en los mercados financieros y a través de sus accionistas, los Estados miembros de la UE, que suscriben conjuntamente su capital mediante contribuciones que reflejan su peso económico en la Unión. Este apoyo de los Estados miembros dado al BEI, le permite invertir en proyectos de interés público que de otro modo no obtendrían dinero o lo obtendrían en peores condiciones.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP) había justificado su decisión de no realizar una evaluación de impacto ambiental porque las obras se realizan dentro de una zona urbana. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que también las obras urbanas deben someterse a evaluación de impacto.
Esta sentencia es la que avala la queja presentada ante UE, por la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, que ha sido también respaldada por el PSOE. El Parlamento Europeo ha decidido enviar una misión de eurodiputados para inspeccionar las obras sobre el terreno, aunque todavía no ha fijado las fechas.
"La Directiva 85/337/EEC exige que el impacto de los proyectos más importantes sea evaluado antes de aprobarse para evitar o minimizar los daños medioambientales".
CONSECUENCIAS JURÍDICAS
Ecologistas en Acción afirmó por su parte que el expediente abierto por la Comisión Europea "es sólo el primero de una larga serie de varapalos políticos y jurídicos que va a sufrir esta obra, realizada de forma ilegal, despilfarradora, prepotente y electoralista".
Este expediente viene a sumarse a las quejas que muchas personas cada día padecen la calamidad circulatoria y ejercen la protesta sobre la megalómana operación. Estoy seguro de que Ruiz-Gallardón, va a necesitar de sus mejores dotes comunicativas para convencer y poder justificar ante los ciudadanos de toda la Comunidad la envergadura innecesaria de este proyecto.
EL TRUCO
El Ejecutivo comunitario considera que las obras de la M-30 constituyen un gran proyecto único que debe someterse a una evaluación de impacto global, que debería analizar, entre otras cosas, sus efectos sobre espacios protegidos por la red Natura 2.000. Por ello, desaprueba la decisión del Ayuntamiento de dividir las obras en 19 proyectos y analizarlos de forma individualizada.¿SE SUSPENDE LA FINANCIACIÓN?
La apertura de un procedimiento de infracción podría bloquear el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ya que estos fondos están sujetos al respeto de la legislación de la UE. El Banco se financia en los mercados financieros y a través de sus accionistas, los Estados miembros de la UE, que suscriben conjuntamente su capital mediante contribuciones que reflejan su peso económico en la Unión. Este apoyo de los Estados miembros dado al BEI, le permite invertir en proyectos de interés público que de otro modo no obtendrían dinero o lo obtendrían en peores condiciones.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP) había justificado su decisión de no realizar una evaluación de impacto ambiental porque las obras se realizan dentro de una zona urbana. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que también las obras urbanas deben someterse a evaluación de impacto.
Esta sentencia es la que avala la queja presentada ante UE, por la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, que ha sido también respaldada por el PSOE. El Parlamento Europeo ha decidido enviar una misión de eurodiputados para inspeccionar las obras sobre el terreno, aunque todavía no ha fijado las fechas.
"La Directiva 85/337/EEC exige que el impacto de los proyectos más importantes sea evaluado antes de aprobarse para evitar o minimizar los daños medioambientales".
CONSECUENCIAS JURÍDICAS
Ecologistas en Acción afirmó por su parte que el expediente abierto por la Comisión Europea "es sólo el primero de una larga serie de varapalos políticos y jurídicos que va a sufrir esta obra, realizada de forma ilegal, despilfarradora, prepotente y electoralista".
Este expediente viene a sumarse a las quejas que muchas personas cada día padecen la calamidad circulatoria y ejercen la protesta sobre la megalómana operación. Estoy seguro de que Ruiz-Gallardón, va a necesitar de sus mejores dotes comunicativas para convencer y poder justificar ante los ciudadanos de toda la Comunidad la envergadura innecesaria de este proyecto.
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