Un estudio del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, propone que los pacientes de la Sanidad Pública asuman parte del coste de su asistencia, lo que según este documento, controlaría el gasto sanitario ya que “los pacientes, como cualquier otro usuario de un servicio, gastan más de lo necesario cuando no tienen que pagar nada”. Es decir, el PP quiere introducir factores de beneficio económico en la Sanidad Pública, lo que pondría en riesgo el acceso igualitario al sistema sanitario.
Concepto de los seguros sociales
Por seguros sociales hemos de entender aquellos seguros establecidos por el Estado, para proteger a los estamentos productores de la sociedad contra los riesgos que les amenazan.
Mediante tales seguros se procura en realidad una distribución de la riqueza, haciendo que una parte de la misma vaya a aquellas capas de la sociedad que más apoyo necesitan, ya que sus ingresos no son suficientes para poder afrontar por sí solos las consecuencias económicas de las contingencias de la vida humana. Estos seguros se proyectan en el área de lo social.
La Seguridad Social es hoy un ejemplo clarísimo y avanzado de esta forma de previsión.
Ante el intento del Gobierno que preside Esperanza Aguirre de introducir el concepto de rentabilidad económica en la prestación de la Sanidad Pública, el portavoz socialista de Sanidad, el diputado regional Alejandro Lucas Fernández, denuncia que este informe, redactado sin pactar con los demás representantes del CES por un antiguo asesor de José María Aznar, “demuestra los intentos del Partido Popular de introducir factores de beneficio económico en el sistema sanitario público con la excusa de que la asistencia sanitaria les sale gratis a los ciudadanos. Eso es falso, que no se olviden que el sistema no es gratuito, porque está financiado por los impuestos directos e indirectos que pagamos todos los ciudadanos, lo que beneficia la igualdad de trato y la equidad en el acceso al sistema sanitario”.
El diputado socialista alerta de que el pago por la asistencia sanitaria pública “distorsionaría este acceso equitativo y significa que alguien se beneficiaría económicamente de que los pacientes acudan al médico.
Esto va en la dirección de las declaraciones del consejero Manuel Lamela el pasado 22 de febrero ante los empresarios, en las que animaba al capital privado a introducirse en el sistema sanitario público. Esto pondría en peligro el principio de igualdad en la asistencia, ya que de ese modo sólo se regiría por la capacidad de pago de los pacientes y por la oferta y demanda, atendiéndose sólo aquellos casos que resultan rentables”.
Por otro lado, “la otra excusa presentada en el informe de que la Sanidad Pública genera una demanda infinita porque es gratuita, es totalmente falsa”, afirmó Fernández. “La demanda infinita no se genera por las características del sistema sanitario público, ya que éste sólo atiende a los pacientes porque éstos tienen esa necesidad, y hay que corresponder a esa necesidad porque vivimos en un Estado de Derecho que así lo establece en su Constitución”.
Es decir, “los ciudadanos no acuden al médico porque les da la gana sólo porque, como dijo Aguirre, les sale gratis. Van al médico porque lo necesitan y es su derecho recibir una atención equitativa por parte de la Sanidad Pública. Esperanza Aguirre y el PP no entienden eso y les exijo que no frivolicen sobre un asunto tan sensible e importante”.
El Partido Popular de Madrid, a través de su consejero Lamela, no tiene suficiente con realizar una campaña desprestigiando a los profesionales de la Sanidad Pública (hospital Severo Ochoa), sino que ahora, quiere incrementar el beneficio del capital privado, a costa de los derechos adquiridos de los usuarios de la Sanidad Pública.
Esto la sociedad no lo podemos permitir. Existen otras medidas de eficiencia, capaces de controlar el gasto, prestar un servicio de calidad, sin necesidad de impuestos adicionales. Otra forma de gobernar.
Concepto de los seguros sociales
Por seguros sociales hemos de entender aquellos seguros establecidos por el Estado, para proteger a los estamentos productores de la sociedad contra los riesgos que les amenazan.
Mediante tales seguros se procura en realidad una distribución de la riqueza, haciendo que una parte de la misma vaya a aquellas capas de la sociedad que más apoyo necesitan, ya que sus ingresos no son suficientes para poder afrontar por sí solos las consecuencias económicas de las contingencias de la vida humana. Estos seguros se proyectan en el área de lo social.
La Seguridad Social es hoy un ejemplo clarísimo y avanzado de esta forma de previsión.
Ante el intento del Gobierno que preside Esperanza Aguirre de introducir el concepto de rentabilidad económica en la prestación de la Sanidad Pública, el portavoz socialista de Sanidad, el diputado regional Alejandro Lucas Fernández, denuncia que este informe, redactado sin pactar con los demás representantes del CES por un antiguo asesor de José María Aznar, “demuestra los intentos del Partido Popular de introducir factores de beneficio económico en el sistema sanitario público con la excusa de que la asistencia sanitaria les sale gratis a los ciudadanos. Eso es falso, que no se olviden que el sistema no es gratuito, porque está financiado por los impuestos directos e indirectos que pagamos todos los ciudadanos, lo que beneficia la igualdad de trato y la equidad en el acceso al sistema sanitario”.El diputado socialista alerta de que el pago por la asistencia sanitaria pública “distorsionaría este acceso equitativo y significa que alguien se beneficiaría económicamente de que los pacientes acudan al médico.
Esto va en la dirección de las declaraciones del consejero Manuel Lamela el pasado 22 de febrero ante los empresarios, en las que animaba al capital privado a introducirse en el sistema sanitario público. Esto pondría en peligro el principio de igualdad en la asistencia, ya que de ese modo sólo se regiría por la capacidad de pago de los pacientes y por la oferta y demanda, atendiéndose sólo aquellos casos que resultan rentables”.
Por otro lado, “la otra excusa presentada en el informe de que la Sanidad Pública genera una demanda infinita porque es gratuita, es totalmente falsa”, afirmó Fernández. “La demanda infinita no se genera por las características del sistema sanitario público, ya que éste sólo atiende a los pacientes porque éstos tienen esa necesidad, y hay que corresponder a esa necesidad porque vivimos en un Estado de Derecho que así lo establece en su Constitución”.
Es decir, “los ciudadanos no acuden al médico porque les da la gana sólo porque, como dijo Aguirre, les sale gratis. Van al médico porque lo necesitan y es su derecho recibir una atención equitativa por parte de la Sanidad Pública. Esperanza Aguirre y el PP no entienden eso y les exijo que no frivolicen sobre un asunto tan sensible e importante”.
El Partido Popular de Madrid, a través de su consejero Lamela, no tiene suficiente con realizar una campaña desprestigiando a los profesionales de la Sanidad Pública (hospital Severo Ochoa), sino que ahora, quiere incrementar el beneficio del capital privado, a costa de los derechos adquiridos de los usuarios de la Sanidad Pública.
Esto la sociedad no lo podemos permitir. Existen otras medidas de eficiencia, capaces de controlar el gasto, prestar un servicio de calidad, sin necesidad de impuestos adicionales. Otra forma de gobernar.
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