Piscina ocupante

La polémica piscina de la que disfruta el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, en su finca de Mallorca ocupa parte de un terreno público. La Cadena SER ha sabido que los primeros informes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente concluyen que la ocupación que se hace de parte de la costa en Mallorca no es legal y proponen un procedimiento administrativo para recuperar ese terreno público.

LA HISTORIA

Joaquín Calvo Sotelo -antiguo propietario de la mansión que ahora posee Pedro J. en la costa mallorquina de los Pinos- construyó una piscina el 1974 con una concesión que caducó poco después de su muerte (1995), porque su viuda, Giuliana Arioli, dejó de pagar el preceptivo canon. En 1999 Pedro J. y Agatha Ruiz de la Prada adquirieron el chalet y la piscina a Giuliana Arioli. No fue posible renovar la antigua concesión porque la administración la había anulado. En el año 2001, en tiempos del ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, Giuliana Arioli obtiene una "nueva" concesión para la piscina de Pedro J., que ha sido reformada y ampliada, y que incumple de forma flagrante la Ley de Costas de 1988, donde se establece de forma tajante que no se puede construir una piscina de uso privado en terreno de dominio público marítimo terrestre.

Además, la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear resolvió de forma definitiva imponer una sanción el 11 de abril del 2002 a la sociedad anónima Solares de Simba, titular de la casa (cuyo administrador único es en la actualidad el propio Ramírez) en que veranean el periodista Pedro José Ramírez Codina y su familia, por un importe de 16.903,47 euros (2,8 millones de pesetas).

El motivo fue, según consta en la documentación obtenida, “la realización de obras en la zona de servidumbre de protección sin contar con la correspondiente autorización”.
Esta empresa, pidió al Ajuntament de Son Servera una licencia de obras para emprender la reforma interior del inmueble que está en la avenida del Pinar de la Costa de los Pinos, poco después de adquirirlo. No obstante, Solares de Simba no pidió permiso a Medi Ambient, para ampliar la piscina, cuando este requisito es indispensable para ejecutar cualquier trabajo en el área de protección pública.

La concesión administrativa que el Sr. Matas, como ministro de Medio Ambiente, regaló en 2001 a Pedro J. Ramírez incumple totalmente la Ley de Costas de 1988. La piscina se construyó antes del 1988 pero a efectos legales, lo que cuenta es la fecha de la concesión que le dio el ministro de Aznar, Jaume Matas, (hoy Presidente balear).

Por otra parte esta misma concesión dice muy claro que la piscina es de uso público y gratuito por la sencilla razón de que está construida íntegramente en terreno público. Esto es así de claro, y por lo tanto, explica el porque Pedro J. intenta que Rodríguez Zapatero, ahora le legalice la piscina a cambio de que los niños de la zona se puedan bañar algunos días en la piscina. Evidentemente lo que propone Pedro J. con la vigente Ley de Costas en la mano es inviable.

La titular del ministerio de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no puede aceptar componendas como las pretendidas por el director de El Mundo. Todo equipamiento construido en suelo de dominio público su definición lo dice: “tiene que ser de uso y disfrute público sin limitaciones”.