Hoy el apunte que hago va destinado a solidarizarme con “La Voz Emérita” de Mérida. En pleno siglo XXI, no se puede secuestrar un medio de comunicación tradicional. Y no sólo eso, además se instruye la orden judicial para cerrar también la página Web. Simple y llanamente porque se informa sobre el incremento patrimonial del candidato popular a la alcaldía de Mérida.
Son muchas las personas y sociedades que a resultas de la actividad que realizan obtienen beneficios e incrementan el patrimonio. Esto, en principio, dentro de la legalidad mercantil no constituye delito alguno. Ahora bien, si el hecho se produce después de haber ejercido de alcalde de Mérida durante 12 años, llama al menos la atención. Es lo que parece que le ha ocurrido al candidato del Partido Popular, Pedro Acedo.
Publicar esta información, si como parece se obtienen los datos del Registro de la Propiedad, no debe ser considerado delito alguno. Estamos obligados a recordar que se trata de una información patrimonial de una persona que ejerce una actividad pública al servicio de los ciudadanos. Por tanto, claridad y transparencia total. Máxime, que de nuevo pretende obtener la confianza de los electores de su ciudad.
Por ello, no se entiende que la Junta Electoral de la zona, haya ordenado secuestrar la información que se hace pública. Es más, si se tratara de una falsedad informativa el Sr. Acedo, lo que debe utilizar son los Tribunales de Justicia. Pero, instigar a la Junta Electoral es de un absurdo de primera magnitud. Más indigno todavía es actuar en consecuencia.
Después de lo sucedido, los defensores de la libertad de expresión no podemos callar. Y, salvando el respeto y el honor de las personas, debemos publicar aquello de lo que se tenga conocimiento. Ante todo, y repito, si se trata de personas que ejercen un cargo público gestionando el dinero de todos los contribuyentes.
Pinchando la foto encuentras la información secuestrada.
