En la Comunidad de Madrid, es ya tradición que muchos desarrollos urbanísticos e industriales, se hacen formando un Consorcio, donde la CAM, siempre mantiene el 60% de la participación y Ayuntamiento un 40%. Y así, como es costumbre y tradición lo hacen en Getafe para desarrollar Carpetania, con la pretensión de crear 20.000 puestos de trabajo.
Antes de entrar directamente al asunto que me ocupa, quiero decir, que en comentarios con personas dedicadas a la comunicación ante la grave noticia, yo entendía que deberíamos conocer la opinión de los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento. La recomendación fue: “no te metas en eso, tiene un trasfondo opaco”. Y me dan algunas pinceladas informativas que me hacen pensar.
Pero cuando lo que me dicen se deja traslucir en la última nota de prensa del Gobierno municipal, me animo a comentarlo serenamente.
El complejo industrial del que se trata, es uno de los más importantes de España. En él, confluyen grandes empresas de última tecnología, centros universitarios concatenados con la investigación y desarrollo de las empresas y todo ello, generará la creación de 20.000 empleos directos. Además el Consorcio, acuerda que para la adquisición de los terrenos y urbanización se utilice el modelo “expropiación”.
Se ponen en venta las parcelas y los grandes grupos empresariales solicitan espacio en Getafe.
Es aquí, cuando se empieza a valorar en las altas instancias de los gobiernos quiénes son los grupos que se instalan. Y, según parece hay empresas afines al proyecto progresista que tienen un importante papel a jugar y el Gobierno de Getafe está formado por PSOE-IU. Es decir, un desarrollo de este tipo y en un municipio de izquierdas.
Como ya va siendo habitual en otros muchos ámbitos, aprovechamos la situación económica que vivimos; argumentamos que se carece de los medios económicos necesarios y abandonamos el proyecto. Esto, es lo que denuncia el Gobierno de Getafe que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre, Partido Popular.
No obstante, si con esta jugada política, se demuestra que la pretensión oculta es que las empresas se instalen en otros municipios afines al PP, sería la mayor impudicia política de un Gobierno autonómico.