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13/10/2012

Plataforma “Graba tu Pleno”

Cuanto mejor se conoce la gestión y trámites que realizan nuestros representantes municipales, mucho mejor. La ciudadanía podemos valorar la capacidad de la personas elegidas por nosotros y analizar el estilo y la formación de nuestros regentes.

Por lo tanto, claridad y transparencia para que el trabajo que ejecutan sirva para acercarnos o alejarnos de ellos. Esta es la máxima que se genera cuando conocemos con detalle el comportamiento y los argumentos que se utilizan en los temas que debaten en los Plenos.

Por ello, no se entiende que en pleno siglo XXI, todavía existan ayuntamientos democráticos que impiden a sus ciudadanos presentes en la sala de Plenos, grabar las intervenciones de los ediles cuando exponen, defienden, y votan las Mociones presentadas.

Esto, visto así, se puede pensar que se trata de algún Gobierno ultramontano, alejado de ciudades con vertebración social participativa. Nada más lejos de la realidad. Se trata el caso que vamos a exponer del Ayuntamiento de Pinto, ciudad de la Comunidad de Madrid. El enlace que sigue desarrolla el hecho.

Particularmente, me ha sorprendido y defraudado que esta alcaldesa popular utilice el poder para solicitar a la Policía Municipal que haga abandonar la sala a los vecinos que quieren contar lo que se debate en su Ayuntamiento.
Y, digo que no salgo de mí escepticismo, debido a que en la ciudad donde resido, Getafe, no solo se permite el hecho, sino, que además se ofrece desde hace varios años en directo y en diferido los eternos y cansados plenos municipales.  Pleno de Getafe en vídeo.       

Incluso, estoy convencido que esta claridad y transparencia se ofrece en otros muchos municipios de España, sirva de ejemplo el Ayuntamiento de mi ciudad natal, Martos. Pleno de Martos en vídeo.

De la denuncia expuesta, se pude deducir que sería conveniente que el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, exigiera a su compañera de partido, Sra. Rabaneda, alcaldesa de Pinto, que deje de censurar la información que se produce en los debates de los Plenos de su municipio.

03/02/2010

Respeto a la Intervención municipal

La Comunidad de Madrid, está caliente. Cuando no es la presidenta, Esperanza Aguirre, con sus declaraciones, entra en escena la ex alcaldesa de Pinto y su hermana (PP) que se tienen que sentar en el banquillo de los acusados por irregularidades económicas.

El tumulto de los últimos días casi hace que la importante noticia que comento se me escape de la crónica habitual.
Declaro con sinceridad, que cuando el acto de la moción de censura se produce en la ciudad de Pinto, me quedaron dudas sobre el acierto o error de lo sucedido. Podía ocurrir que una acción mal intencionada políticamente, pudiera volverse contra los promotores de la moción y nuevos gobernantes del municipio.
Es decir, que el Partido Popular que es desalojado del poder, pudiera volver en honor de multitudes en 2011.

Analizado lo que viene a continuación, me atrevo asegurar que no se puede producir.
Con independencia de la acertada gestión que los socios de Gobierno presididos por el alcalde socialista, Juan José Martín, presenten a los/as ciudadanos/as pinteños; la imputación judicial de la anterior alcaldesa Mirian Rabaneda, que es llamada a declarar sobre unas órdenes de pago efectuadas sin el informe legal favorable de la Intervención de la Corporación municipal y por lo tanto, haciendo dejación del informe negativo de Intervención de fecha 19 de diciembre de 2008", daña la credibilidad de la desalojada. En política se considera “prevaricación”.

Si además, conocemos que la concejala de Hacienda del Consitorio era su hermana Tamara Rabaneda, la cosa empieza a tener un tufo nada bueno. Así lo ha debido considerar el juzgado de Instrucción número 6 de Parla, que es la institución que instruye el caso, cuando imputa a la Sra. Rabaneda (PP).

Pero todavía hay más. El Ejecutivo informó de que la gestión del PP en el Gobierno local en los 18 meses que gobernó dejó gastos sin consignación presupuestaria por valor de 1.077.138 euros y facturas sin aprobación previa de 11.522 euros.
Además, el equipo de Gobierno reveló que, trece días antes de la moción de censura del 22 de diciembre que apartó de la Alcaldía a la coalición del Partido Popular y Juntos por Pinto (JpP), se produjeron hasta 522 órdenes de pago que contaron con "informes desfavorables emitidos por la Interventora o de la Tesorera".

El Tribunal de Cuentas decidió, a finales de mes, nombrar un delegado instructor para analizar la gestión del Partido Popular.