El tumulto de los últimos días casi hace que la importante noticia que comento se me escape de la crónica habitual.
Declaro con sinceridad, que cuando el acto de la moción de censura se produce en la ciudad de Pinto, me quedaron dudas sobre el acierto o error de lo sucedido. Podía ocurrir que una acción mal intencionada políticamente, pudiera volverse contra los promotores de la moción y nuevos gobernantes del municipio.
Es decir, que el Partido Popular que es desalojado del poder, pudiera volver en honor de multitudes en 2011.
Analizado lo que viene a continuación, me atrevo asegurar que no se puede producir.
Con independencia de la acertada gestión que los socios de Gobierno presididos por el alcalde socialista, Juan José Martín, presenten a los/as ciudadanos/as pinteños; la imputación judicial de la anterior alcaldesa Mirian Rabaneda, que es llamada a declarar sobre unas órdenes de pago efectuadas sin el informe legal favorable de la Intervención de la Corporación municipal y por lo tanto, haciendo dejación del informe negativo de Intervención de fecha 19 de diciembre de 2008", daña la credibilidad de la desalojada. En política se considera “prevaricación”.
Si además, conocemos que la concejala de Hacienda del Consitorio era su hermana Tamara Rabaneda, la cosa empieza a tener un tufo nada bueno. Así lo ha debido considerar el juzgado de Instrucción número 6 de Parla, que es la institución que instruye el caso, cuando imputa a la Sra. Rabaneda (PP).
Pero todavía hay más. El Ejecutivo informó de que la gestión del PP en el Gobierno local en los 18 meses que gobernó dejó gastos sin consignación presupuestaria por valor de 1.077.138 euros y facturas sin aprobación previa de 11.522 euros.
Además, el equipo de Gobierno reveló que, trece días antes de la moción de censura del 22 de diciembre que apartó de la Alcaldía a la coalición del Partido Popular y Juntos por Pinto (JpP), se produjeron hasta 522 órdenes de pago que contaron con "informes desfavorables emitidos por la Interventora o de la Tesorera".
El Tribunal de Cuentas decidió, a finales de mes, nombrar un delegado instructor para analizar la gestión del Partido Popular.
