¿Todo atado y bien atado?

Cuando planificamos la programación que la Fundación César Navarro, realiza dentro de su ciclo de Conferencias, nos obligamos al análisis de la actualidad. Por unanimidad, acordamos que la situación que vive la Justicia en España se tenía que someter a debate.

Así, el ponente Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencias Políticas, nos ofreció a los asistentes un excelente relato de la transición y la postransición para entender mejor la situación que hoy vivimos.
Después de visionar y comentar las curiosas fotos de la época franquista, se nos explica que los poderes establecidos durante cuarenta años, todavía tienen sus reminiscencias en nuestra sociedad.

El Ejército español cuando entramos en la OTAN forma parte de una estructura la cual, impide cualquier atisbo de nostalgia de tiempos pasados y no tiene otra salida que la integración democrática en el sistema constitucional.

Luego, está el poder de la Iglesia católica que en función de los dirigentes de turno puede abrirse o cerrarse en sus postulados. Ahora, estamos cerraditos.

Finalmente, está el poder de la Justicia. La reforma de los códigos de justicia ha sido mínima. Por tanto, estamos actuando bajo unas estructuras del siglo XX.
Conocemos que la carrera judicial es larga y compleja. Que los poderes de los altos tribunales están en manos de personas de edades consideradas.
Aquí, abrimos un paréntesis para darnos cuenta cuando nos ponen las fotos del pasado franquista, que la Plaza de Oriente se llenaba con adeptos. Se decía que los traían en autobuses, pero, es bien cierto que a nadie obligaban a subirse a ellos. Luego, llega la transición democrática y se diluyen desconociendo si abandonan los sentimientos.

A la par, tenemos fotos de restos humanos que todavía hoy, están abandonados en las cunetas de las carreteras y cuando alguien atendiendo a la Ley de la Memoria Histórica decide investigar los crímenes del franquismo, el anterior entramado expuesto denuncia al Juez Baltasar Garzón, y el Tribunal Supremo decide abrir el proceso judicial.

Consecuencia: El Consejo General del Poder Judicial CGPJ suspende por unanimidad al Sr. Garzón mientras es juzgado por el Tribunal Supremo.

Visto todo ello, es necesaria una estructura internacional que acoja a nuestro Poder Judicial.

Enfrentados sin salida

El Estado de Derecho debe tener articulado los medios necesarios que impidan acciones de grupos políticos que nos lleven a vivir situaciones irreconciliables. Así ha quedado puesto de manifiesto en el último Pleno de la Asamblea de Madrid.

El extracto de corte de voz que las emisoras nos ofrecen sobre lo sucedido, ya despertó el interés por conocer con detalle los hechos.
La agencia de noticias EUROPA PRESS con el título Debate en la Asamblea, nos detalla las intervenciones.

Parafraseando la canción, los dos se echan en cara y se remontan a los años 1934 – 1936. Se debe entender que la situación que provoca el desafío es la incomprensible admisión a trámite por el Tribunal Supremo de la querella contra el juez Baltasar Garzón. Máxime cuando quien consigue el propósito es el Partido Falange Española. Grupo que no fue hermana de la caridad en la época aludida.
En el mundo entero no se entiende que la acción del Juez, que decide aclarar los crímenes posteriores a la ignominiosa Guerra Civil española, sea el motivo que puede sentar en el banquillo al Sr. Garzón.

Repito, el Estado de Derecho debe actuar con lo medios legales. La sociedad española nos quedamos estupefactos cuando nuestros representantes políticos ejerciendo su profesión, se remontan al siglo XX, cuando tenemos graves problemas en la primera década del siglo XXI.

Es verdad, que el Gobierno popular de la Comunidad de Madrid, con su presidenta a la cabeza, forma parte del sector más conservador y duro dentro del Partido Popular. Pero, también es cierto que para ganar Madrid, las fuerzas progresistas Izquierda Unida y Partido Socialista no podemos hacer bandera de la época franquista y pedir con insistencia a los conservadores que condenen las acciones. La sociedad somos capaces de valorar los comportamientos y a estas alturas de la democracia constitucional, apreciamos merecidamente otras iniciativas que sin dejar de hacer justicia a las personas que padecieron el sufrimiento y muerte de aquel pasado, aporten soluciones a los problemas al día de hoy.

Por eso, respetando el trabajo de cada cual, como el episodio más vehemente lo protagoniza el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo y le responde la presidenta Aguirre; pienso que así no convencemos y el PP tiene más medios de comunicación afines. Sin embargo, sí que elogio las 101 medidas sobre la crisis que presentan los portavoces de Madrid.

Mucha severidad en la denuncia de los errores que comente el Partido Popular, pero enfrentamientos sin salida ¡NO!

Acertado o erróneo

El encuentro con antiguos conocidos desemboca en el inevitable cambio de impresiones sobre lo acertado o erróneo de los posicionamientos públicos en defensa y apoyo a Baltasar Garzón. Con independencia de lo expresado, se llega a la conclusión de que se ha generado una situación compleja que debe ser enfriada.

Para poner luz sobre lo que vivimos, es necesario remontarse en la historia y con serenidad, ir desgranando cómo se produce la transición de la dictadura a la democracia y la evolución que inevitablemente han tenido que llevar a cabo las distintas Instituciones del Estado. El Ejército y los Cuerpos de seguridad, están totalmente integrados. El Poder Judicial necesita un esfuerzo complementario para culminar la acomodación con el siglo XXI.
Partiendo de ese inicio, podemos entender los acontecimientos que alteran la interpretación que hace la sociedad. Únicamente así, es comprensible que una actuación considerada incorrecta desde la ortodoxia de la judicatura, pueda terminar encausando al Juez que instruye la causa. La solución evolutiva adaptada, hubiera sido desestimar el proceso y punto final.

Como ciudadano español, me siento motivado cuando nuestros vecinos europeos nos piden datos y detalles de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se comprende que España en los foros internacionales es puesta de ejemplo a imitar en los avances legislativos de esta materia.
La Ley de la Memoria Histórica, también era necesaria para reparar la injusticia que muchos antepasados nuestros sufrieron a manos de un Gobierno dictatorial. La interpretación malintencionada que se ha pretendido hacer de las consecuencias de su entrada en vigor, genera que familias afectadas y esperanzadas en la reparación social pendiente, ante la ralentización de su desarrollo exijan en los tribunales el cumplimiento de la Ley.

La aceptación que hace el Sr. Garzón, en cumplimiento de lo legislado por el Parlamento español, y la nunca entendida reacción de un sector de la sociedad que se opone al esclarecimiento de lo vivido; provocan que hoy, en el mundo desarrollado estemos siendo analizados y no precisamente para elogiarnos como se hizo con la Violencia de Género.

Esta situación, con imparcialidad ideológica no debe satisfacernos a la sociedad española.

Reiteramos nuestro apoyo

La importancia de conocer con detalle la historia es precisamente para evitar que se repitan sus errores. En el relato adjunto, ya en septiembre de 2009, razonaba sobre la necesidad que tenemos la sociedad española de expresar lo siguiente: "y espera que las acusaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

Parece que no es así y los tribunales mantienen una actitud que nadie entiende. Así lo manifiesta hoy, en un excelente artículo Juan Gelman en la Tribuna del PAIS.

miércoles 9 de septiembre de 2009

La ley debe apoyar a Garzón

La falta de agilidad para desarrollar el contenido de la Ley de Memoria Histórica, hace que familiares de personas desaparecidas por la represión franquista se dirijan a los tribunales de Justicia y soliciten su intervención en el cumplimiento de la Ley.

Así, la denuncia llega al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Cuyo titular es el juez más conocido y polémico de España. Baltasar Garzón.
Que es una persona controvertida lo demuestra su permanente presencia en la vida pública, pero ello, no impide que en su curriculum destaquen los más importantes sumarios del mundo de la judicatura.
Indagando en su biografía valga esta pincelada. Desde que en 1988 tomó posesión como magistrado del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Ha instruido más de una veintena de causas contra la la banda terrorista ETA, entre la que destaca la causa contra los parlamentarios de HB José Mugurza e Iñaki Esnaola. Participó en 1992 en París en lo que ha sido el golpe policial más importante contra ETA, interrogando a los dirigentes de la banda terrorista Francisco Múgica Carmendía y Joseba Aguirre Erostarbe. En temas de narcotráfico ha dirigido “La Operación Nécora” y “La Operación Pitón”.

La sociedad en general nos preguntamos ¿un magistrado con este haber en su carrera qué ha hecho para que se tenga que sentar en el banquillo de los acusados? La respuesta: investigar las fosas de los desaparecidos del franquismo.
Obviamente, la querella la interpone el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Se le acusa de un delito de prevaricación.

Quiénes son: Manos Limpias se denomina así mismo como sindicato. Esta organización ultraderechista esta dirigida por Miguel Bernard, ex responsable de la formación Fuerza Nueva, que la fundó en 1995 bajo la premisa de que “allí donde existe un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo”.

El Tribunal Supremo, admite a trámite la denuncia y el juez Garzón, por tratar de aclarar dónde pueden estar los desaparecidos, es imputado.
Con independencia de las razones jurídicas; la determinación de Garzón u otros magistrados de seguir el cumplimiento de la Ley, ayudaría a muchos familiares a conocer dónde están los restos de su familia y poderlos enterrar decentemente.

Es posible que no cumpliera la ortodoxia, ya que, en 2008 el Ministerio Fiscal informó al Juzgado Central de Instrucción número cinco que no era competente y no procedía que siguiera admitiendo denuncias sobre fosas cuya existencia se presuponía en diversos territorios españoles. Esto, le obliga a renunciar a favor de los juzgados territoriales.

Pero ello, no impide que la Comisión Internacional de Juristas exprese mediante un comunicado su preocupación ante esta investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional y recuerda que "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto". La Comisión afirma haber informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las acusaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".

¡La mayoría de la sociedad española lo deseamos con entusiasmo!