En los nuevos ayuntamientos resultantes de las pasadas
elecciones, pasados los 100 días de Gobierno, algo se empieza a mover en torno
a la participación activa de la ciudadanía.
Si bien, en alguno de ellos, como es el caso de la ciudad
de Getafe, desde el minuto cero la alcaldesa Sara Hernández, impulsó la
convocatoria de `Asambleas Vecinales´ para tratar de perfilar todos los asuntos
pendientes que los vecinos consideran que se deben acometer durante esta
legislatura.
Dentro del concepto `participativo´ existen varias
maneras de llevarlo a cabo. En Getafe, existe un Reglamento de Participación Ciudadana
que nunca se ha desarrollado en su totalidad, y que ahora con el devenir de los
nuevos grupos políticos y el sentir de la ciudadanía hay que modificar
sutilmente abriendo un debate social para valorar el encaje del mismo en las
nuevas relaciones sociales.
Como esto último todavía no ha llegado, el Gobierno con
buen criterio decide que al estar el municipio reconocido en la división de
barrios, en concreto son 11 con sus lógicas diferencias, asigna a cada barrio un
concejal que además de sus competencias delegadas en diferentes materias, se
ocuparán de los problemas específicos de los distintos barrios de Getafe.
Así, los vecinos pueden exponer sus quejas, sugerencias y
aportaciones de forma presencial y directa. Posteriormente el concejal de
barrio se encargará de trasladar estas propuestas a las diferentes delegaciones
del Ayuntamiento.
Partiendo de esta premisa directa cuando se decida poner
en marcha lo que se conoce por `Consejo de Barrio´ y su reglamento de funcionamiento,
se debería recoger como método de trabajo la clasificación de las propuestas
recibidas por el concejal el día que tiene fijado para ello, y armonizar un
debate que finalmente facilite a la mesa del Consejo resolver las peticiones
definitivas que se presentan al Gobierno de la ciudad.
Si se apostara por una descentralización política,
administrativa y económica de cuantía menor, sería el Pleno del Consejo de
Barrio quien tomara la decisión y prioridad de la ejecución de lo aprobado
dentro de sus competencias.
En definitiva, se espera con ansiedad la apertura del
debate social sobre la Participación Ciudadana.
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