Si se ha sabido dosificar lo que supone el romper con la
rutina diaria y disfrutar de un merecido descanso, estaremos cumpliendo el
dicho `recargar las pilas´. Particularmente, he tratado de que así suceda y dedicar
buen espacio del tiempo a documentarme para contextualizar las elecciones que
se avecinan.
Entre otros informes, uno de la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) me ha
llamado poderosamente la atención: “El 11% de las personas pobres lo son pese a tener un trabajo”.
El informe incide de manera especial en advertir que: “Más allá de los datos macroeconómicos que auguran que
España crecerá en los próximos años, la realidad se abre paso: 12.866.431 de
personas viven en riesgo de pobreza, es decir, el 27,3% de la población”.
Próximamente empezaremos a
recibir información de las diversas propuestas que los grupos políticos nos
presentarán para lograr que nuestro voto avale los proyectos políticos
elaborados.
A diferencia de otras
ocasiones las recetas económicas que se han estado aplicando en España, no han
impedido que desde 2009, la tasa de pobreza haya crecido en 2,6 puntos, esto
es, 1.320.0216 personas más han caído en la exclusión.
Por tanto, con independencia del envoltorio electoral que
recibamos, la ciudadanía estamos obligados a examinar con detalle las formulas
económicas que nos presentan para corregir esta larga desigualdad imperante en
España. Ya no vale la repetida afirmación “de que
el crecimiento del Producto Interior Bruto PIB hará que la pobreza se reduzca”.
Es obvio que el
crecimiento y la creación de riqueza es la base que hace que un país genere crecimiento
económico, pero esta política aplicada sin más correcciones es la que nos ha
llevado al estado actual que viven 12.866.431 personas.
Por tanto, El presidente
de EAPN insiste también en que hay políticas clave que sirven para redistribuir
la riqueza, como las prestaciones universales.
Por ello, debemos prestar
especial atención a todas las explicaciones que los grupos políticos nos
ofrezcan, para valorar si en sus planteamientos económicos se contempla esa
corrección de incremento que permita recuperar y tener unos servicios públicos
de calidad.