Un día 6 de diciembre de hace 34 años, el pueblo español
de manera abrumadora dijo ¡SÍ! al texto contenido en la Constitución Española.
Durante ese tiempo ha servido para guiar las acciones y decisiones políticas
enmarcadas dentro de su articulado.
Es cierto, que a pesar de haber servido de hoja de ruta,
el paso del tiempo y el cambio producido en la sociedad española aconsejan un
revisionismo para ajustar su texto a la nueva realidad que hoy vivimos.
Hemos de recordar, que hace 34 años, sólo hacía dos, que habíamos
salido de una dictadura que había durado 40 años. Por tanto, las viejas
reminiscencias que hubieron de sortear sus redactores, aconsejaban un contenido
que englobara a toda la sociedad española. Hoy, las circunstancias son
totalmente distintas, y por ello, con toda normalidad nuestros representantes
políticos deben sentarse y tratar de adaptar su texto a las nuevas necesidades.
Los acontecimientos que se han producido durante este año 2012, y el anterior 2011, con nuevos gobiernos en las comunidades autónomas
y nuevo Gobierno en el Estado central, sumado a la brutal crisis económica,
implantan modelos de gestión que aconsejan adaptar el contenido de la
Carta Magna para proteger a los españoles de tanto atropello que nos imponen
los mercados internacionales. Esa, debe ser la causa fundamental del esfuerzo
político que los partidos electos que nos representan tienen que priorizar en su
revisión.
Hay más cuestiones, pero desde el punto de vista social
es lo urgente. Luego vienen las definiciones de los territorios, la sucesión en
la jefatura del Estado y otras cosas que los expertos a buen seguro necesitarán
introducir.
En el día de su cumpleaños tanto Madrid, como Barcelona,
han sido testigos, de manifestaciones en defensa de su constitucionalidad reivindicando
su nacionalismo. Y, nadie puede negar que exista un divorcio entre estos
territorios.
Para ilustrar lo que digo, sirva de ejemplo esta lamentable
cuestión:
Elecciones al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hay una
candidatura oficialista, y también se presenta una candidatura alternativa que encabeza
la abogada Sonia Gumpert. Así es la democracia, pues bien, para desprestigiar su candidatura, a los
oficialistas que llevan 30 años gestionando el Colegio, sólo se les ocurre,
acusarla de catalana debido a la denominación de su apellido. Y como no se
ajusta a la realidad, la interesada se ha visto obligada a desmentir la acusación lanzada.
"Dos verdades”:
1. Que soy madrileña
2. Y que denuncio que se pueda
utilizar como algo negativo el hecho de ser catalán y, por ello, he utilizado
el ejemplo de la caza de brujas, para que se entendiera de forma palmaria
cuánto detesto estas actuaciones.
Lo triste es que algunos candidatos, cercanos al
poder, puedan pensar que ser catalán es algo negativo. “Yo personalmente siento
mucho cariño por mis compatriotas catalanes".
Estas situaciones en pleno siglo XXI, año
2012, no pueden impregnar las mentes de una sociedad globalizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario