Los análisis políticos que se hacían sobre la Conferencia de Presidentes, inducían a sospechar que nada aceptable podía salir del encuentro. También, cabía la esperanza de que la racionalidad y el servicio público que tienen encomendado fuera prioritario y sumaran iniciativas a las propuestas del Gobierno.
Al final, no ha sido posible. El Partido Popular, no quiere responsabilizarse y decide mantener la situación hasta que las consecuencias del paro dañen la credibilidad del Gobierno Zapatero. Esto, es muy grave y puede convertir a España en un Estado con Comunidades de primera y segunda, según estén gobernadas por Gobiernos progresistas o conservadores.
Esta afirmación ya tiene modelos que podemos valorar. Hay leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados, y debido a las transferencias asignadas a la Comunidades, deben ser cofinanciadas y por lo tanto, su puesta en práctica y beneficio a los ciudadanos depende de la voluntad política que tengan los Gobiernos autónomos.
Así, conocemos que la aplicación de la Ley de la Dependencia, en las Comunidades que la desarrollan genera un importante beneficio social en las personas que la necesitan. Exactamente igual, sabemos que las Comunidades que restringen su puesta en funcionamiento, la sociedad afectada no se beneficia y padece sus consecuencias.
Ahora, la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero, para introducir ordenadores en las escuelas públicas, igualmente está recibiendo la misma acogida y en las mismas Comunidades. De nuevo Gobiernos progresistas apuestan por el programa Escuela 2.0; la osadía sublime del Gobierno de la Generalitat Valenciana, justifica la ausencia de ordenadores en las escuelas, al efecto dañino que pueden producir en la vista de los alumnos. Esto, en la sociedad del Siglo XXI, plagada de maquinitas y consolas portátiles, es la mayor tontería que se le conoce a un consejero de Educación.
Así es, la realidad que se vive. En adelante podemos continuar valorando situaciones como las descritas debido a que el Gobierno de España (PSOE), decide seguir trabajando con el documento presentado. Aquellas Comunidades que decidan colaborar coordinadamente con las propuestas presentadas se beneficiaran, y por la contra, quienes decidan seguir haciendo oposición política negando su colaboración se quedarán como están.
Lo lamentable de toda esta situación es la repercusión social que la ciudadanía tiene que soportar. El tiempo pondrá a cada cual en su sitio.
Al final, no ha sido posible. El Partido Popular, no quiere responsabilizarse y decide mantener la situación hasta que las consecuencias del paro dañen la credibilidad del Gobierno Zapatero. Esto, es muy grave y puede convertir a España en un Estado con Comunidades de primera y segunda, según estén gobernadas por Gobiernos progresistas o conservadores.
Esta afirmación ya tiene modelos que podemos valorar. Hay leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados, y debido a las transferencias asignadas a la Comunidades, deben ser cofinanciadas y por lo tanto, su puesta en práctica y beneficio a los ciudadanos depende de la voluntad política que tengan los Gobiernos autónomos.
Así, conocemos que la aplicación de la Ley de la Dependencia, en las Comunidades que la desarrollan genera un importante beneficio social en las personas que la necesitan. Exactamente igual, sabemos que las Comunidades que restringen su puesta en funcionamiento, la sociedad afectada no se beneficia y padece sus consecuencias.
Ahora, la iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero, para introducir ordenadores en las escuelas públicas, igualmente está recibiendo la misma acogida y en las mismas Comunidades. De nuevo Gobiernos progresistas apuestan por el programa Escuela 2.0; la osadía sublime del Gobierno de la Generalitat Valenciana, justifica la ausencia de ordenadores en las escuelas, al efecto dañino que pueden producir en la vista de los alumnos. Esto, en la sociedad del Siglo XXI, plagada de maquinitas y consolas portátiles, es la mayor tontería que se le conoce a un consejero de Educación.
Así es, la realidad que se vive. En adelante podemos continuar valorando situaciones como las descritas debido a que el Gobierno de España (PSOE), decide seguir trabajando con el documento presentado. Aquellas Comunidades que decidan colaborar coordinadamente con las propuestas presentadas se beneficiaran, y por la contra, quienes decidan seguir haciendo oposición política negando su colaboración se quedarán como están.
Lo lamentable de toda esta situación es la repercusión social que la ciudadanía tiene que soportar. El tiempo pondrá a cada cual en su sitio.
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