La sentencia de Gescartera

En la mayoría de las sentencias judiciales, siempre queda alguien descontento, pero este caso, indica que existe mayor acierto que decepción. A lo largo de los siete años que ha durado el proceso los afectados han podido recuperar parte de su dinero y el resto pendiente, la novedosa sentencia garantiza su totalidad.

Anexo parte de la editorial del diario el Periódico.

Hay que remontarse al 2001 para entender que un vivales sin escrúpulos, perfil frecuente en el mundo de las finanzas en periodos alcistas, Antonio Camacho -condenado a 11 años de cárcel-, montara un chiringuito de captación de ahorros de gente ilusa con promesas de alta rentabilidad. Si su aventura llegó más lejos de lo previsible fue porque se cruzaron por medio otras dos maniobras. Puso como presidenta de Gescartera a Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna -tutor de Aznar cuando opositaba a inspector de Hacienda-, que se encargaba de calmar a los inspectores de la Comisión Nacional de Valores, que presidía Pilar Valiente. Y buscó la protección de otros poderes fácticos como obispos y militares.

La buena instrucción del caso, resuelta con una celeridad (siete años) admisible por su complejidad, ha confirmado que hubo delito y que para cometerlo fue determinante que las autoridades que debían impedirlo no actuaron, presuntamente por presiones políticas.

Hubo investigación parlamentaria, a la que el PP puso todas las trabas posibles hasta conseguir dar carpetazo al caso sin responsabilidad política.

A los perjudicados por aquel timo, valorado entonces en 100 millones de euros, en parte ya recuperados, la sentencia abre la posibilidad de rescatar del todo su inversión al considerar como responsables subsidiarios a La Caixa y a Cajamadrid, porque los empleados de dos de sus oficinas colaboraron activamente en la fabricación de documentos falsos. Es una novedad, que celebran algunas asociaciones de consumidores, porque sienta un precedente para reclamar indemnizaciones a los bancos en casos de fraude financiero por empleados. La sentencia de Gescartera no contenta a nadie, pero tiene más virtud que defecto, porque castiga al culpable y pone en evidencia a los altos cargos que cooperaron.

Como bien indica el titular del escrito, después de analizar lo sucedido y los actores participantes: “Gescartera fue una estafa evitable”.