Mucho se ha dicho y escrito sobre la necesidad de
reformar la ley electoral. Sabemos que la ley española fue producto del
consenso de la transición democrática para que todas las opciones nacionalistas
tuvieran presencia en el Parlamento español.
Han pasado los años, el panorama político ha cambiado y
por tanto, es necesario sentarse para analizar cómo es más justo que los
partidos políticos en base a los votos recibidos puedan obtener una u otra
representación.
Aunque el debate a momentos sube en intensidad, por
varias razones no alcanza la plenitud de la reforma necesaria.
Así, llegamos al día de hoy, nos enfrentamos a las
inminentes elecciones catalanas y de nuevo se aplica para el reparto de escaños
la tradicional ley vigente.
Pero, dentro de la inmediata campaña electoral que
comienza el día 11, y dado que, estas elecciones catalanas son atípicas por el
concepto que le atribuyen algunos partidos con amplia representación, estoy
seguro que entrará en el debate, el análisis de los resultados electorales y la
aplicación en el reparto de los mismos.
Con la intención de iniciar un proceso secesionista vemos
la formación de coaliciones que hasta hoy, considerábamos antinatura. Nunca antes
los programas políticos de CDC y ER habían sido almas gemelas que les hiciera
ir juntos en una misma lista electoral.
Lamentablemente, de ser los ganadores y obtener la
responsabilidad de formar Gobierno, nos encontramos con una gran incógnita a la
hora de aplicar políticas cuyo resultado final sea el beneficio de la
ciudadanía en todos los conceptos sociales y económicos.
Ahora bien, para llegar a definir quiénes son los
ganadores de las elecciones, es necesario aclarar que criterio se aplica. Y, esto
es así, debido a la polarización a la que, el actual Gobierno ha querido llevar
a la sociedad catalana.
Llegados a este punto, y aunque la democracia
parlamentaria permite la formación de Gobierno sumando actas de diputados, no
menos cierto es la consideración de apreciar como ganadores de los comicios la
suma de votos recibidos en su totalidad por todas la formaciones políticas.
Por todo ello, es necesaria una participación electoral
muy activa. La urnas deben informar sin lugar a confusión si la sociedad
catalana está por la ruptura con el resto de España o por el contrario quiere
avanzar en las reformas necesarias que solucionen los problemas que actualmente
padecen, formando parte del Estado español. Las elecciones del 27-S no son unas
elecciones más que determinan la formación de un Gobierno para los próximos
años.
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