A raíz de este hecho, se abre un debate social, cuya conclusión, es la aprobación por el ministerio de Sanidad del decreto sobre garantías de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. “Este decreto nos va a permitir seguir avanzando en la consolidación de un sistema de trasplantes, como el que tenemos actualmente en nuestro país, en el que la gratuidad, el altruismo, la solidaridad y el interés público son los principios básicos sobre los que debe asentarse la labor de los poderes públicos, como vía para asegurar la máxima calidad y la máxima seguridad para todos los ciudadanos”.
* Este decreto, que traspone una directiva europea, contribuirá a seguir potenciando los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad y salvaguarda del interés público que inspiran nuestro sistema de donación y trasplante, líder a nivel mundial.
* En este sentido, se actualizan los sistemas de autorización y de acreditación de los centros con la puesta en marcha de un registro estatal, y se establecen sistemas de codificación, biovigilancia, inspección y control.
* El decreto autoriza los bancos (privados autólogos) de cordón umbilical, estableciendo requisitos muy exigentes para garantizar la máxima calidad y la información veraz a las familias, y previendo igualmente el acceso de cualquier enfermo que lo precise a las muestras que se almacenen en estos centros.
Recurso contra el Gobierno de Madrid
El pasado 23 de marzo, el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció a los medios, la aprobación de “bancos de depósitos privados de sangre de cordón umbilical”, con este decreto, se convertiría Madrid en la primera y única región española que aprueba una normativa para este fin.
La ministra Sanidad explicó, que su Departamento recurrirá "el decreto del Gobierno regional de Madrid sobre los bancos privados de cordón umbilical". Las razones que alega es que éste contiene "vicios de legalidad" y porque, según el informe del Consejo de Estado, también vulnera la normativa europea y no ha seguido el trámite de consultas pertinentes como la Agencia de Protección de Datos o el Ministerio de Sanidad.
De nuevo la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre (PP) provoca el enfrentamiento con el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.