La falta de agilidad para desarrollar el contenido de la Ley de Memoria Histórica, hace que familiares de personas desaparecidas por la represión franquista se dirijan a los tribunales de Justicia y soliciten su intervención en el cumplimiento de la Ley.
Así, la denuncia llega al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Cuyo titular es el juez más conocido y polémico de España. Baltasar Garzón.Que es una persona controvertida lo demuestra su permanente presencia en la vida pública, pero ello, no impide que en su curriculum destaquen los más importantes sumarios del mundo de la judicatura.
Indagando en su biografía valga esta pincelada. Desde que en 1988 tomó posesión como magistrado del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Ha instruido más de una veintena de causas contra la la banda terrorista ETA, entre la que destaca la causa contra los parlamentarios de HB José Mugurza e Iñaki Esnaola. Participó en 1992 en París en lo que ha sido el golpe policial más importante contra ETA, interrogando a los dirigentes de la banda terrorista Francisco Múgica Carmendía y Joseba Aguirre Erostarbe. En temas de narcotráfico ha dirigido “La Operación Nécora” y “La Operación Pitón”.
La sociedad en general nos preguntamos ¿un magistrado con este haber en su carrera qué ha hecho para que se tenga que sentar en el banquillo de los acusados? La respuesta: investigar las fosas de los desaparecidos del franquismo.
Obviamente, la querella la interpone el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Se le acusa de un delito de prevaricación.
Quiénes son: Manos Limpias se denomina así mismo como sindicato. Esta organización ultraderechista esta dirigida por Miguel Bernard, ex responsable de la formación Fuerza Nueva, que la fundó en 1995 bajo la premisa de que “allí donde existe un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo”.
El Tribunal Supremo, admite a trámite la denuncia y el juez Garzón, por tratar de aclarar dónde pueden estar los desaparecidos, es imputado.
Con independencia de las razones jurídicas; la determinación de Garzón u otros magistrados de seguir el cumplimiento de la Ley, ayudaría a muchos familiares a conocer dónde están los restos de su familia y poderlos enterrar decentemente.
Es posible que no cumpliera la ortodoxia, ya que, en 2008 el Ministerio Fiscal informó al Juzgado Central de Instrucción número cinco que no era competente y no procedía que siguiera admitiendo denuncias sobre fosas cuya existencia se presuponía en diversos territorios españoles. Esto, le obliga a renunciar a favor de los juzgados territoriales.
Pero ello, no impide que la Comisión Internacional de Juristas exprese mediante un comunicado su preocupación ante esta investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional y recuerda que "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto". La Comisión afirma haber informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las acusaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".
¡La mayoría de la sociedad española lo deseamos con entusiasmo!
Obviamente, la querella la interpone el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Se le acusa de un delito de prevaricación.
Quiénes son: Manos Limpias se denomina así mismo como sindicato. Esta organización ultraderechista esta dirigida por Miguel Bernard, ex responsable de la formación Fuerza Nueva, que la fundó en 1995 bajo la premisa de que “allí donde existe un delito debe haber alguien capaz de denunciarlo”.
El Tribunal Supremo, admite a trámite la denuncia y el juez Garzón, por tratar de aclarar dónde pueden estar los desaparecidos, es imputado.
Con independencia de las razones jurídicas; la determinación de Garzón u otros magistrados de seguir el cumplimiento de la Ley, ayudaría a muchos familiares a conocer dónde están los restos de su familia y poderlos enterrar decentemente.
Es posible que no cumpliera la ortodoxia, ya que, en 2008 el Ministerio Fiscal informó al Juzgado Central de Instrucción número cinco que no era competente y no procedía que siguiera admitiendo denuncias sobre fosas cuya existencia se presuponía en diversos territorios españoles. Esto, le obliga a renunciar a favor de los juzgados territoriales.
Pero ello, no impide que la Comisión Internacional de Juristas exprese mediante un comunicado su preocupación ante esta investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional y recuerda que "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto". La Comisión afirma haber informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las acusaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".
¡La mayoría de la sociedad española lo deseamos con entusiasmo!
