Sí, sí, ya sé que no todas las imputaciones son iguales.
Quiero decir, que en el mundo de la política estamos acostumbrados a pedir la
dimisión de los cargos públicos que llegan dentro de los procesos judiciales al
estado de imputados. Otra cosa distinta es que la presenten.
Esa actitud se mantiene debido al hecho en sí, de que estar
imputado no quiere decir que pases a ser procesado. Esto, ha quedado claramente
demostrado con el proceso judicial abierto sobre el “caso Nóos”. Por tanto,
hemos aprendido que la asimilación de imputado/da lo que hace es proteger al
afectado/da para que pueda aportar las pruebas necesarias que demuestre su inocencia.
Con lo cual, a partir de ahora debemos mantener la misma regla de medir para
todas las personas afectadas.
Ahora bien, respetando lo anterior, la estética de la
ética social cuando la persona imputada es la hija del Jefe del Estado, se
entra en una situación un harto difícil de digerir. Como es embarazoso procesar
que su Majestad el Rey, recibe una excelente herencia de su progenitor y que la
cuantía se encuentra en Suiza. Desconociendo los españoles si nuestro Jefe del
Estado, paga religiosamente los impuestos que le corresponden. Igual que
ignoramos la fortuna real que su Majestad después de los años de servicio al
Estado tiene acumulada.
Esta agrupación de cosas detectadas en un cargo elegido
por sufragio universal de los españoles, nos haría valorar si la claridad y
transparencia que ofrece a la sociedad que le paga, merece la confianza para
continuar en el cargo para el que ha sido designado.
En la configuración actual del Estado español, una
Monarquía parlamentaria hereditaria nos encontramos ante un hecho muy
complicado de solucionar.
Ante esta realidad, hay dos salidas: Clarificación total
y absoluta de todas las propiedades y fortuna del Rey y su familia, incluida la liquidación correspondiente al ministerio de Hacienda, o la ruptura
de la definición: La forma política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria.
La concatenación de hechos sucedidos de muy
diversa índole, no permiten al Estado de Derecho español aceptar un maquillado
de imagen del Jefe del Estado y pasar a la página siguiente.
