El pasado 30 de diciembre,
entro en vigor la nueva ley de Educación promulgada por el ministro Wert. Entre
sus apartados novedosos hay uno que ya se aplicará de inmediato: “los
profesores no universitarios tendrán consideración de autoridad pública”.
Cuando comience el curso
escolar después de la festividad de Reyes, directores y profesores, legalmente serán
`autoridad pública´.
Esta normativa a nivel
nacional, ya la tenían reconocida los profesionales de la educación en
comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla la Mancha, Asturias, Cataluña y
Comunidad Valenciana.
Se trata de un
respaldo legal en el ejercicio de la actividad docente que puede convertirse en
papel mojado, si no se mejora el contexto de trabajo de los profesores
afectados por unos recortes que están incrementando la conflictividad en las
aulas y empeorando la calidad de la atención que se presta a los alumnos.
Según los
sindicatos, si no se corrige el incremento del número de alumnos en clase, si
falta personal especializado para tratar los conflictos, y además, cuando un/a
profesor/a enferma no se le sustituye hasta pasados 15 días, el problema acaba
repercutiendo sobre los docentes, porque afecta al rendimiento de la clase.
`Aunque los
padres son conscientes de ello, al final, ante los recortes de las
administraciones, los centros y los equipos directivos son el único lugar al
que las familias pueden dirigirse para presentar su queja de por qué sus hijos
se han quedado sin becas de comedor o ayudas para libros´.
Inmaculada Suárez, coordinadora del Defensor del
Profesor del sindicato ANPE, afirma que el reconocimiento de la
autoridad del profesor/a quedará difuminada si las administraciones no la dotan
de contenido real. "Se tendrá
que dotar económicamente para que se puede llevar a cabo y desarrollar
plenamente la ley, en todo lo que contempla de asistencia legal al profesorado,
si no, servirá de poco".
Otros profesionales
con experiencia acumulada dicen que los problemas son otros: sirva de ejemplo,
la eliminación de la vía del bachillerato de artes escénicas, o la propia
asignatura de religión, donde un alumno forma un grupo para impartir esta
materia, mientras que para el resto de materias se necesitan 12 para configurar el
mismo grupo.
La conclusión a
la que podemos llegar es la siguiente: “si no se atiende la demanda real de los
profesionales, la nueva autoridad es un brindis al sol con el que comenzamos el
año 2014”.
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