Actividad intensa

La ministra de Vivienda, Carmen Chacón, no ha esperado a terminar el mes de agosto para desplegar una actividad aguda relacionada con la competencia que tiene asignada su Ministerio.

Así podemos evaluar los encuentros que ha mantenido con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego. Ambos, han presentado la guía de la Ley de Suelo y gobiernos locales, una publicación elaborada conjuntamente entre ambas instituciones que tiene como objetivo la divulgación y difusión de la nueva ley entre los ayuntamientos españoles. Asimismo, en una reunión previa, ambos responsables acordaron trabajar "codo con codo" en iniciativas que faciliten el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como en propiedad.
Igualmente se ha visto con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. En la mencionada reunión, los Agentes, “apoyan al Gobierno en su política de promoción de vivienda en alquiler para jóvenes”.
Y dentro del programa de actividades se ha reunido hoy con la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España (CJE) para conocer de primera mano sus opiniones sobre la situación del mercado de la vivienda y las dificultades que tienen los jóvenes para poder emanciparse. En el encuentro la ministra ha informado a los representantes de las líneas de trabajo que el Ministerio está impulsando para incentivar el mercado de alquiler.

Mucho se está comentando el contenido de esta nueva Ley. Donde queda recogido entre otras cuestiones el frenar la especulación urbanística. Este hecho, ha obtenido el mayor respaldo parlamentario de la democracia, al obtener todo el apoyo del arco parlamentario, con la única excepción del Partido Popular.

Y dentro del PP, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, pretendiendo hacer una lectura parcial e interesada del contenido de la Ley, decide presentar recurso, alegando que la norma estatal rebaja la reserva obligatoria de suelo protegido.

Carmen Chacón, asevera que dicha afirmación “falta a la verdad”. Así, en el punto sobre Bases del régimen del suelo (artículo 10 de la Ley de Suelo) se especifica que la reserva para vivienda protegida será "determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad prevista". Es decir, son las Comunidades las que pueden establecer el porcentaje que destinan a viviendas protegidas, pudiendo situarlo por encima de ese 30% mínimo que establece la norma estatal, pero nunca por debajo.

Ahora bien, es necesario señalar que de nada sirve que la CAM, dentro de las competencias que tiene conferidas en su Ley de Vivienda, reserve el 50% de suelo para vivienda protegida si luego el cumplimiento de la misma sólo alcanza al 18% de ejecución.
Y el cumplimento de ese mínimo 30% es el que se debería exigir a todas las administraciones públicas. Con ello, daríamos cumplimiento al artículo 47, de la Constitución.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.