Cumpliendo la Ley

Los acontecimientos del fin de semana, provocan hacer un alto en la publicación del programa de Getafe, para comentar la siguiente noticia:
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió no suspender la actividad de Acción Nacionalista Vasca (ANV) al entender que no tiene vinculación alguna con ETA-Batasuna.

Garzón, destaca que ningún dirigente de ANV aparece como imputado en la causa abierta a Batasuna, ni existen indicios de que hayan desarrollado actividades terroristas relacionas con ETA-Batasuna.

Partiendo de este axioma, se desarrollan las distintas reacciones y posiciones que me inducen a investigar distintos contenidos para publicar una anotación ajustada a la realidad.

Primero
Veamos quiénes son Acción Nacionalista Vasca: ANV nació en 1930 como una escisión socialdemócrata y laica del PNV, tuvo presencia en el Gobierno Vasco, tanto durante la guerra como durante el exilio, y participó en la creación de Herri Batasuna, formación de la que se desligó al inicio del proceso Batasuna. El presidente y el secretario general de ANV, Kepa Bereziartua y Antxon Gómez, explicaron que han presentado candidaturas en los comicios del 27 de mayo porque, a su juicio, la participación en democracia «de todas las sensibilidades políticas» es un «principio irrenunciable».

Debemos aclarar que los estatuto que dieron lugar al nacimiento de ANV en 1930 y a su legalización en 1977, incluyen un rechazo explícito de la violencia y el acatamiento de la Constitución.
Esto debió servir para recibir en 2001 un total de 684.298,12 euros del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, en concepto de restitución de bienes incautados en el franquismo, según datos de la Administración a los que tuvo acceso Europa Press.

Segundo
Las reacciones y afirmaciones políticas: El secretario general del PP, Ángel Acebes aseguró que el presidente del Gobierno tiene la obligación política, legal y moral de que Batasuna no esté presente en las próximas elecciones municipales en el País Vasco, bien sea a través de ANV o de las plataformas electorales. A su juicio, está en su mano la atribución legal para impedirlo porque, en caso contrario, España será el único país democrático que tiene terroristas en los ayuntamientos y que financia con sus impuestos a una banda terrorista.

El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, en un acto preelectoral en Pamplona, quiso recordar, de cara a las elecciones del 27 de mayo, que “la democracia tiene unas reglas”.
“Reitero y reafirmo que el Gobierno aplicará en su letra y en su espíritu, en todos sus términos, la Ley de partidos”, subrayó, “para que concurran a las elecciones solamente aquellos que respeten las reglas y el contenido de la Ley”, y “así lo hará el ministerio fiscal y la abogacía del Estado”.

Tercero
El análisis y desenlace: podemos apreciar que ANV, en sus estatutos rechazan la violencia y acatan la Constitución española. También vemos que el presidente Zapatero, está dispuesto a que todos los partidos que concurran a las elecciones, cumplan la Ley de Partidos Políticos, de junio de 2002.

El cumplimiento taxativo de la Ley, es la asignatura pendiente que los tribunales tienen que analizar. Dado que uno de los requisitos de la misma dice en su Artículo 9.
De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos.
Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:

c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

Esta es la clave de todo el proceso que se avecina. En las listas de ANV, están personas que anteriormente se han relacionado con partidos que no han condenado la violencia y por lo tanto, el cumplimiento de la Ley, exige esa corrección. A partir de ahí, la Justicia en un Estado de Derecho, tiene los mecanismos suficientes para indicar las necesarias enmiendas que se ajustan al cumplimiento de la Ley vigente.

Por lo tanto, debemos exigir al PP, serenidad y seriedad para que los tribunales puedan trabajar con la coherencia que un asunto de este calado exige. La sociedad no entenderíamos un comportamiento aventurero, cuyo único objetivo, sea crispar y agitar para hacer oposición al Gobierno.